Un 5% del acoso escolar es por maltrato de docentes pero ir a juicio empeora la salud del niño

La denuncia formal que han presentado unos padres de Alicante porque, como hacen constar en el parte policial, la tutora de su hijo le dio una bofetada en el transcurso de un simulacro de incendio en un instituto, no es la única que deriva de un supuesto maltrato docente, aunque sean las menos.

Lo constatan tanto la asociación autonómica contra el acoso escolar, Avalcae, como la confederación de padres de alumnos Covapa que preside Sonia Terrero.

Insultos

Los primeros precisan, a través de su presidente, Francisco Sorolla, que un 5% de los casos de acoso que tratan en la asociación -entre los 3.600 casos en sus 23 años de andadura- son debidos a maltrato o insultos de profesores a alumnos.

«Hay que recordar que aun siendo autoridad pública como los policías, tampoco un agente puede tocar a un ciudadano si no se ve agredido de antemano. A un menor no se le puede castigar, ni dejarle sin patio o sin comer, como detalla la Ley del Menor -abunda Sorolla- «y mucho menos darle una bofetada».

No obstante, desconocedor de primera mano sobre lo sucedido, como para que los padres se hayan visto impelidos a denunciarlo tres meses después del citado simulacro en el instituto, el presidente de Avalcae advierte de que si llegan a acudir a él nunca habría recomendado ir a juicio, porque según su experiencia las repercusiones son peores para los menores en estos casos. Explica que la excesiva demora de los casos en los tribunales mantiene durante demasiados meses en tensión al alumno, haciéndole recordar hechos que no le aportan nada bueno. «Los niños olvidan pronto las cosas desagradables y exponerles a un juicio se las recuerda y revivirlo puede hundirles más», advierte.

Tampoco percibe beneficio alguno en la indemnización que puedan llegar a recibir los padres «porque el gasto de los juicios suele ser superior según mi experiencia».

Traslado

Partidario de arreglar situaciones de este tipo hablando y poniendo en común las situaciones que viven familias y centros educativos desde un primer momento, también apunta Sorolla que si realmente se ha producido una exclusión progresiva del alumno abofeteado en el instituto, después de tantos meses su recomendación es el cambio de centro tal y como ha determinado la Conselleria de Educación a petición de los padres. «Ante un ambiente enrarecido que no se corta a tiempo es preferible cambiar de centro escolar», concluye.

En Covapa se encuentran inmersos en respaldar a una familia en otro juicio derivado asimismo de la agresión de un maestro a un niño al que «zarandeó, agarró del pecho y apretó contra la pared» en un colegio de la Vega Baja, explica la presidenta.

Estos otros hechos tuvieron lugar el curso pasado, aclara, «y el niño sigue sufriendo situaciones muy desagradables e incluso ha tenido que acudir a psicólogos», lamenta.

«Tampoco los alumnos deben llegar a agresiones -recalca Terrero- pero mucho menos un docente, que debe saber controlar sus nervios y no abusar de su autoridad».

No se muestra de acuerdo, sin embargo, con trasladar a los niños agredidos del centro. «La administración en casos de este tipo no hace nada por apartar al profesorado, pero si el que agrede es un niño éste sale inmediatamente expulsado», critica.

Desde la confederación Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco apunta que ellos no tienen registrado ningún caso de este tipo porque «el castigo físico está fuera del sistema educativo», y que en todo caso se debe instruir un expediente y superar las posibles barreras para «reconducir las conductas que alteren la convivencia».