Dependencia en la provincia: Faltan casi 4.500 alicantinos por valorar

Un total de 4.481 alicantinos están pendientes de valorar por el servicio de atención a la dependencia para ser beneficiarios de algún tipo de servicio de ayuda o de prestación económica. Una cifra que ha caído ligeramente este mes tras el repunte en enero en las solicitudes, cuando había casi 400 más por resolver que en diciembre. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas destaca no obstante que los expedientes son menos de la mitad que hace tres años, cuando la lista de espera superaba las diez mil personas, pero lo cierto es que no se consigue bajar la barrera de los 4.000 peticionarios después de un año en que las demoras continuaron crecieron, descendieron y volvieron a repuntar.

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En cuanto a los beneficiarios que reciben algún tipo de prestación son 42.372 en la provincia frente a los 37.750 de hace un año. Hay 858 solicitudes nuevas y 429 a subsanar. Según la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, la demora va en función de los municipios y del funcionamiento de los equipos de base, de ahí que en algunas localidades sea inferior a los seis meses que marca la ley.

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Otras en cambio van con retraso, que ha cifrado en unos nueve meses, en todo caso muy inferior con respecto a los tres años de media de espera que había en 2015, gracias a que se ha realizado un "esfuerzo ingente en colaboración con los ayuntamientos para reducir esa lista de espera". Incluso ha destacado que algunos no tienen espera porque hay menos casos, "están más coordinados o tienen una atención más rápida".

En cuanto al caso de la ciudad de Alicante ha señalado que "hay un margen de mejora" tras conocerse que los trabajadores sociales, a través de su colegio profesional (Cotsa), han solicitado "amparo" al Síndic de Greuges ante el colapso de los servicios sociales de Alicante pese al refuerzo de personal tras el acuerdo firmado con la Generalitat Valenciana, que cofinancia la incorporación de casi 200 trabajadores con unos 9 millones de euros al año.

"Nosotros hacemos el papel que nos corresponde como administración autonómica, a través del contrato programa, es decir, aportamos el dinero para que los municipios contraten a ese personal y a partir de ahí cada ayuntamiento gestiona esa subvención en función de los criterios que quieren marcar. Marcamos el equipo mínimo que debe haber en una ciudad y de acuerdo a eso hacemos la estimación económica".

Desde este departamento recuerdan que, desde la legislatura pasada, el gobierno del Botànic ha ido incrementado la inversión social en los ayuntamientos y mancomunidades para que puedan contratar a más personas en la primera línea de servicios sociales, con lo que se ha pasado, ha dicho, de los 353 profesionales financiados en 2015 a ofrecer financiación para contratar hasta 4.115 profesionales para los equipos de intervención social de la atención primaria básica y específica de mancomunidades y ayuntamientos.

Esto, según Mas, supone multiplicar por diez de media en los ayuntamientos ese personal de servicios sociales, lo que permite una ratio de un trabajador social por cada 1.200 ó 1.500 ciudadanos, frente a la tasa de uno por cada diez mil vecinos de hace unos años. La vicepresidenta considera que ya no es tanto el momento de multiplicar como de consolidar y formar a los que ya están para una atención más próxima y más centrada, a la vez que para optimizar recursos.

Primaria básica

En la bolsa autonómica de trabajadores de Servicios Sociales hay profesionales de primaria básica, es decir, los que están físicamente en ayuntamientos para tramitar la dependencia o la renta valenciana de inclusión; y específica, más especializada, para atender a mujeres, migrantes, infancia o mayores. La provincia de Alicante tiene 1.088 de profesionales de primaria básica.

"Nosotros hacemos el papel que nos corresponde como administración autonómica, a través del contrato programa, es decir, aportamos el dinero para que los municipios contraten a ese personal y a partir de ahí cada ayuntamiento gestiona esa subvención"

Aitana Mas

— Vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas

La consellera ha anunciado este martes en Alicante una inversión este año de 775.000 euros para la formación de los profesionales de los centros y recursos que forman parte del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales (SPVSS).  Mas ha presentado la tercera edición del programa Formación de Atención Primaria (FAP) dirigido al personal de los servicios sociales de las entidades locales, fruto de la colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). 

Durante el acto, Aitana Mas y el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, han firmado el convenio entre ambas instituciones para el desarrollo de las actividades formativas del programa. 

En su intervención, la vicepresidenta se ha referido a la “potente transformación del modelo de servicios sociales” que surge de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, aprobada en 2019, y que se está desarrollando a través de unos decretos que constituyen una muestra de este “cambio imparable”. 

En esta transformación del modelo, Aitana Mas ha querido destacar el incremento del número de profesionales de los equipos de atención primaria, que son los que están más próximos al ciudadano. Pero si esto es importante, ha indicado, “igualmente lo es que cada profesional pueda impulsar también este cambio de modelo con los recursos formativos necesarios para adaptarse a la nueva normativa”, de manera que pueda atender las nuevas realidades y se implemente una mejora progresiva en la forma de intervenir.

Para conseguir esto, ha asegurado la vicepresidenta, es necesario “dotar al personal de las herramientas y los conocimientos más avanzados y adaptados a los nuevos tiempos”.

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Más formación para profesionales

Aitana Mas se ha referido a los “magníficos resultados” de las dos ediciones anteriores de los cursos celebrados gracias al convenio de formación con la FVMP, tanto por el número de acciones formativas como por la valoración de ellos que hacen las personas participantes. Para continuar afianzando esta iniciativa, este año “hemos aumentado hasta los 200.000 euros el presupuesto para el desarrollo del convenio”. 

Además de esta nueva edición con la Federación de Municipios, en 2023 se continúan complementando las acciones formativas para los profesionales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, a través de los convenios ya previstos con los colegios de Trabajo Social, Psicología y Educación Social, que ya empezaron en 2022 a ofrecer cursos de formación en base a acuerdos promovidos desde la dirección general del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales de la Conselleria de Igualdad. 

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La vicepresidenta ha anunciado que en 2023 se amplía “esta potente red de formación” con nuevos convenios y nuevos actores para promover cursos, como sindicatos, patronales como AERTE o LARES, y la plataforma del Tercer Sector. 

A esto se suma la mejora en la preparación de las futuras generaciones de profesionales a través de la nueva Cátedra Interuniversitaria del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, en cuya creación participan las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana.

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“Si hasta el momento con la FVMP hemos conseguido dar una formidable respuesta a las personas profesionales de la atención primaria, con este trabajo en red con tantos agentes activos en formación esperamos cubrir todo el mapa profesional para impulsar los principios de este nuevo modelo de servicios sociales”, ha concluido.