Los vecinos del Puerto de Alicante reclaman coherencia al PSOE sobre los macrodepósitos

Los vecinos de Gran Vía Sur siguen mostrando su rechazo a los macrodepósitos de diésel en el Puerto de Alicante. Un rechazo que también ejemplificaron la pasada semana los tres grupos de izquierda con representación en el Pleno municipal: PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Ahora, los vecinos reclaman a los socialistas a nivel estatal coherencia con la postura del Consell y de su alcaldable por Alicante, Ana Barceló.

José Santamaría, portavoz de la asociación de vecinos Gran Vía Sur, ha considerado que la actuación ha sido "desproporcionada": "Aunque el Tribunal Constitucional se haya declarado en contra de esa cautelar no entendemos que el grupo local socialista diga que se opone al rechazo y lo que está haciendo el PSOE [de Pedro Sánchez] es una defensa atroz para que el proyecto siga adelante y sea defendido".

El representante vecinal ha considerado la situación "una paradoja" y ha añadido que desde la asociación les parece "una incoherencia y un postureo político". De esta manera, ha reclamado al Gobierno central que escuche a sus compañeros de partido en Alicante y la Comunidad Valenciana.

Prohibición impulsada por el Consell

La Generalitat Valenciana consiguió la pasada semana que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión cautelar que recaía contra el artículo de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que se incorporó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos de 2021 para impedir la construcción de los macrodepósitos para almacenar y mover combustible en el puerto de Alicante.

La paralización entró en vigor de manera automática hace unos cuatro meses tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, con la firma del presidente Pedro Sánchez, contra la decisión del Botànic de legislar para establecer que no se pudieran levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a menos de mil metros del casco urbano, contados desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más cercana de suelo residencial, dotaciones educativas o sanitarias y suelo de uso terciario especial.

De esta forma, la Generalitat trató de intervenir para frenar un proyecto sobre terrenos portuarios, con hasta 18 macrodepósitos según el diseño inicial, que también rechaza la ciudad de Alicante, desde los vecinos hasta el Ayuntamiento en bloque. Por ahora, el freno a los macrodepósitos vuelve a estar vigente, a la espera de conocer la decisión del Tribunal Constitucional sobre el fondo del recurso promovido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.