Sanidad pagará la sedación de las mujeres que envíe a abortar a la privada

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha revisado y actualizado el protocolo de coordinación asistencial ante la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El objetivo es "continuar garantizando el acceso a esta prestación sanitaria financiada con fondos públicos en condiciones de equidad, así como impulsar estas intervenciones en centros de la red pública", dado que el 91% se realizan en centros privados concertados con Sanidad, que financia estas intervenciones. Otro objetivo de la medida es garantizar la gratuidad de la sedación aunque se realice en un centro concertado y "mejorar la atención global a la mujer en todo el proceso". Es decir, Sanidad pagará la anestesia de las mujeres que envíe a abortar a la privada, un procedimiento que hasta ahora se cobraba a las mujeres que pedían la sedación, con un coste de hasta 150 euros.

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La Comunidad Valenciana cuenta con una red compuesta por 81 centros de salud sexual y reproductiva (CSSR) que canalizan las solicitudes, asesoran a las mujeres sobre el método de interrupción voluntaria del embarazo más adecuado en cada situación, orientan sobre anticonceptivos y realizan un seguimiento post-interrupción de la gestación.

Desde estos centros de salud Sexual y reproductiva, como recoge el documento, las mujeres son derivadas a la sanidad pública de forma preferente para la realización del procedimiento. En caso de no poder realizarse, se remiten a las clínicas concertadas disponibles. Toda la atención inicial, asesoramiento, anticoncepción y seguimiento posterior se realiza en los citados centros.

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Los últimos datos consolidados se refieren al año 2021, cuando hubo 8.099 interrupciones voluntarias de embarazo en la Comunidad Valenciana. La tasa en mujeres de 15 a 44 años fue de 8,7 por mil. En términos generales, más del 70 % del total de estas intervenciones en la Comunidad Valenciana se sufraga con fondos públicos; el resto de casos son mujeres que acuden directamente a la red privada.

El protocolo expone además que, si es necesario iniciar la anticoncepción, se haga preferentemente con un método de larga duración, bien un DIU bien un implante según las circunstancias.

En este punto, se introduce la posibilidad de poner el DIU de forma inmediata en las clínicas concertadas, tras la intervención de la IVE quirúrgica, en los casos en que se cumplan los criterios. De este modo, se unifican los dos procedimientos en un mismo acto médico en beneficio del bienestar de la mujer.

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Respecto a la sedación, el protocolo establece que toda mujer que lo desee tendrá derecho a sedación independientemente de dónde se realice el procedimiento.

La actualización del protocolo detalla, además, los requisitos que deben cumplir los centros sanitarios de titularidad privada para poder realizar procedimientos de interrupción voluntaria de embarazo con sedación y los procedimientos que su personal ha de seguir.