El Supremo admite a trámite el recurso del Consell contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat Valenciana contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. Además, ha ordenado la apertura de una pieza separada para valorar la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por el Consell, que reclamaba la suspensión del acto administrativo.

El recurso del Consell alerta del impacto económico irreversible del recorte del trasvase Tajo-Segura

Así lo ha anunciado este martes la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, durante la presentación del proyecto “Vertido cero, reutilización 100% en Alicante”. La decisión del Alto Tribunal, notificada al Gobierno autonómico este mismo martes, otorga al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un plazo de cinco días para interponer recurso de reposición ante el letrado de la Administración de Justicia.

El recurso de la Generalitat Valenciana contra el real decreto que legitima el recorte de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura se fundamenta en la vulneración, por parte del Gobierno de España, de los principios recogidos en el ordenamiento jurídico de "buen gobierno, seguridad jurídica, confianza legitima, lealtad institucional, transparencia e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones".

Nulidad de las actuaciones

Una argumentación que de acuerdo con el informe del recurso elaborado por la Abogacía General de la Generalitat Valenciana -en el que se sostiene que "todos estos principios se encuentran al amparo del artículo 9.3 de la Constitución- podría suponer una nulidad de todo lo actuado a nivel procedimental.

Según el Consell, La reducción del agua del trasvase Tajo-Segura tiene un impacto desproporcionado y de efectos irreversibles desde el punto de vista económico, social y ambiental para la cuenca hidrográfica. Por ello, la mejor alternativa es la de mantener el trasvase con un caudal ecológico de 7 m3/s en Aranjuez. Así lo indica la Abogacía General de la Generalitat Valenciana en uno de los alegatos de peso del recurso contencioso-administrativo que se ha presentado ante el Tribunal Supremo y que ahora ha sido admitido a trámite.

En la apelación también hay referencias a la reiterada jurisprudencia en la que se expone que el establecimiento de caudales ecológicos debe configurarse “con el menor detrimento posible de los existentes derechos de uso del agua”. Es decir, en su fijación deben acogerse criterios de proporcionalidad e intervención mínima, de modo que las posibles restricciones a los derechos de uso ya existentes sean los menores posibles.

La argumentación legal en la que se basa el Consell en su recurso señala que hubo un primer texto de la disposición adicional novena del Real Decreto 35/2023 que se debatió y votó en el Consejo Nacional del Agua en noviembre de 2022, remitiéndose posteriormente un segundo texto con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado que no fue sometido previamente a los principios de participación y concertación. «Por ello entendemos que el Real Decreto no se ha dictado de conformidad con las observaciones recogidas en el Consejo de Estado que, aún reconociendo que no es vinculante, refleja la imperiosa necesidad de aplicar la disposición adicional novena en los términos fijados inicialmente», se señala en el documento.

Reacciones enfrentadas

Un recurso que, tras su presentación por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, generó reacciones enfrentadas entre los representantes de los regantes de la provincia. Tras reunirse con Puig, el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Javier Berenguer, mostró su «satisfacción» y aseguró que la Generalitat les está apoyando «al 100%».

Por otro lado, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, se mostró «decepcionado» porque la Abogacía de la Generalitat Valenciana no recurre el incremento de 7 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico que el Gobierno central viene aplicando desde el pasado 10 de enero. Una decepción que compartía también Andrés Molina, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante.

Mientras, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes una resolución para instar de urgencia al Gobierno central a modificar «cuanto antes» las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha señalado en un acto en Toledo que hay que adaptar los reglamentos de las leyes para que la modificación de las reglas de explotación del trasvase no tenga que esperar un año: «Vamos a promover las reuniones urgentes con el Gobierno y los consejos que tienen que hacer la modificación de ese plan», ha añadido.