El contrato del autobús urbano de Alicante, en manos de la Justicia

La Justicia tendrá la última palabra del nuevo contrato del transporte urbano de la ciudad de Alicante, cuyas mejoras entraron en vigor el pasado 1 de febrero. Una empresa gallega y una asociación alicantina del sector del transporte han acudido a los juzgados de lo Contencioso-Administración contra el pliego de condiciones que rige en nuevo contrato, adjudicado a la UTE Mía, que integra a empresas del grupo Vectalia.

Fuentes municipales confirman que tienen conocimiento de las medidas cautelares incluidas en el procedimiento impulsado por la empresa Monbus, mientras que aseguran desconocer los detalles del recurso presentado por la asociación Gestión Transporte de Viajeros (GTV), representada por el abogado José Miguel González. Desde la Concejalía de Transportes, que dirige el popular Manuel Villar, aseguran que defenderán en la justicia el pliego de condiciones, incluidas las exigencias de solvencia técnica, que son la base de los recursos presentados.

Según figura en la demanda presentada por GTV, en el pliego se establece, como requisito de solvencia técnica y profesional, la necesidad de que los licitadores acrediten “experiencia en servicios de transporte urbano de autobuses siendo requisito mínimo al menos un contrato de transporte urbano de autobuses en el curso de los tres últimos años en el que la flota de vehículos cuente con al menos 71 autobuses en servicio en día laborable”.

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Al respecto, tras el recurso de reposición registrado, la Junta de Gobierno Local de Alicante, "aunque admite que existe una sentencia casacional del Tribunal Supremo que declara nula una cláusula análoga en un procedimiento de contratación idéntico (transporte urbano de viajeros), considera que no es trasladable al presente caso porque la Memoria del Órgano Gestor, 'justifica' la necesidad de dicha cláusula tan restrictiva de solvencia técnica". Además, según añade la asociación, "incomprensiblemente, desde un punto de vista jurídico, termina su fundamento haciendo referencia a una resolución administrativa del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) de 2018, sobre una cuestión que nada se asemeja, y que no fue recurrida en vía contenciosa, queriéndola contraponer al contenido de la Sentencia Casacional del Tribunal Supremos de 2020, antes referenciada".

Así, el demandante alicantino considera que "contrariamente a lo resuelto por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante, la cláusula es contraria a derecho, al vulnerarse el principio de igualdad de trato, resultando, además, excesivamente restrictiva de la competencia, infringiendo, igualmente, los principios de no discriminación y proporcionalidad, que deben regir en todo procedimiento de contratación pública".

Ahora serán los juzgados, paralizados en su mayoría por la huelga de los letrados judiciales que ya toca a su fin, los que tendrán que resolver si el pliego de condiciones del actual contrato se ajusta a ley o no.

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A la espera de esa resolución, las mejoras en el servicio entraron en vigor, en su mayoría, el pasado 1 de febrero, a la espera del transporte a demanda, que se espera para la primera quincena de mayo y de los ajustes de última hora demandados por entidades vecinales, que a priori entrarán en marcha en unos días. El contrato adjudicado tiene un presupuesto de 125.627.151 euros y un plazo de vigencia de diez años.

El nuevo contrato incorpora una línea circular diaria que recorre la Gran Vía entre las avenidas de Denia y Orihuela (aunque se ampliará hasta la avenida de México), conectando las líneas radiales con parada en el Hospital de Alicante y que dotará de conexión entre barrios sin pasar por el centro de la ciudad. Otra de las mejoras introducidas es una nueva línea 28, que realizará un recorrido circular para conectar el Hospital de Sant Joan con la zona de playas.