El Puente Rojo de Alicante tampoco es "hogar" para los sintecho

La Policía Local desaloja a las personas vulnerables que vivían en la zona más próxima al PAU 1, ante la petición que la asociación de vecinos trasladó a Barcala en una reciente reunión

Un operario del servicio de limpieza, en la zona desalojada del Puente Rojo

Un operario del servicio de limpieza, en la zona desalojada del Puente Rojo / Rafa Arjones

C. Pascual

C. Pascual

Muchas fueron las reivindicaciones que la Asociación de Vecinos del PAU 1 trasladó al alcalde, Luis Barcala, en su reciente visita al barrio. Ante la imposibilidad de ejecutar la mayoría de ellas antes de elecciones, como la falta de dotaciones públicas del barrio o ajustes en el plan especial del futuro Parque Central, el bipartito de PP y Ciudadanos ha empezado por una decisión más rápida: desalojar a las personas sinhogar que vivían en los bajos del Puente Rojo. Desde hace unos días, no hay ni rastro de estos sintecho, al menos en la parte de la estructura más próxima al PAU 1. Sin embargo, a las dos personas que aún "aguantan" en el lateral que da a San Blas también les han advertido que en breve tendrán que abandonar el Puente Rojo.

Desde la asociación vecinal del PAU 1 reconocen que el desalojo de los sintecho fue una de las cuestiones que trasladaron al regidor popular en su visita reciente por el barrio, además de la petición de "acondicionar" la zona para evitar que regresen en un futuro, como ya ha sucedido tras otras actuaciones. "Nos dijo que era un problema generalizado, pero no vio mal colocar rocalla en el entorno", apuntan desde la entidad.

Fuentes próximas a la Policía Local explican que la actuación fue una "orden", que "no será puntual". A los sintecho se les comunicó, según otras fuentes, que no podían seguir viviendo en los bajos del Puente Rojo más tiempo, y que si desobedecían se podría proceder incluso a una futura detención. Por ahora, no hay ni rastro de personas sin hogar en la zona más próxima al PAU 1, a donde cada noche también acudían una entidad social para repartir alimentos.

Un instante de la reciente actuación policial

Un instante de la reciente actuación policial / Rafa Arjones

Ésta es una de esas actuaciones que se hacen bajo el amparo de la controvertida ordenanza contra la mendicidad, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. Desde hace justo un año, la norma entró en vigor el 25 de marzo de 2022, la Policía Local puede multar con hasta 750 euros por dormir en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza en vigor, está castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios".

Con hasta 3.000 euros está castigado, por otro lado, realizar "conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de la ciudadanía por los espacios públicos, cuando se ejerzan directa o indirectamente con acompañamiento de menores o de personas con diversidad funcional".

Dos meses y medio después de que la controvertida ordenanza entrase en marcha, el bipartito de Barcala hizo el único balance, pese a las peticiones recibidas tanto por partidos de la oposición como por medios de comunicación. Esos primeros dos meses se saldaron con 94 sanciones por diferentes conductas incívicas durante abril y mayo, tramitándose 80 denuncias a aparcacoches -también conocidos como “gorrillas”-, cuatro por miccionar en la vía pública y 10 por ruidos y a transeúntes desnudos". Sí que hubo actas levantadas a personas que pedían dinero en la calle, aunque el Ayuntamiento aseguró, al menos durante esos dos primeros meses, que no se había tramitado ninguna. Es decir, que la multa no había llegado finalmente al denunciado.