8 de cada 10 jóvenes de Alicante que pidieron el bono del alquiler en 2022 se quedan sin él

De las 7.500 personas de la provincia que solicitaron la ayuda financiada por el Gobierno, solo 1.300 la han conseguido. La Generalitat prepara la nueva convocatoria, dotada con otros 22 millones de euros

Una joven pasea con sus pertenencias mirando un cartel de "Se alquila".

Una joven pasea con sus pertenencias mirando un cartel de "Se alquila". / Juani Ruz

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El bono joven del alquiler anunciado por el Gobierno central tras el estallido de la pandemia se ha quedado corto. El presupuesto asignado para su primera convocatoria se ha agotado tras resolver los expedientes de los primeros quince días de un plazo que estuvo abierto durante cinco meses. En total, de las 24.000 solicitudes a nivel autonómico, se han denegado más de 20.000 expedientes.

Una ayuda destinada a paliar los efectos económicos del covid en la población joven y a fomentar la emancipación y que cuenta con un presupuesto de 22 millones transferidos por el Gobierno central a las autonomías, que son las encargadas de su tramitación. El bono supone un ingreso de 250 euros mensuales por persona -ya que lo pueden pedir varios residentes de una misma vivienda- durante dos años, o bien el periodo 2022-2023 o el 2023-2024.

En el caso de la provincia de Alicante, más de 7.500 personas han tratado de ser beneficiarias del ingreso, pero el presupuesto consignado solo ha permitido que accedan al bono los 1.300 primeros solicitantes, apenas un 18% del total. Un dato similar al de la provincia de Castelló, donde también ha sido beneficiario de la ayuda el 18% del total de solicitantes y superior al de Valencia, donde se le ha rechazado la petición a más del 87% de quienes pedían acceder a ella.

Por lo que respecta a los importes concedidos, del presupuesto total, los jóvenes de la provincia recibirán casi 8 millones por los dos primeros años del bono, cobrando 2022 con carácter retroactivo y a partir de la fecha de su concesión recibiendo ingresos de 250 euros mensuales hasta diciembre de 2023. En el caso de Castellón, el presupuesto concedido es de casi 3 millones, mientras que Valencia recibirá casi el 50% del total: 10,5 millones por los dos primeros años del programa.

La Generalitat, encargada de tramitar las solicitudes, reconoce que pueden resultar llamativas las cifras de expedientes denegados pero señala que los jóvenes todavía disponen de opciones para recibir el bono. En la segunda convocatoria de este plan-la correspondiente al periodo 2023/2024 que pronto será anunciada por la Conselleria de Vivienda- se va a permitir también presentar los recibos del alquiler abonados durante el pasado año. De esta manera, se pretende que aquellas personas que no hayan podido obtener el bono durante esta primera convocatoria puedan acceder igualmente a sus ventajas durante la próxima asignación presupuestaria.

Una fórmula que, según calculan desde el departamento autonómico, permitirá bonificar a unos 7.000 jóvenes de toda la Comunidad, sumando ambas fases del programa.

Requisitos estrictos

En cuanto a las condiciones para acceder a las ayudas, muchos jóvenes han lamentado que son «demasiado estrictas», dado el estado actual del mercado inmobiliario en los municipios de la provincia de Alicante.

Los requisitos del Gobierno fijan que, aquellas personas que quieran emanciparse en solitario no podrán percibir más de 1.737 euros mensuales, el equivalente a tres veces el Indiciador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Sin embargo, la situación se complica para aquellos que opten por compartir piso o alquilar junto a sus parejas ya que, en estos casos, las condiciones son más restrictivas: los ingresos de ambos no podrán superar cuatro veces el IPREM, es decir, deberán ingresar menos de 2.316 euros. Para los pisos compartidos entre más de dos personas, el límite de los ingresos conjuntos se fija en 2.895 euros. Una situación que jóvenes como Salma -que prefiere no revelar su apellido por miedo a no conseguir la ayuda en próximas convocatorias- consideran «tremendamente injusta».

El precio de los alquileres supone un impedimento para muchos jóvenes solicitantes.

El precio de los alquileres supone un impedimento para muchos jóvenes solicitantes. / HECTOR FUENTES

En su caso, comparte piso con dos compañeras: una estudiante como ella y la dueña de la vivienda, que tiene trabajo estable y un sueldo situado en torno a los 2.000 euros. Sumando los ingresos de las tres convivientes, superan el máximo permitido para acceder a la ayuda, pero lamenta que «no todas las personas que vivimos juntas estamos en la misma situación económica», ya que ella percibe únicamente en torno a 500 euros mensuales por trabajar por horas en la hostelería durante sus fines de semana.

Problemas de pago

Pero las pocas solicitudes aprobadas o los requisitos para acceder a ellas no representan los únicos problemas que han afectado a los jóvenes en relación con el bono del alquiler promovido por el Gobierno de España.

De entre los más de 3.600 beneficiados en esta convocatoria por la ayuda del Gobierno, gran parte de quienes fueron notificados durante el pasado mes de octubre de 2022 denunciaron que, en enero del año siguiente, todavía no habían recibido ni un solo euro del bono joven para el pago del alquiler, que debería haberse abonado con carácter retroactivo por las mensualidades del año anterior.

Una circunstancia que ha resultado especialmente perjudicial para quienes se animaron a emanciparse tras conocer que percibirían el cheque del Gobierno, precisamente uno de los objetivos que perseguía la medida, y tuvieron que hacer frente al 100% del coste de sus arrendamientos durante varios meses, a la espera de recibir un ingreso que tenían aprobado desde octubre y que debía cubrir los recibos del último año.

Ayudas autonómicas

Paralelamente a la tramitación del bono joven del alquiler promovido por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana también ha impulsado -como viene siendo habitual- sus propias ayudas en materia de alquiler para toda la Comunidad, en este caso sin limitación por edades, permitiendo presentarse a la convocatoria a todas las personas mayores de 18 años.

En cuanto a la ayuda autonómica, que a diferencia de la estatal se abona a los beneficiarios de la misma a través de un único pago, aportará entre el 40 y el 50 por ciento del importe total destinado al pago del alquiler durante un año, en función de los ingresos habituales de las personas solicitantes. Además, en el caso de la subvención autonómica, esta se corresponde exclusivamente con la vivienda arrendada y no con las personas que residen en ella, por lo que dos personas que compartan piso recibirán un único ingreso.

En total, más de 20.000 ciudadanos en la Comunidad Valenciana han tratado de acceder a este ingreso, resultando admitidos en torno a la mitad de los expedientes: los de 8.500 personas. Unas cifras que aumentan en el caso concreto de la provincia de Alicante, donde de entre los 6.023 solicitantes de la presente edición, más de 3.000 obtuvieron la subvención autonómica para hacer frente al coste de sus arrendamientos.

Según los datos facilitados esta misma semana por la Conselleria de Vivienda, la mayoría de los expedientes rechazados en la provincia de Alicante -casi 2.000- se deniegan por no aportar la documentación solicitada, mientras que 250 han sido excluidos por no cumplir los requisitos y más de 700 por haberse agotado el crédito disponible.

Precios imposibles

Entre los grandes inconvenientes que se han encontrado los solicitantes de la ayuda se encuentra, principalmente, el precio actual de la vivienda en el mercado alicantino.

Los requisitos para poder acceder a la ayuda del alquiler autonómica fijan un precio límite para el coste de la vivienda arrendada en función de la zona geográfica. En el caso de la capital de la provincia, los pisos arrendados no pueden superar los 680 euros mensuales para percibir el ingreso de la conselleria.

Un límite que, dada la situación actual del alquiler en la ciudad, dificulta a muchas personas poder acogerse a la ayuda. De los casi 800 pisos anunciados esta misma semana en los diferentes barrios de la ciudad de Alicante, apenas 60 anuncios cumplían con el requisito de precio.

Un número que se reduce aún más si se tiene en cuenta que algunos de los anuncios aparecen por duplicado en los portales y que, al margen del coste, los propietarios de las viviendas deben autorizar el empadronamiento de sus inquilinos para que puedan cobrar.