Recorte de hasta 1.600 € en las ayudas de salud mental para el acceso a viviendas tuteladas

Cerca de una treintena de viviendas tuteladas de salud mental en la provincia de Alicante con unas 150 plazas están amenazadas en su actividad por el decreto del Consell del pasado mes de agosto que recorta la ayuda para este recurso cuando es gestionado por entidades privadas. Una fórmula que, según explican algunas de ellas, llevaba años utilizando la Generalitat para solucionar un problema de base como es completar la "insuficiente" red de viviendas públicas de salud mental.

Estos pisos son el paso intermedio entre un centro residencial, donde entran las personas que necesitan una mayor asistencia, y el propio domicilio si alcanza la autonomía necesaria en un proceso que ha de ser flexible para pasar de un recurso a otro ya que muchos usuarios precisan volver al piso tutelado cuando entran de nuevo en fase de crisis o necesitan apoyo.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana alerta de la reducción del importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema para ser atendidas en una vivienda supervisada de atención a salud mental pues hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales. Ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 euros como máximo, "lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos. Además, esta situación está impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona".

"Ponemos orden"

Sin embargo, desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad replican que se han incrementado las plazas para personas con trastorno de salud mental, mejorado las ratios y actualizado los precios. "Ni una sola persona ha abandonado ningún centro ni ninguna vivienda tutelada. Además, desde la administración pública garantizamos que nadie se queda sin servicio por motivos económicos y regulamos un sector muy privatizado, ponemos orden y garantizamos la atención de todas las personas. El trabajo de la Conselleria se centra en una reordenación del sistema que atienda a las necesidades de la administración y permita garantizar mejores ratios y una mejor atención de los pacientes".

Por ello, no comparten la visión de la patronal y de las entidades de un recorte en las prestaciones. "No es verdad que exista un recorte en la prestación. Cuando hablamos de reordenación, hablamos de parcelación de la ayuda a viviendas tuteladas: una parte va a la empresa para el pago del piso (los famosos 700 euros) y el resto, hasta llegar a los 2.300 (y dependiendo de la necesidad socioeconómica), queda en manos de la persona usuaria para que decida el tipo de tratamiento que quiera recibir durante su estancia en el piso tutelado. Por tanto, lo que ocurre es que la patronal deja de recibir 2.300 euros para gestionar la estancia de la persona usuaria, pasa a gestionar solo 700 por vivienda y el resto será gestionado por el usuario".

"Lo que ocurre es que la patronal deja de recibir 2.300 euros para gestionar la estancia de la persona usuaria, pasa a gestionar solo 700 por vivienda y el resto será gestionado por la persona usuaria"

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

"La acusación de recorte de la prestación solo es sostenida dentro del sector la parte de la patronal, sin apoyo por parte de sindicatos o de la federación del tercer sector (ongs). Si bien es legítimo que una patronal defienda tener más beneficios de su actividad empresarial, la obligación de la Conselleria es velar por el interés de la ciudadanía y unos servicios sociales en los que, al igual que en áreas como la sanitaria, debe prevalecer una filosofía que ponga en el centro de la acción social a la persona y su salud, no el beneficio de una empresa".

"Ha provocado el bloqueo del acceso al sistema porque la gente que está en viviendas tuteladas siguen necesitando estar y la que quiere entrar tiene el problema de verdad. No pueden acceder porque no tienen capacidad de pagar la diferencia"

José María Toro

— Patronal de Servicios a Personas Dependientes

Recortes

En cambio, el presidente de la patronal de Servicios a Personas Dependientes, José María Toro, destaca que, gracias al anterior sistema, se habían creado muchas plazas. En concreto desde septiembre 2015 habían abierto 107 viviendas de este tipo en toda la Comunidad "con éxito, y estaban funcionando gracias a la apuesta que había hecho la Conselleria. ¿Qué dice la administración cuando hablamos de recortes? Que no es así, sino que se hace compatible la vivienda con otros recursos como el asistente personal, al que hay que contratar y pagar un recurso. Es un despropósito porque en la vivienda tienes, para siete personas, una media de tres profesionales y medio".

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La ayuda no se toca a quienes ya están siendo atendidos en viviendas de este tipo pero a los nuevos que entren ahora solo se les darán los 715 euros, aseguran. "Ha provocado el bloqueo del acceso al sistema porque la gente que está en viviendas tuteladas siguen necesitando estar y la que quiere entrar tiene el problema de verdad. No pueden acceder porque no tienen capacidad de pagar la diferencia".

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"Después de muchos esfuerzos por conseguir una red asistencial que funcionaba muy bien, aunque se apoyara en la iniciativa privada ya que la pública es claramente insuficiente, ahora se la cargan y van a conseguir desmantelarla. Se olvidan del principio de igualdad universal y de libre elección de centro. Entorpecen la rehabilitación psicosocial, dejando fuera del sistema a muchas personas afectadas", explica Ignacio Mas, trabajador social de Integrament, entidad que en la Comunidad Valenciana gestiona una decena de viviendas de este tipo.

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Las entidades rechazan el decreto 102/2022 de 5 de agosto "que supone, de facto, la imposibilidad de acceder a una vivienda supervisada de salud mental a través del Sistema de Atención a la Dependencia. Apenas existen plazas públicas y, con este decreto, se reducen drásticamente las prestaciones que recibían las personas para acceder a una plaza. Solamente tendrán acceso aquellas personas que puedan aportar más de 1.600 euros mensuales".

En este sentido, señalan que el sistema está bloqueado desde agosto y "no hay voluntad de negociar" por parte de la administración; y que esta situación supone un freno en los procesos de rehabilitación psicosocial de las personas afectadas por problemas de salud mental y el colapso en los centros residenciales de media y larga estancia. "Además, es una discriminación y un grave perjuicio a las personas que no pueden acceder a las escasas plazas públicas, ya que, sin la prestación de la Ley de Dependencia, no podrán acceder a una plaza privada como hasta ahora". Asimismo, alertan de que algunas viviendas tendrán que cerrar. Ya hay una patronal que lo ha solicitado.

Condenadas a cerrar

"Con una ayuda de 700 euros mensuales, la vivienda tutelada supervisada no es viable porque con los gastos y el pago a los trabajadores las cuentas no salen. La propuesta de la Conselleria es que hagamos viviendas asistidas, que son de un mínimo de seis plazas, y algunas de las que tenemos no tienen capacidad para más de cinco para evitar conflictos y poder prestar una mejor atención. Están condenadas a cerrar".

"Con una ayuda de 700 euros mensuales, la vivienda tutelada supervisada no es viable porque con los gastos y el pago a los trabajadores las cuentas no salen. Están condenadas a cerrar"

Ignacio Mas

— Trabajador social

Actualmente en la Comunidad hay 2.542 plazas en diferentes recursos; 1.045 están en Valencia, 994 en Alicante y 553 en la provincia de Castelló. En 2015 había 1.708 plazas, la mayoría en la provincia de València. En su momento Igualdad reconoció que faltan plazas para estas personas y aseguraron que ese déficit se solucionará con el Plan Convivint de construcción de infraestructuras de servicios sociales.

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La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana también abunda en que el citado decreto 102/2022 de agosto ha cambiado otros aspectos del sistema de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana pues "limita el precio de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda".

"Al mismo tiempo, no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia. En cuanto a otras prestaciones, no exige que los profesionales se acrediten para la prestación de asistente personal, algo que si exige para las entidades. Esto parece discriminatorio, aparte de que va contra la calidad de los servicios que se ofrece. Las grandes dudas generadas por el proyecto de decreto de tipologías en recursos residenciales de mayores y de atención a la salud mental o de centros de día amenazan la viabilidad de la red de servicios que atiende a personas en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Valenciana".

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Ante el fracaso de las distintas reuniones con las diferentes direcciones generales y el perjuicio a las personas que necesitan contar con un recurso de este tipo, el sector celebró hace unos días una concentración en València ante la sede de la Conselleria para mostrar su rechazo y pedir las modificaciones necesarias para una adecuada atención en salud mental y dependencia.

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El cambio en el decreto, según las patronales, afectará también a las personas que accedían a estas viviendas tuteladas a través del PEI (Prestaciones económicas individualizadas) en lugar de a través de la ley de Dependencia. En estos casos, recibían los 2.350 euros de la plaza pero una vez hecha la valoración de dependencia, si es grado 1 se quedan con una única ayuda de 300 euros y les retiran la otra prestación al ser incompatibles. En estos casos "se tienen que ir a su casa" porque no pueden pagar la diferencia con lo que, entre unas cosas y otras, las viviendas se van quedando vacías.