La Zona de Bajas Emisiones en Alicante, el secreto mejor guardado del bipartito de Barcala

Hace justo tres meses, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró ante el Pleno que en breve se revelarían detalles de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se darían a conocer en una "presentación" oficial. Tres meses después, nada más se sabe de una herramienta contra el cambio climático que debería estar en marcha desde el pasado 1 de enero. El bipartito de Alicante, pese a la insistencia de la oposición (desde la izquierda a Vox), sigue sin desvelar nada más, y eso que las elecciones están a la vuelta de la esquina, a apenas un mes.

Este jueves, en el último pleno ordinario del mandato municipal, el asunto volverá a estar sobre la mesa. Desde la formación ultra volverán a preguntar sobre el asunto. "¿Cuál ha sido el motivo por el que, tras tres meses, no se ha realizado esa conferencia para 'toda la población alicantina' con el fin de informar a la ciudadanía y de 'desbrozar todo lo que se está manipulando'?" es la cuestión que el portavoz de Vox, Mario Ortolá, trasladará el equipo de gobierno, tras recibir en enero una respuesta que no resolvió las dudas: "Puesto que el señor Villar está preparando algo expresamente para explicar a toda la población alicantina, no solo a usted por supuesto, sino a toda la población alicantina, lo que es el plan de bajas emisiones, entre otras cosas para empezar a desbrozar todo lo que se está manipulando y todo lo que se está diciendo que no es cierto, bueno pues le contestará en el próximo pleno".

La provincia de Alicante, fuera de la ley: ningún gran municipio arrancará 2023 con la Zona de Bajas Emisiones exigida por el Gobierno

La respuesta, según insiste Ortolá, sigue sin llegar. La última novedad respecto a las ZBE se conoció en Alicante, pero afectaba a todo el territorio nacional. Infracciones de 200 euros a los conductores que incumplan las restricciones al tráfico que recojan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta era la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se incluyó en la ordenanza tipo sobre las áreas que Europa obliga a implantar para mejorar la calidad del aire, que se aprobó por unanimidad en la reunión de la Junta de la FEMP celebrada en Alicante el pasado mes de marzo, en la que Luis Barcala ejerció de anfitrión. Se trata del documento al que los ayuntamientos suelen recurrir como base (en ocasiones, se traslada todo el articulado) para impulsar sus respectivas ordenanzas.

El texto, de 29 páginas, señalaba que las sanciones establecidas en la ordenanza se imponen en base a las infracciones del artículo 76-z3, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece que "son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas referidas a no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las ZBE".

El bipartito "diluye" la zona de bajas emisiones en Alicante para que Vox apruebe el Presupuesto

El régimen sancionador de las ZBE propuesto por la FEMP se fundamenta en las "restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en las ZBE, por determinación de la autoridad municipal en el ejercicio pleno de sus competencias, que es de plena aplicación, logre o no, alcanzar los objetivos perseguidos, sean estos los que sean, relativos a la calidad de aire, cambio climático, impulso del cambio modal y eficiencia energética, ruido o cualquier otro, que se establecieron en el proyecto de ZBE".

Previamente a que la FEMP marcara las sanciones tipo para quienes incumplan la ZBE de cada municipio, el bipartito de Alicante intentó diluir la herramienta que se establezca en Alicante. Entonces, el gobierno municipal de Alicante, sin datos concretos, rechazó que con la futura implantación de la ZBE, que debería estar en marcha desde el 1 de enero de este 2023, se vaya a restringir el acceso a ningún vehículo al anillo exterior, dentro de la Gran Vía, al margen de los distintivos ambientales. Tampoco, según dijeron, prevé limitaciones relevantes en el anillo interior, en torno al Centro Tradicional. Esta declaración de intenciones se hizo pública justo después de que Vox anunciase que votaría en contra del Presupuesto de Alicante por impulsar la restricción de tráfico. Las cuentas finalmente ni fueron a Pleno ante la falta de apoyos del bipartito para sacarlas adelante, ante el "no" anunciado de toda la oposición.

A finales del pasado 2022, la Junta de Gobierno adjudicó la ejecución del proyecto de adaptación de la ZBE en el anillo de la Gran Vía a la Tecnologías Viales Aplicadas por 4,4 millones de euros con un plazo de ejecución de treinta meses. Por ahora, lo único que se conoce es que la ZBE de Alicante se configurará en dos anillos: uno exterior, que se define por la Gran Vía, como arteria principal de distribución de tráfico en la ciudad y todo el frente Litoral, con una superficie aproximada de 750 hectáreas. El otro anillo comprenderá el Centro Tradicional, que se configura por las avenidas Alfonso el Sabio, Gadea y Soto, con una superficie aproximada de 54 hectáreas. "Tanto en el primer como en el segundo anillo, la limitación se realizará de forma progresiva, estableciéndose un calendario de restricciones vinculado a la posible aparición de elementos contaminantes", señaló en su día el gobierno local, sin aportar más detalles desde entonces.