Suspendidos tres de los cuatros desahucios que habían movilizado a los vecinos de Carolinas en Alicante
En dos de los desalojos se ha conseguido un aplazamiento para negociar una alternativa y otro de los casos es consecuencia de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia

Vecinos protestando en el último desahucio ordenado en Alicante. / PILAR CORTES
Tres de los cuatro desahucios previstos para esta semana en la ciudad de Alicante y contra los que se había movilizado el Sindicat de Barri de Carolinas han quedado paralizados por parte de los juzgados que los habían ordenado. En uno de los casos, la paralización del desalojo es consecuencia de la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, mientras que en los otros dos, la medida se ha paralizado mientras se trata de negociar alguna alternativa para los desalojados. Solo se mantiene el desahucio previsto para este viernes de una mujer y sus tres hijos, donde el colectivo ha convocado una concentración para tratar de frenarlo.
El primero de los desahucios ahora suspendidos estaba señalado este lunes a primera hora de la mañana. Según ha informado el Sindicat, Rafael, María y sus tres hijos viven en una casa que perdieron a raíz de una ejecución hipotecaria con el Banco Sabadell. Se ha conseguido que el juzgado les permita acogerse a la moratoria en virtud del Real Decreto 20/2020 del 27 de diciembre, que permite la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, hasta el 30 de junio.
El segundo de los desalojos estaba previsto este martes, el de Meriem y su hija menor. Meriem y su marido alquilaron su vivienda actual a un particular hace más de 12 años. Cuando el propietario no pudo seguir pagando la hipoteca, la propiedad pasó a manos de Bankinter, pero llegaron a un acuerdo y se mantuvo el contrato de alquiler. "Tiempo después, el marido de Meriem falleció, dejándoles como única fuente de ingresos una pensión de viudedad. Posteriormente, la propiedad pasó a manos del fondo buitre Intrum Spain Real State SLU y así comenzó el acoso inmobiliario que está a punto de dejarlas en la calle, indicaron las mismas fuentes. En este caso, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de momento queda pospuesto el desahucio, aunque el trámite judicial puede retomarse en cualquier momento una vez que se desconvoquen los paros.
Para el miércoles 22 de febrero, estaba previsto el desalojo de Antonio y su familia, que tiene reconocida la situación de vulnerabilidad. El hombre tiene dos hijos a su cargo, uno de ellos con un grado de discapacidad del 69%,. La familia también perdió su casa a raíz de una ejecución hipotecaria con el Banco BBVA. "Tras la acción del pasado viernes en la oficina de la calle Alfonso el Sabio de esta entidad bancaria, han paralizado la demanda y se está negociando la renovación del alquiler social", indicaron desde el Sindicat.
Por el momento se mantiene el desahucio previsto para este viernes 24 de febrero. "Se trata de Zoulikha y sus tres hijos, uno de ellos menor. Se enfrentan a un desahucio por la rescisión de su contrato de alquiler por parte del fondo buitre Colba Directorship SL", indicó el Sindicat que mantiene la concentración frente a su casa en calle Benilloba, 41.
Valoraciones
“Cuando la Justicia y las fuerzas policiales actúan como una fría maquinaria al servicio de la concentración de riqueza en pocas manos, solo la presencia de la ciudadanía puede dar más tiempo a estas familias para que se encuentre una solución”, señalaba un portavoz del sindicato cuando se convocaron las acciones de protesta para evitar los desalojos. "A pesar de la existencia de una moratoria de los desahucios hasta finales de junio, los jueces no están admitiendo los recursos de amparo presentados por las familias afectadas de desahucio, pese a cumplir todos los requisitos y carecer de una alternativa habitacional. A la inexistencia de un parque de vivienda público, con listas de espera colapsadas, unos precios de alquiler desbocados, y a la pérdida salarial por la inflación, se les suma un aparato judicial a todas luces insensible, fuerte contra el débil y débil contra el fuerte, que está condenando a Rafael, Meriem, Antonio y Zoulikha y a sus respectivas familias a vivir en la calle", recalcaron desde el colectivo, motivo por el que se invitaba a participar en las concentraciones. “La moratoria antidesahucios se está demostrando insuficiente, no nos queda otra que seguir con la lucha en la calle, organizando a los vecinos, parando desahucios, pero sobre todo exigiendo una Ley de Vivienda que realmente sirva para garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna", aseguraron.
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