Los regantes plantean al Supremo que no hay razones ambientales para recortar el trasvase
El Alto Tribunal admite a trámite el recurso presentado por los agricultores, más próximo a los argumentos de la Diputación y el gobierno murciano que a los del Consell. Solicitan la suspensión cautelar del nuevo caudal ecológico

Los regantes insisten en los graves perjuicios a la cuenca del Segura que supone el recorte del trasvase. / AXEL ALVAREZ
Nuevo recurso en el frente judicial contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. El Sindicato Central de Regantes de Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha pedido al Tribunal Supremo que paralice la revisión de los caudales ecológicos, al valorar que no existe razón ambiental alguna para llevarla a cabo. En el mismo recurso de más de cincuenta folios, plantean las nefastas consecuencias para la economía tanto de la provincia de Alicante como de la comunidad de Murcia y consideran que se trata de una medida "arbitraria". El recurso va en la misma línea de lo que ya han planteado tanto la Diputación de Alicante, como la Comunidad de Murcia y ya ha sido admitido a trámite por el Alto Tribunal, que ahora deberá estudiar si acepta o no las medidas cautelares pedidas por los demandantes, es decir, paralizar la revisión de los caudales ecológicos mientras la sala analiza el fondo del asunto. El caudal ecológico ha aumentado de seis a siete metros cúbicos por segundo y prevé ir incrementándolo a lo largo de los próximos años, lo que en la práctica supone la llegada de menos recursos hídricos a la provincia de Alicante.
El recurso presentado por el sindicato de regantes presidido por Lucas Jiménez asegura que la única motivación por parte del Gobierno "obedece a la conveniencia política de reducir hasta su casi eliminación el trasvase Tajo-Segura" y que por ese motivo se esgrimen motivos ambientes que no existen y sin haber realizado un informe sobre el impacto socio-económico que la medida iba a tener en la cuenca del Segura, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo. Los regantes plantean que la única motivación que se ha dado por parte del Gobierno sobre la ausencia de estos informes "por la única razón de ser de que los impactos se causan en otra cuenca".
El recurso presentado por los regantes cita al propio Consejo de Estado al cuestionar la falta de coordinación entre las dos cuencas para llevar a cabo la medida. El Consejo de Estado opta por "establecer criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos, fijándose por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas, aplicables en todas la cuencas para la fijación de estos caudales".
Los regantes consideran que la aplicación de las medidas cautelares que están solicitando no van a suponer perjuicio alguno para las zonas del Tajo donde se reclaman. "La suspensión solicitada en ningún caso va a determinar que, en las cinco masas de agua afectadas, deje de circular un caudal mínimo ambiental que está plenamente garantizado por las reglas de explotación de los embalses de cabecera del rio Tajo", señalan. En cambio sostienen que sí existe "un interés público ambiental a preservar en la cuenca del Segura" en el caso de que no se suspenda "la precipitada revisión de caudales ecológicos".
Perjuicios al Segura
El recurso alerta de los perjuicios que la medida ya vigente supone para la cuenca del Segura con efectos inmediatos, ya que "todo caudal adicional derivado cada día hacia el Tajo, como consecuencia del incremento del caudal ecológico, supone una cantidad de agua que deja cada día de estar disponible para el trasvase, bien para ser enviado al Segura en ese mismo día, o bien para quedar almacenado en los embalses para su envío en el futuro". También plantean la ausencia de recursos hídricos para suplir la falta de agua generada por el recorte. "Dicho recurso ni existe a fecha de hoy, ni se puede conseguir a medio plazo, ni probablemente, ni siquiera a largo, en el del Segura no se contempla ninguna actuación para la generación de nuevos recursos desalados, adicionales a los ya previstos y con el objetivo expreso de suplir esta reducción del caudal trasvasado".
En este sentido, se analizan también de los graves efectos económicos para la provincia de Alicante y para la región de Murcia que supone el hachazo a la llegada e recursos. Al igual que los otros recurrentes se aportan informes económicos que cifran en 1.547,5 millones de euros del trasvase al PIB regional y nacional, de manera directa, indirecta e inducida, y mantiene 76.139 puestos de trabajo en términos absolutos. Los regantes alertan también del grave riesgo de deslocalización de producción y de industrias asociadas a las actividades agrarias, junto al retraimiento de la inversión en el sector y pérdidas de mercado.
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