La jurisprudencia legitima a la Diputación de Alicante para recurrir el plan del Tajo

La Generalitat Valenciana mantiene que Mazón no tiene competencias en la materia pero una sentencia del Tribunal Supremo permitió a la Corporación Provincial de Huesca alegar contra el Plan Hidrológico del Ebro en 2019

Los agricultores protestando frente el Palacio de la Moncloa el día en el que se aprobó el plan hidrológico del Tajo-Segura.

Los agricultores protestando frente el Palacio de la Moncloa el día en el que se aprobó el plan hidrológico del Tajo-Segura. / CARLOS LUJÁN

Pérez Gil

Pérez Gil

La afirmación del Gobierno valenciano sobre la falta de competencias de la Diputación Provincial de Alicante para recurrir el plan hidrológico que regula el trasvase Tajo-Segura ofrece serias dudas. Existen precedentes jurisprudenciales que contradicen la versión en la que se ha basado el Consell para rechazar el ofrecimiento del presidente Carlos Mazón a Ximo Puig, que le ha propuesto formar un frente jurídico común en el recurso contencioso-administrativo contra el controvertido plan hidrológico aprobado por el Gobierno central que supone un recorte de los caudales trasvasados del Tajo al Segura.

Aluden los juristas a la sentencia del Tribunal Supremo 1224/2019, de 11 de abril, en la que se reconoció a la Diputación Provincial de Huesca legitimación para recurrir el plan hidrológico de la demarcación del Ebro, tomando como referencia las competencias en asistencia a municipios en la prestación de sus servicios públicos y la tutela de los intereses socioeconómicos provinciales.

Las comunidades de regantes de la provincia de Alicante insisten en la necesidad de que el recurso sea apoyado por todos y siga la misma línea argumental. "Este asunto es trascendental y no puede ni debe haber discrepancias porque nos jugamos el futuro de la agricultura de buena parte de nuestra provincia", ha indicado el portavoz Ángel Urbina recordando que en la alegaciones al Consejo de Estado "el resultado fue bastante aceptable porque hubo cierto acuerdo conjunto, aunque no se quiera reconocer ahora por las mezquindades propias de la política entre los diferentes partidos".

Se refiere en concreto al hecho de que el Consejo de Estado diera luz verde a la aprobación de la revisión de los Planes Hidrológicos en los términos que quería el Ministerio de Teresa Ribera, pero también incluyese críticas y salvedades a su actuación, así como una clara defensa del trasvase del Tajo-Segura por los daños que ocasiona incrementar el caudal ecológico para detraerlo de los envíos a los regantes de Alicante, Murcia y Almería. El dictamen del Consejo de Estado realizó el 19 de enero de 2023 varias observaciones que, aunque no son vinculantes, fueron tenidas en cuenta como requisito previo antes de que los planes hidrológicos fueran elevados al Consejo de Ministros, en el que se aprobaron cinco días más tarde. Concretamente el 24 de enero de 2023 siendo publicado el real decreto el 10 de febrero de 2023.

"Todo ello debe hacer reflexionar a los responsables del Gobierno de la Generalitat Valenciana para que se dejen de egos y pongan en común su recurso legal con la Diputación de Alicante para intentar revertir la chapuza hidrológica que ha realizado el Gobierno de España sin ningún criterio técnico ni científico", ha añadido Urbina lamentando que "ahora que solo nos queda ya apelar de la Justicia, tras el fracaso que han supuesto las negociaciones políticas, resulta que no somos capaces de ponernos de acuerdo en preparar juntos el recurso del que depende en futuro de miles de familias alicantinas".

Lo cierto es que el desencuentro político entre el Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante ha indignado a los regantes del Tajo-Segura. «Es vergonzoso que pasen estas cosas porque lo que necesitamos es que todos los políticos de las Comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia y la Diputación de Alicante se pongan de acuerdo en los procedimientos legales para defender el trasvase. Cualquier divergencia será utilizada por el Gobierno de España para seguir adelante con un recorte de agua que acaba con el futuro de nuestra agricultura", advirtió el portavoz de los regantes cuando la Generalitat Valenciana rechazó la oferta de colaboración de la Diputación de Alicante para unificar la estrategia de defensa del trasvase Tajo-Segura

El propio Carlos Mazón Mazón admitió haberse quedado "sin palabras" ante la negativa de Puig para “sumar fuerzas” en los recursos contencioso-administrativo contra el aumento de los caudales ecológicos del Tajo.

“Yo pensaba que defender el agua no era ni de izquierdas ni de derechas, ni competencia de la Generalitat o de la Diputación, sino que era un asunto para ir todos juntos y así lo estoy trabajando y ofreciendo con la mejor de las voluntades, aunque se ve que para Puig esto no es así”, censuró el presidente de la Diputación.

Unas palabras que tuvieron contestación por parte de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano. Aitana Mas señaló que la propuesta de articular una estrategia jurídica común contra el recorte del trasvase Tajo-Segura es una decisión que responde más a un "marco electoralista" que a otra cosa. "Y no deja de sorprenderme porque las competencias recaen sobre el Consell y no hay un mayor recurso que el vamos a interponer", puntualizó  calificando la propuesta del responsable de la Diputación de "incongruente" y "fuegos de artificio" tras instarle a "preocuparse por su plan de inversiones que solo llega al 4%".

Mientras tanto el equipo jurídico de los regantes sigue preparando el recurso contra el Plan Hidrológico del Tajo que deberá presentar ante el Tribunal Supremo el próximo 10 de abril como fecha máxima.