El recurso del Consell alerta del impacto económico irreversible del recorte del trasvase Tajo-Segura

La reducción del agua del trasvase Tajo-Segura tiene un impacto desproporcionado y de efectos irreversibles desde el punto de vista económico, social y ambiental para la cuenca hidrográfica. La mejor alternativa desde el punto de vista económico y social es la de mantener el trasvase con un caudal ecológico de 7 m³/s en Aranjuez. Así lo indica la Abogacía General de la Generalitat Valenciana en uno de los alegatos de peso del recurso contencioso-administrativo que este miércoles presentará ante el Tribunal Supremo.

En la apelación también hay referencias a la reiterada jurisprudencia en la que se expone que el establecimiento de caudales ecológicos debe configurarse “con el menor detrimento posible de los existentes derechos de uso del agua”. Es decir, en su fijación deben acogerse criterios de proporcionalidad e intervención mínima, de modo que las posibles restricciones a los derechos de uso ya existentes sean los menores posibles.

Son dos de los puntos repasados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, durante la reunión mantenida con los representantes de las comunidades de regantes de la Comunidad Valenciana para informarles sobre el recurso en defensa del Tajo-Segura y de la solicitud de medidas cautelares. Y ello con el objetivo de evitar que el incremento del caudal ecológico aplicado por el Gobierno suponga un recorte de los aportes hídricos que llegan a la provincia de Alicante.

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Un documento de 60 páginas que el Consell presentará este miércoles por vía telemática ante el Tribunal Supremo tres semanas antes de que se cumpla el plazo para recurrir, fijado para el próximo 10 de abril.

El encuentro, al que también ha asistido la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, "pone nuevamente de manifiesto la sintonía entre los agricultores y la Generalitat a la hora de unir sus esfuerzos y coordinarse en las acciones encaminadas a garantizar agua para siempre", se ha indicado desde el gabinete de Ximo Puig.

En este sentido representantes del Sindicato de Regantes han mostrado su "satisfacción" por el recurso que va a presentar la Generalitat al "recorte político" del Tajo-Segura y han celebrado que ven a la administración valenciana "muy convencida" de plantar cara a la decisión "no justificada por ningún informe" del Ministerio de Transición Ecológica.

Así lo ha indicado el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Javier Berenguer, destacando que la Generalitat les está apoyando "al 100%" y poniendo en valor que estén trabajando "conjuntamente" en "contrarrestar una medida que ya ha puesto en marcha el Gobierno de España", y que supondrá un "desastre para la agricultura del sureste".

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A su juicio "por parte del Gobierno se ha utilizado políticamente una subida de caudales que no está justificada por ningún informe" y ha asegurando que a este recurso contencioso administrativo se sumarán "gobiernos y diputaciones".

Preguntado específicamente por la Diputación de Alicante, Berenguer ha señalado que ha visto un "rifirrafe" entre Diputación y Generalitat pero ha rechazado "entrar en política. Ellos tienen que valorar, están preparando su recurso por su cuenta y no sé de qué forma lo harán jurídicamente, entiendo que cada uno hará lo que mejor le convenga", ha agregado.

Por último el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha señalado que la Generalitat está "defendiendo a los agricultores, como no podía ser de otra forma" y se ha posicionado en contra de un Ministerio que "nadie entiende por qué ha llegado a esta decisión".

Precios de hortalizas disparados

A la reunión también ha asistido José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, para quien “es importante pedir medidas cautelares ante la previsión de daños irreparables que se pueden ocasionar. Y prueba de ello es que los precios de hortalizas de invierno como alcachofas o brócolis están disparados a consecuencia de la falta de agua del otoño pasado, cuando por decisión de la ministra se cortó el trasvase durante cinco meses, con reservas para trabajar y poder cultivar". Por eso exige garantías para seguir cultivando con normalidad. "Es absolutamente fundamental para los agricultores y la sociedad”, ha subrayado.

Andreu también considera “urgente y necesario que exista un compromiso real y contundente, por parte de todos los representantes y dirigentes políticos, en relación al recorte del trasvase Tajo-Segura a través del aumento gradual de los caudales ecológicos, un hecho que se ha realizado sin criterio técnico y que tanto daño puede ocasionar a nuestro sector agrario y a miles de familias que dependen de esta actividad como principal sustento”. 

No obstante desde Asaja-Alicante se echó en falta una defensa más firme en este asunto por parte del Consell mientras los agricultores se manifestaban en Madrid y alzaban su voz antes de que se aprobaran los planes de cuenca.

"Nuestra asociación ha reivindicado y advertido su disconformidad a la hoja de ruta que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez para liquidar el acueducto del Tajo-Segura". Una decisión que el dirigente de la entidad agraria considera unilateral y que compromete muy seriamente, no solo la mayor producción hortofrutícola de Europa, sino el futuro de otros sectores como el turístico y el empresarial de la provincia de Alicante.

Sobre todo, tal y como apunta Andreu, por la incertidumbre que generará la no disponibilidad de agua de calidad a un precio asequible. "Un escenario al que nos abocará la desalación o a cualquier tipo de promesa o alternativa que no genere certidumbre en el sector primario".

Vulneración del buen gobierno

El recurso de la Generalitat Valenciana ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que legitima el recorte de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura se fundamenta en la vulneración, por parte del Gobierno de España, de los principios recogidos en el ordenamiento jurídico de "buen gobierno, seguridad jurídica, confianza legitima, lealtad institucional, transparencia e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones".

Así se advierte en el informe del recurso concluyendo que: "todos estos principios se encuentran al amparo del artículo 9.3 de la Constitución, por lo que podría dar lugar a una nulidad de todo lo actuado a nivel procedimental".

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La argumentación legal en la que se basa el Consell en su recurso incide en que hubo un primer texto de la disposición adicional novena del Real Decreto 35/2023 que se debatió y votó en el Consejo Nacional del Agua en noviembre de 2022, remitiéndose posteriormente un segundo texto con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado que no fue sometido previamente a los principios de participación y concertación. "Por ello entendemos que el Real Decreto no se ha dictado de conformidad con las observaciones recogidas en el Consejo de Estado que, aún reconociendo que no es vinculante, refleja la imperiosa necesidad de aplicar la disposición adicional novena en los términos fijados inicialmente", se señala en el documento.

De ese primer texto, según destacan los abogados de la Generalitat Valenciana, se desprende que estaba previsto realizar, antes de proceder en los años 2026 y 2027 a la aplicación de los caudales ecológicos mínimos fijados en el plan hidrológico del Tajo, una actualización teniendo en cuenta los resultados del Programa Especial de Seguimiento. "Esto significa que no sería necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026 para los caudales mínimos en vigor desde la aprobación de plan si se cumplen los objetivos ambientales".

Volúmenes desproporcionados

El recurso del Gobierno autonómico contiene otros cuatro puntos más de peso. El segundo remarca que con el texto finalmente aprobado se pone de manifiesto la "potencial afección que podría tener la fijación desproporcionada de los volúmenes de 8 y 8,65 metros cúbicos por segundo en los años 2026 y 2027 para los usuarios del trasvase del Tajo-Segura, cuyos aprovechamientos dependientes del trasvase están en función del volumen de recursos almacenados en el Alto Tajo". Por eso se subraya en el alegato de la Generalitat Valenciana que el incremento de estos caudales supondría menores trasvases al Segura.

Del mismo modo se señala en el escrito de apelación que, al igual que entre los años 2022 y 2025 el caudal ecológico fijado en el Real Decreto se sitúa en 7 metros cúbicos por segundo, también en los años 2026 y 2027 se debería aprobar la misma cantidad sin escalonamiento alguno. Y respecto a los años siguientes "podría procederse a actualizar, o no, el caudal" una vez que se estudie si se cumplen los objetivos ambientales establecidos para las masas de agua.

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Obra de interés general

Otro de los puntos argumentados en contra el recorte hídrico apunta a que la elevación desproporcionada de los caudales -que alcanzarían 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027- podría condicionar los trasvases, violentando así el marco normativo del Tajo-Segura y su reconocimiento como obra de interés general.

Sobre este particular se hace mención a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo donde se expone que el establecimiento de caudales ecológicos debe configurarse "con el menor detrimento posible de los existentes derechos de uso del agua". Es decir, en su fijación deben contemplarse criterios de proporcionalidad e intervención mínima, "de modo que las posibles restricciones a los derechos de uso ya existentes sean los menores posibles".

Variables socioeconómicas

En este caso la Abogacía de la Generalitat Valenciana mantiene que la fijación de los caudales ecológicos en la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación. "Por el contrario -remarcan los letrados en su escrito- los caudales ecológicos deben determinarse como resultado de estudios técnicos que han de realizarse en la cuenca, así como del resultado de la participación pública y de un procedimiento de concertación".

Señalan a este respecto que en la determinación del caudal ecológico debe tenerse en cuenta el conjunto de variables que afectan a la cuenca de un río y no únicamente la cuestión ecológica. Deben incluirse también las variables socioeconómicas. Por eso recuerdan que el trasvase dispone de un marco legal específico y unas reglas de explotación que tratan de compatibilizar los usos de la cuenca receptora con la necesaria protección de la cuenca cedente.

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Otra de las razones esgrimidas por el Gobierno valenciano ante el Tribunal Supremo para que deje sin efecto la medida se centra en la disposición adicional tercera. Ésta alude a posibles actualizaciones de los planes pero en ningún precepto se establece una actualización o revisión obligatoria de los caudales escalonados -8 y 8,65 metros cúbicos por segundo- a raíz de las evaluaciones del plan especial de seguimiento. Ni tampoco se condiciona el escalonamiento de los caudales previstos para 2026 y 2027, lo que genera una incertidumbre e inseguridad jurídica para los ciudadanos y usuarios del trasvase.