Aumenta un 30% las peticiones de incapacidad permanente y la Seguridad Social rechaza el 70%

El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) está aplicando una política muy restrictiva en la concesión de incapacidades permanentes en el ámbito laboral. El año pasado aproximadamente el 70% de las demandas de este tipo planteadas por los trabajadores fueron denegadas en la provincia de Alicante. Es un dato parejo al conjunto de España y supone un ligero descenso respecto a las solicitudes aprobadas por el INSS en 2021.

Los expertos en Derecho Social y Derecho Laboral lo achacan a una línea sistemática y limitante establecida en los últimos años por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre los profesionales especializados a litigar con la Administración Pública por este tipo de expedientes existe la sensación de que la Seguridad Social rechaza "de forma automática" ocho de cada diez peticiones de incapacidad permanente que le plantean. Cuatro de los solicitantes asumen el dictamen sin más y de los otros cuatro dos recurren por la vía administrativa y aceptan la resolución, tanto si es favorable como desfavorable, y solo dos optan por emprender acciones legales ante los Juzgados de lo Social.

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Salud mental

Sin embargo, a raíz de la pandemia se han incrementado en un 30% las demandas de incapacidad permanente debido a que se han disparado las patologías por enfermedades de salud mental como depresiones y ansiedades crónicas, covid persistente y lesiones que se han visto agravadas por el virus. Y también han crecido en la misma proporción las demandas judiciales.

En el año 2000 el número total de incapacidades permanentes en la provincia de Alicante se situaba en 22.668 y en 2021 descendieron a 22.129. Dos décadas después, concretamente en septiembre de 2022 y según los datos oficiales del resumen de prestaciones de Protección Social, 23.151 alicantinos y alicantinas tenían reconocida la incapacidad permanente. Cifra que ha subido hasta las 23.230 personas a fecha 1 de enero de 2023. En función de estos datos el número de incapacidades laborales permanentes ha aumentado en 562 casos en los últimos 22 años. Pero para los expertos se trata de una «proporción engañosa» por la evolución demográfica, el incremento de la población activa y de la esperanza de vida unido al avance de la Medicina del Trabajo.

Prestaciones del 55% al 100%

Cualquier patología cronificada que merme la capacidad laboral de un trabajador puede ser susceptible de reclamación ante el INSS para que le sea reconocida una incapacidad permanente. La pérdida de un dedo, por ejemplo. Pero hay que diferenciar entre la total y la absoluta porque con la primera la prestación se queda en el 55% por término general mientras que en la segunda se cobra el 100%.

La incapacidad total se otorga cuando un trabajador, debido a una enfermedad o lesión, no puede seguir desarrollando su trabajo habitual pero sí otros. Con este grado de incapacidad laboral permanente se tiene derecho a una pensión mensual del 55% de la base reguladora porque, precisamente, tiene por finalidad que el pensionista pueda compaginar su situación con el ejercicio de un empleo compatible con sus dolencias, y así complementar sus ingresos.

Pero en el caso de la pensión por invalidez absoluta la prestación mensual ya asciende al 100% de la base reguladora, algo que es debido a que se considera que esa persona no puede llevar a cabo ningún tipo de trabajo con un mínimo de rendimiento, eficacia y profesionalidad.

No obstante hay excepciones porque la incapacidad absoluta puede ser compatible con algunos trabajos protegidos o muy adaptados; o incluso con el hecho de abrir un negocio donde el pensionista solo tenga la titularidad y haya otros trabajadores que se encarguen de las labores propias de la empresa.

Enfermedades emergentes

En este aspecto tampoco la Seguridad Social es muy proclive a reconocer que una incapacidad permanente total se ha terminado convirtiendo en absoluta. Para conseguirlo el interesado debe demostrar que su estado de salud ha empeorado al igual que sus limitaciones para poder desempeñar su trabajo. En tal sentido es esencial aportar informes médicos que lo confirmen. Pero también en este proceso la Administración suele aplicar unas directrices restrictivas. Una tendencia que va en sentido contrario de las nuevas enfermedades emergentes como el síndrome de sensibilización central en el que están englobados la fatiga crónica, la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad o sensibilidad electromagnética.

La afección de estas patologías están planteándose cada vez con mayor frecuencia en los tribunales, ante el rechazo frontal del INSS a reconocerlas como causas de incapacidad laboral permanente ni total ni absoluta. Sin embargo el equipo médico-jurídico de Tribunal Médico consiguió en el año 1996 la primera sentencia de España que reconocía el derecho a una prestación de incapacidad permanente absoluta por un caso de fibromialgia. Este centro, con sede en Barcelona y Madrid, es el único del país especializado exclusivamente en la defensa de los derechos de los trabajadores en materia de pensiones por incapacidad permanente, minusvalías, valoración de lesiones y sus consecuencias jurídicas. Uno de sus grandes logros ha sido encontrar una fórmula válida para cuantificar el sufrimiento físico. El dolor no se puede medir pero sí se puede comparar frente a valores normales mediante el empleo de sistemas biomecánicos. De este modo Tribunal Médico ha abierto una nueva vía en este tipo de procesos.

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Sensibilidad química y electromagnética

Mientras la fatiga crónica o la fibromialgia comienzan a ser más aceptadas por los tribunales médicos y judiciales, la hipersensibilidad electromagnética sigue siendo una enfermedad tan controvertida como incomprendida. La persona que la sufre experimenta síntomas negativos debidos a las tecnologías inalámbricas o dispositivos eléctricos como el wifi, las torres de telecomunicaciones, lo teléfonos móviles e inalámbricos o los campos magnéticos que generan las líneas eléctricas. Y algo parecido le pasa, aunque en menor grado, a quienes padecen sensibilidad química múltiple. Su tratamiento es muy complicado porque el afectado pierde la tolerancia a las sustancias químicas que están presentes en el medio ambiente y que, generalmente, sí son toleradas por el resto de personas. Suelen ser productos de limpieza y de laboratorio, gasolina, detergentes, perfumes, plaguicidas y monóxido de carbono, entre otros.

En ambos casos los síntomas suelen coincidir y abarcan desde los dolores de cabeza, el vértigo y el insomnio hasta la depresión, el cansancio, dolores de cabeza, agitación, irritabilidad, problemas de concentración, dificultades de aprendizaje, cambios de presión arterial, dolores en las extremidades y en las articulaciones, entumecimiento u hormigueo, pérdida de equilibrio y problemas oculares.

Este diario ha preguntado al INSS sobre esta problemática pero, de momento, no ha obtenido respuesta.

La Seguridad Social está cometiendo auténticas escabechinas

ALEJANDRO RUSIÑOL-DIRECTOR DE TRIBUNAL MÉDICO.COM

Quiere trasmitir un mensaje de esperanza a quienes sufren un enfermedad que les incapacita para trabajar pero no se atreven a litigar contra la todopoderosa Seguridad Social. Él lo tiene muy claro: «la Justicia es lenta pero implacable y cada vez hay más resoluciones a favor de los trabajadores».

Experto en Derecho Social, miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y director de tribunalmedico.com, el portal pionero en España y de cobertura nacional en la defensa de los derechos en materia de pensiones por invalidez permanente.

Alejandro Rusiñol se muestra muy crítico con la Seguridad Social. «La Administración está cometiendo en este ámbito auténticas escabechinas al denegar lo innegable a personas que demuestran una incapacidad permanente para poder trabajar». Por ese motivo él anima a quienes se encuentren en esta situación a luchar por sus derechos «porque la Seguridad Social también se sienta en el banquillo y los jueces están escuchando, cada vez más, a esos ciudadanos y atendiendo sus peticiones. Deben perder el miedo a denunciar y no arrojar la toalla en cuanto reciben un dictamen negativo de la Administración pero, eso sí, les aconsejo que busquen a profesionales del derecho especializados en estos temas que trabajen de forma conjunta con equipos médicos».

En el centro médico que dirige -con sedes en Barcelona y Madrid- los casos atendidos en los dos últimos años en la Comunidad Valenciana han crecido en torno al 25%. Tiene una doble explicación. Por un lado el INSS ralentizó de forma significativa su actividad durante 2020 y 2021 por las restricciones sanitarias de la pandemia y, por otro, «desde la Seguridad Social se cometieron enormes atrocidades al rechazar de forma sistemática casos de incapacidades permanentes incuestionables e irreprochables». Como ejemplo de esta situación Alejandro Rusiñol alude a los datos del centro que dirige. «Hasta que irrumpió el covid-19 conseguíamos un promedio del 73% de resoluciones favorables en los tribunales. Pero el año pasado ganamos el 86,6% de los casos y eso demuestra, a todas luces, las auténticas escabechinas que ha estado haciendo la Seguridad Social, rechazando peticiones completamente justas y basadas en informes periciales tan rigurosos como intachables», insiste.

La gente no quiere vivir de la pensión, quiere trabajar y sentirse útil porque no hay cosa que se precie más que la salud

También se muestra tajante al afirmar que «en las peticiones de incapacidad laboral permanente no existe picaresca por parte de los trabajadores. Si me apuras podemos hablar de 1 caso de cada 200, lo que supone un 0,5%. He estudiado cientos y cientos de casos y puedo asegurar que la gente no quiere vivir de una pensión, la gente quiere trabajar y sentirse útil. No hay cosa que se precie más que la salud y más todavía cuando por desgracia se carece de ella. Además -añade- la picaresca en estos temas la aplicaron en primer lugar algunos políticos para conceder incapacidades permanentes a personas que tenían artrosis en un dedo. De ese modo pasaban a ser pensionistas. Así ocultaban las cifras del paro real porque ya no figuraban en las listas del desempleo que tanta mala publicidad le da a los gobernantes. Y luego vino el Pacto de Toledo pero en fin...mejor centrémonos en lo nuestro».

La picaresca en estos casos no empezó con los trabajadores sino con los políticos para ocultar el paro real

Confirma Rusiñol que, por término medio, el 70% de las solicitudes de incapacidad permanente que se solicitan a la Administración obtienen un dictamen desfavorable. También estima que las solicitudes se han incrementado en torno al 30%, si bien el porcentaje de trabajadores que decide acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos sigue siendo muy reducido. «Muchos de ellos ni siquiera alegan cuando la Seguridad Social decide retirarle su prestación por incapacidad permanente», puntualiza.

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Profesiones de régimen general

Entre los casos de éxito alcanzados por su compañía para obtener la concesión de la incapacidad permanente absoluta, con una enfermedad común como única contingencia, figuran profesiones de todo tipo y de régimen general. Entre ellas hay cajeras y reponedoras de supermercado, administrativas, pasteleras, encofradores, profesoras, repartidores, concejales, conductores de autobús, enfermeras, empleadas del hogar, el jefe de una central térmica, programadores informáticos, carpintero, albañil, abogadas, auxiliares de clínica, operarios de mantenimiento de trenes, empleados de banca, vigilantes, teleoperadores, maestros, peluqueras, policías, profesoras de autoescuela, pediatras, celadores, arquitectos, traductores e incluso un administrativo de la Agencia Tributaria, un vendedor de cupones, el chófer de un diplomático y un matarife.