Análisis | Luces, sombras y tinieblas

Si cuatro años al frente de un gobierno suelen pasar rápido, o eso dicen todos los mandatarios cuando tienen que enfrentarse al balance de gestión, ni qué decir tiene cuando por medio irrumpe una pandemia que cambia el orden mundial y una guerra a las puertas de Europa que desestabiliza la economía a todos los niveles. Estos cuatro años en Alicante han sido los del bipartito de PP y Ciudadanos, un mandato sin apenas ruido interno (tras el alboroto del tripartito), con mucho dinero para invertir (nunca el Ayuntamiento había tenido tanta manga ancha para gastar), de algunas cuentas pendientes resueltas y de demasiadas deudas históricas a la espera. 

Ha sido el mandato de elevar el tono hacia otras administraciones, aunque en el ambiente siempre quedaba la duda de si era para reivindicar mejoras o para hacer méritos ante Génova. De hecho, el pedir a terceros ha permitido al bipartito hacer "pleno" en esos compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno firmado por Luis Barcala y Mari Carmen Sánchez. El gobierno local ha cumplido al "reivindicar ante la Generalitat la finalización de la Vía Parque" -cierto es que no ha cumplido liberando los terrenos para poder ejecutar una obra clave para Alicante-, la "ejecución de los centros de salud del PAU 2, Garbinet y Playas" -donde hubo polémica por las cesiones de terrenos- y "la ejecución de los colegios públicos" -aunque las AMPA han criticado el bloqueo del Ayuntamiento al Plan Edificant-. También se incluía reclamar al Gobierno central proyectos como el Parque Central o las vías junto a Casa Mediterráneo, en los que se ha involucrado más Urbanismo que Alcaldía, pese a ser inversiones estratégicas, "de ciudad". 

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En ese apartado del pacto, el Ayuntamiento ha conseguido un importante talón de Europa para impulsar proyectos de transformación urbana, cerrando 2022 con casi 40 millones de euros de subvenciones. Eso sí, también ha sido el mandato de la constante devolución de ayudas a la Generalitat, especialmente vinculadas a la atención social, por no ejecutarlas en tiempo y forma. 

Ha sido, a su vez, años de planes y ordenanzas, con un balance desigual. Se han aprobado el Catálogo de Protecciones y la ordenanza de fiestas, junto a la controvertida "ordenanza de mendicidad y prostitución". Eso sí, siguen pendientes dos de los documentos más reclamados por los vecinos, activados sobre la bocina: la ordenanza del ruido y la de ocupación de vía pública. Ninguna estará en vigor este mandato. 

En los planes, más allá de su ejecución, se ha impulsado la segunda fase de la Zona Norte y el de Inclusión, aunque nada se sabe de otros tres compromisos: seguridad, contra la pobreza infantil y contra la "okupación" de viviendas. 

Respecto a las "inversiones y modernización" de los barrios, los deberes que se puso el bipartito eran más genéricos, al limitarse a hablar de "centros sociales, centros de mayores, instalaciones deportivas, asfaltado, aceras, alumbrado y aparcamiento". Con todo, los vecinos siguen a la espera de nuevos centros sociales y de mayores (se ha hablado, sin más, de un proyecto en Benalúa). También se reclaman mejoras urgentes en campos de fútbol, donde se ha invertido en el cambio del césped de instalaciones, aunque el mayor gasto se ha destinado al Pitiu Rochel. En estos años se han realizado actuaciones de mantenimiento, como el asfaltado calles, el arreglo de aceras (a un ritmo desesperante) y la mejora del alumbrado de barrios (aunque con quejas por problemas con la luz en otras zonas). En cuanto al aparcamiento, se ha habilitado un espacio disuasorio en San Gabriel, aunque las obras de reurbanización y peatonalización han obligado a eliminar decenas de plazas de estacionamiento en la ciudad. 

Sobre el "desarrollo del modelo de ciudad", otro de los epígrafes del pacto de gobierno, se ha "avanzado" en la elaboración de un nuevo PGOU, pese a que se ha quedado lejos la promesa electoral de aprobar el Plan Estructural. También se ha "desarrollado" el proyecto de Alicante Futura, aunque cuesta ver hacia dónde va. Por otro lado, se ha acercado, aunque puntualmente, la cultura a los barrios y se ha fomentado la semana del Orgullo LGTBI, aunque con choques continuos con las entidades. En la "apuesta firme por el comercio y los mercados" se incluye la mejora de la instalación de Carolinas y el lavado de cara al Mercado Central en su centenario.

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Además se ha aplicado la política de "regeneración del arbolado", con la plantación de ejemplares en parte de los centenares de alcorques vacíos, aunque los árboles han sido más protagonistas por el polémico traslado de las melias de la avenida de la Constitución. También se prometió la "recuperación del patrimonio arquitectónico", además de organizar "grandes eventos deportivos" y "facilitar el acceso a la vivienda con un Plan Estratégico de Vivienda". Nada se sabe tampoco del Plan Estratégico de Subvenciones, ni tampoco de proyectos recogidos en el acuerdo como la finalización de la comisaría de la Policía Local de San Juan, el traslado de las antenas del castillo de Santa Bárbara ni de la idea de convertir Heliodoro Madrona en una "zona de emprendimiento". Tampoco del espacio para los artistas de Hogueras ni de la "Semana Azul".

Ha sido, por otro lado, el mandato de la obligada renovación de las dos grandes contratas. En limpieza, el contrato se prorrogó en el verano de 2021, pese al compromiso negro sobre blanco de no hacerlo. La ciudad está a la espera de la entrada en vigor de las mejoras en limpieza y recogida de residuos y nada se sabe del nuevo contrato del tratamiento en planta. Ha habido "control y sanciones a las conductas incívicas", aunque menos del deseado por el propio equipo de gobierno, con apenas una multa al día de media.

También se ha renovado el contrato del autobús, ya en marcha aunque pendiente de ajustes sobrevenidos, y se han estabilizado las plantillas tanto de la Policía Local (en un proceso que está a punto de completarse) y de los Bomberos. 

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Con todo, uno de los "leitmotivs" del bipartito durante este mandato, que se recogía en el acuerdo de gobierno, ha sido la bajada de impuestos hacia una fiscalidad más "blanda", junto al impulso de la "Oficina de Inversiones" y "mejoras en polígonos industriales", con la pendiente ampliación de las Atalayas y del vivero de empresas de Agua Amarga. 

El pacto arrancaba con el apartado de "gestión honesta, transparente y eficaz", donde se hablaba, entre otros asuntos, de «implantar sistemas digitales" frente a la atención presencial. Y donde se "garantizaba" el acceso a la información pública, un incumplimiento sistemático que ha centrado buena parte de las quejas presentadas ante el Síndic.