El exárbitro Enríquez Negreira se refugia del escándalo en un céntrico apartamento de Alicante

José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), se ha refugiado en Alicante, donde hasta ahora ha pasado desapercibido, huyendo del foco mediático que le coloca en el centro de la actualidad en plena investigación procesal por su relación comercial con el FC Barcelona durante más de una década.

Localizado por Cuatro en la avenida de Aguilera, frente a la plaza de La Estrella, Negreira se limitó a decir que está “de cine” tras ser preguntado por el periodista de la cadena televisiva, que este miércoles por la noche emitirá un especial sobre el caso a las 22.50 horas en el programa “En boca de todos”

Negreira buscó refugio en la capital alicantina con un amigo personal de su época en el arbitraje, el también colegiado Joaquín Fernández, un asturiano afincado desde hace décadas en la ciudad, dedicado al mundo de los seguros hasta su jubilación y que llegó a ocupar un cargo directivo en el Hércules a final de los años ochenta.

Fernández también estuvo vinculado a la Federación Española y al Colegio de Árbitros, acompañando y valorando las actuaciones de los colegiados en los partidos de Liga en el estadio Rico Pérez de Alicante y en el Martínez Valero de Elche.

Semanas atrás, Enríquez Negreira fue localizado en Benidorm, donde también permaneció varios días antes de regresar a Barcelona.

A día de hoy, se encuentra en un apartamento céntrico de Alicante, donde se desplazó tras pedir ayuda a su amigo Joaquín Fernández para eludir la persecución mediática.

El excolegiado investigado apenas abandona el piso donde se aloja y cuando fue descubierto se dirigía a unas oficinas de la Agencia Tributaria junto a Joaquín Fernández para realizar unos trámites.

La responsabilidad penal de Negreira en el caso que ha puesto contra las cuerdas al FC Barcelona todavía no se ha dilucidado. Su abogado presentó hace semanas un informe alegando que “padece principio de alzhéimer, circunstancia que le incapacitaría para declarar y, si prosperase, le podría eximir de responsabilidad penal.