La patronal de residencias de mayores exige que se desbloquee el acceso al sistema de salud mental y dependencia

La patronal de residencias de mayores reclama que "desbloquee de manera inmediata" el acceso al sistema de atención a la salud mental y la dependencia y facilite la "ayuda suficiente" a cada persona que precise ser atendida. Aerte critica que el decreto 102/2022 de Agosto de 2022, que recurrió, reduce las ayudas para las personas con problemas de salud mental que quieren acceder a una plaza en una vivienda tutelada, y también limita la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores, lo que provocará que aumente el copago.

Desde la Generalitat recuerdan, por su parte, que ese decreto modifica el decreto de reconocimiento del grado de dependencia y acceso al sistema público de servicios y prestaciones sociales, el decreto 62/2017, que también fue recurrido por la patronal y obtuvo el visto bueno del Tribunal Supremo en noviembre de 2022.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha asegurado que en las plazas públicas, concertadas o contratadas con la Generalitat "no va a suponer nunca un incremento, sobrecoste o copago para las personas que vayan a acceder a estos recursos".

Según Mas, las empresas privadas, en lugar de "crear alarma social", deberán "dar explicaciones a sus clientes sobre si van a repercutir el incremento de la calidad de los servicios en el usuario o si van a hacer una esfuerzo de bajar sus beneficios empresariales".

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"Entiendo las reticencias empresariales porque van al corazón de sus beneficios empresariales frente aun modelo de calidad de servicios -ha señalado-. La administración debe mediar por los intereses de las personas usuarias de los recursos y esto quiere decir dignificar también las atenciones que tenemos".

Mas ha añadido que no conoce ninguna persona usuaria que esté "en contra de que se duplique el personal de atención" y ha indicado que muchas de las medidas sirven para mejorar, tras la pandemia, un servicio público "que se había quedado obsoleto".

La patronal de residencias organizó una protesta ayer en València donde aseguró haber reunido a más de 700 personas frente a la Conselleria y afirma que "no se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo está haciendo, sino porque les parece caro".

En un manifiesto leído durante la protesta destacaron que para que las personas con problemas de salud mental sean una "verdadera prioridad" se les debe ofrecer los "apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitación psicosocial adecuado".

Recuerdan que en este contexto se ha desarrollado en los últimos años en la Comunidad Valenciana una red de viviendas de apoyo en salud mental y, desde septiembre de 2015, se han generado 107 nuevos espacios debido al fomento de la propia Conselleria y a las ayudas puestas a disposición por la misma.

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Según explican, desde agosto de 2022 Igualdad ha reducido los importes de ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda, "argumentando que hay otros servicios compatibles para apoyarlos y desconociendo que el personal que hay en las viviendas está para ofrecer ese servicio, como han venido haciéndolo hasta ahora".

"Esto está provocando el bloqueo del acceso al sistema", denuncia esta patronal, que explica que las trabajadoras sociales de los hospitales o de los municipios no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestación que le ofrece no cubre el importe de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia.

Según la patronal de residencias, "solo pueden permitírselo las personas con gran capacidad económica y esto no es justo. El sector quiere atender a las personas en función de su necesidad, como venía haciendo hasta ahora, y no del dinero que tienen, pero la nueva regulación no lo permite".

Añaden que con el decreto 102/2022 también se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores, ya que solo pueden acudir con una prestación vinculada de garantía a los centros cuya tarifa es inferior a las del coste de referencia que marca la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

"Además, esto impide que puedan recibir los servicios opcionales o añadidos, como una habitación individual, pues no pueden pagar nada más", según Aerte, que indica que han sido más de 100 residencias las que han informado a la Conselleria de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitación.

Según la patronal, tras el estudio de la memoria económica que acompaña la tramitación del nuevo decreto, "observamos que el incremento de las ayudas previsto es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos, lo que provocará que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias".

"Esta situación puede provocar que muchas personas tengan que abandonar estos centros por la incapacidad de hacer frente a las nuevas tarifas", concluye.