Los regantes de Alicante reciben el primer trasvase con recorte del Tajo

El recorte del trasvase del Tajo-Segura alcanza desde este mes de marzo plenos efectos, lo que que supone para los agricultores de la provincia de Alicante recibir tres hectómetros cúbicos menos de agua. Así lo ha establecido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la entrada en vigor, el pasado 11 de febrero, del Real Decreto 35/2023 por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones del Segura, Tajo y Júcar.

Durante el pasado mes de febrero el caudal detraído para riego y abastecimiento urbano en el campo alicantino alcanzó los 2 millones de metros cúbicos de agua. Pero en marzo se va a incrementar hasta los 3 millones, y esa cantidad se mantendrá hasta que en enero de 2026 el Gobierno de España cierre prácticamente el grifo.

Cabe recordar al respecto que para el actual año se ha fijado la cantidad de 7 metros cúbicos/segundo de caudal ecológico; en el año 2026 subirá a 8 metros cúbicos/segundo y en el año 2027 alcanzará el techo de 8,65 metros cúbicos/segundo. En total 105 hectómetros cúbicos menos de agua al año, lo que supone dejar sin recursos hídricos a más de la mitad de la zona de regadío del sur de Alicante.

No hay que olvidar que el trasvase del Tajo-Segura distribuye en Alicante, Murcia y Almería 200 hectómetros cúbicos anuales de agua para riego y 100 para abastecimiento urbano. El 35% se consume en la provincia de Alicante y se beneficia toda la Vega Baja y también los municipios de Alicante, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel entre otros.

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Aunque la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) no se ha reunido todavía, se confirman las previsiones de meses anteriores y la situación para marzo es de normalidad hidrológica nivel 2. Por ello, en aplicación de la Regla de Explotación, se procede realizar automáticamente un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este mes tal y como ya se hizo en febrero.

En consecuencia, se garantiza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 27 hm3 para el mes de marzo de 2023. 

Según fuentes del Ministerio, la situación de normalidad hidrológica podría mantenerse hasta el mes de junio inclusive. Sin embargo desde la Generalitat Valenciana se vuelto a señalar que "la situación de normalidad hidrológica no justifica un caudal ecológico arbitrario".

Por su parte los regantes han querido puntualizar que se trata de una aprobación automática. "El nivel 2 es un envío directo, de 27 hm3, que no necesita ningún acuerdo ministerial. Al reunirse la Junta de Explotación para analizar los datos y levantar el acta de ellos, la orden es automática y en el mes de marzo también toca mandar 27 hm3", ha puntualizado Ángel Urbina, portavoz de los usuarios del Tajo-Segura en la provincia de Alicante.

Según las estimaciones realizadas por las comunidades de regantes, a 28 de febrero de 2023 los envíos aprobados desde meses atrás eran de 77 hm3. El Gobierno empezó a trasvasar agua el 6 de febrero y hasta la fecha indicada solo había transferido 25 hm3. Por lo tanto, la provincia de Alicante sigue pendiente de recibir 52 hm3.

Asimismo las existencias a las 0 horas del día 1 de marzo de 2023 han sido de 724 hm3, por lo que las existencias efectivas -que son las reales menos el caudal aprobado y pendiente de enviar- alcanza los 672 hm3.

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"La realidad es la que es y, digan lo que digan los políticos, los regantes ya vamos a perder 3 hectómetros cúbicos de agua al mes -36 hectómetros cúbicos anuales- desde el día siguiente a que se publicara la desastrosa medida del Gobierno central. Los datos están ahí, se pueden comprobar, y lo que demuestran es que se está arrojando más agua al río", lamentaba Urbina, regante y portavoz de los afectados, asegurando que "esos 3 hectómetros cúbicos van a salir de los embalses de Entrepeñas y Buendía -entre Guadalajara y Cuenca- para regalarle el agua a Portugal, y así dispondrá de menos agua el Trasvase del Tajo-Segura y los regantes engañados de Castilla-La Mancha, que todavía no saben lo que les espera".

Además, a su juicio a partir de mayo el campo de la Vega Baja podría comenzar a sufrir las "calamitosas consecuencias" de esta situación. "Los embalses se irán vaciando poco a poco y en la próxima primavera nos enviarán menos agua", advierte.

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Recurso de la Generalitat Valenciana

Sobre las nefastas consecuencias que la medida traerá a la provincia de Alicante, también se ha hecho eco la Abogacía de la Generalitat Valenciana en el recurso contra el recorte del trasvase aprobado el viernes en el pleno del Consell celebrado en Orihuela.

En concreto, los letrados aluden en su alegato sobre los impactos fundamentales derivados de la reducción del trasvase Tajo-Segura si el caudal ecológico se sitúa por encima de los 7 metros cúbicos/segundo. Algo que, según denuncian los agricultores de la provincia, ya se esta produciendo.

En concreto, sobre los regadíos se indica en el recurso que "la disminución de la actividad económico alcanzará los 232 millones de euros al año, valor que supone el 0,6% del PIB en la demarcación de la Cuenca del Segura. Y el total de empleo afectado, de forma directa o indirecta, estará en torno a los 8.060 trabajadores en el mismos ámbito territorial".

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En lo concerniente al abastecimiento hídrico de las poblaciones, el documento que se elevará en un plazo máximo de dos meses al Tribunal Supremo apunta a un incremento de los costes de 16 millones de euros anuales, "de los cuales 13,5 millones de euros corresponderían al ámbito de la demarcación del Segura y 2,5 millones de euros al resto de demandas de abastecimiento servidas desde los sistemas de la Demarcación del Segura pero ubicadas en su ámbito territorial".

También incluye en su recurso la Abogacía General de la Generalitat Valenciana el impacto que el recorte del trasvase tendrá para el valor patrimonial de las superficies regables. En este sentido estima pérdidas por valor de 485 millones de euros. Y ello derivado de la modificación del carácter de riego a secano, en virtud del informe de 2021 sobre la valoración jurídica y patrimonial de las medidas relativas al caudal ecológico y explotación de embalses del trasvase Tajo-Segura en el tercer ciclo de planificación hidrológica.

Asaja y Uepal

La organización agraria Asaja-Alicante y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ya venían advirtiendo, desde el año pasado, sobre el desplome económico que sufrirá el sector agrícola de la provincia con la entrada en vigor del calendario estatal, que irá aumentando el caudal ecológico del Tajo hasta los 8,65 m³ por segundo en un plazo de cuatro años. Asaja y Uepal alertaron de que a los empleos perdidos habría que sumar una pérdida de patrimonio agrícola cifrado en cerca de 6.000 millones de euros, derivado de las cerca de 30.000 hectáreas que van a pasar a barbecho o secano por la falta de agua. Algo que va a dar lugar a una nueva batalla jurídica por la reclamación de indemnizaciones millonarias al Ministerio para la Transición Ecológica.

Hace dos semanas el comité ejecutivo y la junta directiva de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), reunidos por primera vez desde su nueva constitución en la sede de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha del Río Segura, incidió en la necesidad de frenar “los ataques al trasvase Tajo-Segura y a su cierre definitivo antes de enero de 2026, para lo que será necesario que la sociedad de la provincia de Alicante constituya una plataforma cívica y empresarial que dé respuesta a la situación de marginación que genera este tipo de decisiones desde Madrid, sin contar con los territorios afectados”, según manifiestó el presidente de la entidad, César Quintanilla. 

Para los miembros de UEPAL, el sector agroalimentario de la provincia y de la Región de Murcia debería ser protegido como “sector estratégico”, puesto que su desmantelamiento puede generar una crisis y una dependencia alimenticia de primer orden para España.