Barcala, al edil Jiménez tras sus explicaciones por los contratos a dedo: "Representa la honestidad, la dignidad y la ética"

El último pleno ordinario del mandato en Alicante, el celebrado este jueves 27 de abril, ha arrancado su sesión con la aprobación de la ordenanza del ruido, oficialmente conocida como Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Vibraciones. Como estaba previsto, el documento, impulsado por la Concejalía de Urbanismo, ha salido adelante con los votos a favor de los socios del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), junto a los del PSOE, frente a la abstención de Vox y de Compromís y el "no" de Unidas Podemos. Previamente, se han rechazado las enmiendas que habían llegado vivas al pleno. La aprobación de la ordenanza llega a justo un mes de las elecciones municipales.

El texto, que ahora se expondrá al público antes de una aprobación definitiva que ya corresponderá a la Corporación salida de las urnas del 28M, revisa y actualiza la ordenanza que se aprobó en marzo de 2019 -pero cuya tramitación no se finalizó-, marcándose como objetivo adaptar las normas estatales y autonómicas a las singularidades del municipio de Alicante y a su organización.

La nueva ordenanza, según el bipartito, incluye nuevas definiciones de zonas, planes y mapas acústicos, aislamientos, medidas de control y sistemas de alarma, información y transparencia con carácter actualizado y permanente. Los planes de acción que se aprueben por el Ayuntamiento de Alicante tendrán por objeto "identificar las áreas acústicas existentes en el municipio en función del uso que sobre las mismas exista o esté previsto y sus condiciones acústicas, y establecer medidas preventivas y correctoras frente a la contaminación acústica, constatada en los mapas, para que los niveles sonoros cumplan los objetivos de calidad acústica", según el Ayuntamiento.

Antes del debate político, el presidente de Alroa, Javier Galdeano, ha lamentado el contenido del texto que busca frenar el ruido en Alicante. "La ordenanza en lugar del ruido debería llamarse para acabar con el sector de la hostelería de la ciudad de Alicante. Se empieza de nuevo la casa por el tejado. La ordenanza debe existir, pero hacia los problemas reales. Se nos ha dado todo hecho", ha señalado el representante del sector del ocio, quien ya ha anunciado que presentarán alegaciones y, en caso de no conseguir sus objetivos, llevarán el texto a los juzgados.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha defendido la ordenanza, redactada por sus técnicos. "Es una modificación de la ordenanza existente, de 1991. Se intenta frenar todas los focos de ruido existentes, con sanciones incluidas", ha añadido.

Desde la oposición, la socialista Trini Amorós ha reprochado la nula negociación entre las partes antes de la aprobación de la ordenanza. "Ha hecho falta mucha política porque es responsabilidad del Ayuntamiento conciliar posturas, llegar a acuerdos entre las partes". También ha criticado los tiempos: "¿Por qué sale hoy si la tienen redactada hace cuatro años?".

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha defendido que la ciudad de Alicante "merece una diversidad económica en el Casco Antiguo y el Centro Tradicional, donde ahora existe un monocultivo, el de la hostelería". "Nadie culpa a la hostelería de los problemas de la ciudad, el problema es que no existe un modelo de ciudad. Esta ordenanza avanza tímidamente, pero no avanza hasta nuestros objetivos", ha añadido.  

¿Qué acciones habituales prohibirá la nueva ordenanza contra el ruido de Alicante?

Desde Compromís, el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, ha criticado el retraso, aunque ha dado por bueno que al menos se apruebe antes de terminar el mandato. "No es bueno que llegue esta ordenanza el último día, pese a que se aprobó en Junta de Gobierno hace cuatro años. No es posible que no exista ya un mapa del ruido. Los vecinos solo piden que se garantice su derecho al descanso. Queremos tomar la ordenanza como un avance, aunque llegue tarde, en vísperas de las elecciones", ha subrayado.  

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha mostrado preocupado por el texto: "En manos equivocadas puedes provocar destrucción de empleo. El ruido es un problema en Alicante, pero no ha habido los diagnósticos necesarios, porque el ruido lo generan las aglomeraciones de personas en torno a la hostelería, no los empresarios, por lo que se arreglaría con más presencia policial".

La nueva normativa, aprobada inicialmente este jueves en el pleno, "faculta al Ayuntamiento a la reducción temporal del horario general de cierre de los espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales y establecimientos públicos por molestias a los vecinos y ante el posible incumplimiento de las medias preventivas que contiene el texto refundido". Se trata, según se refleja en la ordenanza, “de conciliar adecuadamente el derecho a la libre actividad de esparcimiento con la necesaria protección vecinal frente a la contaminación acústica que pudieran producir estas actividades, y al derecho al descanso de los vecinos, respetando en todo momento los derechos de cada una de las partes mediante la estricta aplicación de las normas estatales y autonómicas”.

En su paso previo por la Comisión de Urbanismo, la ordenanza se enmendó para permitir la instalación de televisiones en el interior del local con destino al exterior, pero sin sonido. Esta actividad estará sujeta a una limitación horaria establecida, ya que deberán estar apagadas de 01:30 a 07:30 horas. 

Mientras el pleno debatía la ordenanza del ruido, funcionarios del Ayuntamiento de Alicante han empezado a concentrarse a las puertas del Consistorio para reclamar la implantación de la carrera profesional, una promesa electoral del alcalde Barcala de hace justo cuatro años. La protesta se ha escuchado en el Salón de Plenos. Minutos después, cuando faltaban unos veinte minutos para las 11 horas, Barcala se ha visto obligado a suspender el pleno momentáneamente al trasladarse la protesta al interior del Ayuntamiento, haciendo imposible que se escuchara a los intervinientes. Entre los gritos, "Barcala, cumple tu palabra" y "Basta ya de mentiras". Diez minutos después, el alcalde ha retomado la actividad en el pleno. Se estaba empezando a abordar la moción para intentar crear una comisión para investigar los contratos menores que han forzado la dimisión del concejal Manuel Jiménez.

Así ha sido la protesta de los funcionarios que ha obligado a Barcala a suspender el pleno

Se retoma el pleno

Tras unos diez minutos de paralización, el pleno se ha retomado con el punto que se estaba abordando en el momento del parón, la moción de Unidas Podemos para crear una comisión para investigar la gestión de los contratos menos adjudicados por el concejal Manuel Jiménez, que han forzado su dimisión. La comisión ha sido rechazada con los votos en contra de los socios del bipartito (PP y Ciudadanos), junto a los de Vox. La izquierda sí ha apoyado la propuesta en bloque.

En el debate, desde el partido proponente de la moción, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha defendido la propuesta de crear la comisión. "Hablamos de dinero público. Han dividido la inversión en cuatro contratos para ejecutarlos en apenas un mes en la misma zona. Se han otorgado por el dedo divino del concejal, acabando los contratos menores en manos de personas que usted conoce. Estamos ante una vuelta a las viejas formas, del clientelismo, del colegueo, de la fiesta del pijama", ha señalado López. 

Por su parte, desde el equipo de gobierno, el concejal de Contratación y portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, ha defendido la gestión del concejal Jiménez. "Todo lo que se ha hecho es legal y sin ningún reproche ético. Hablan de fraccionamiento, pero no saben de qué hablan. No saben la teoría, pero la práctica sí que la dominan, como se vio el pasado mandato. No apoyamos la moción, porque el PSOE ha anunciado que irá a Fiscalía. El tema se va a judicializar. Y quiero darle las gracias al señor Jiménez por los cinco días que ha aguantado", ha añadido el edil, quien en el turno de réplica ha recordado otros asuntos polémicos que han afectado a la izquierda, como el caso Azud, las subvenciones al hermano de Puig, los contratos de Escola Valenciana o las sentencias contra la Conselleria de Sanidad, durante el mandato de Barceló, entre otros.

Desde Ciudadanos, el concejal Adrián Santos Pérez ha adelantado que su grupo, al igual que su socio, no apoyará la creación de la comisión. "Se podían haber tomado otras decisiones y no traer una comisión que no va ni a convocarse. Si consideran que hay una ilegalidad, pueden ir donde consideren. Esta moción no va a solucionar nada", ha apuntado Pérez.

La concejala socialista Trini Amorós, por su parte, ha subrayado que "el objetivo de la comisión provoca una profunda preocupación, en parte por el silencio del señor Barcala". "Hablamos de gestionar el dinero publico, y el alcalde sigue callado. Consideramos que esta comisión podría ser el espacio para disipar las dudas, estudiar unos contratos que cuestionan la gestión de su concejal. La fiscalización es un deber. Es un gobierno que sobrevive con la respiración asistida, el PP empezó con nueve y ya van por siete. ¿Es esta cuestión es solo la punta del iceberg?", ha afirmado.

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Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha subrayado que "no vale todo para sacar obras que pueden ser necesarias". "No se puede sustituir la participación ciudadana por el clientelismo. Barcala termina el mandato envuelto en chanchullos, vuelve el PP de siempre, que ha hecho tanto mal a esta ciudad. Barcala ha vuelto a estar escondido, que es lo que mejor se le da, además de dar marcha atrás", ha señalado Bellido, quien ha recordado que en este proceso "lo único que hace la Concejalía de Partidas Rurales es decidir quién hace el proyecto y la obra, que casualmente quedan en manos de empresas con relación directa con el concejal, lo que son muchas casualidades para no pensar que se está frente a un nuevo caso de chanchullos", ha finalizado Bellido.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha puesto en duda la gestión del concejal Jiménez, aunque ha rechazado la propuesta de crear la comisión. "Las autoridades se deben abstener, según la ley, con motivos como tener amistad o enemistad intima. ¿Debería haberse abstenido el señor Jiménez? Creemos que sí. ¿Eso genera sospecha? Sí. ¿Es suficiente para abrir una comisión que no se va ni a convocar? No, solo se busca ruido. Esta comisión nacería decaída.  

"Las explicaciones se dan aquí"

Tras rechazarse la creación de la comisión de investigación, el concejal Manuel Jiménez ha tomado la palabra a petición propia, en una comparecencia que en total, entre la intervención inicial y la posterior réplica, se ha prolongado unos cuarenta minutos. El edil, además de explicar el procedimiento administrativo, ha defendido su gestión de los contratos menores. "Tenía muchas ganas de hacer la comparecencia. Había que hacerlo aquí, en la casa de los alicantinos. Las explicaciones se dan aquí. Se podían hacer antes, sí, pero el sitio es aquí", ha empezado diciendo Jiménez, en sus primeras explicaciones públicas.

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En su intervención, el edil ha intercalado sus explicaciones con las recogidas en informes técnicos, mostrando además documentos oficiales, como la adjudicación de los contratos y documentos contables, entre otros. Además, ha situado al margen del proceso al concejal José Ramón González: "La tramitación se hizo entre los técnicos de las áreas. Él no podía saber nada porque no firmaba los documentos", ha apuntado Jiménez, quien ha defendido la contratación de las empresas, tanto para el diseño como para la construcción de la pérgola y el suministro de los paneles informativos: "Se contacta con empresas especializadas en el sector. Son profesionales, da igual su índole, si son de Hogueras o de Semana Santa. Lo importante es que tenían que estar capacitados. Se les invita por ser profesionales, no por ser conocidos míos. Yo conozco a más gente que cualquier de los que están aquí", ha señalado Jiménez, ante las acusaciones de amiguismo en la adjudicación de los contratos, que ha negado: "Nunca se ha buscado beneficiar a nadie, sólo el bien para la ciudad. Conozco a muchas de las empresas que trabajan con el Ayuntamiento, lo hacían antes y lo seguirán haciendo. Además, son pocos los empresarios que no están relacionados con las fiestas. Eso no debe ser un impedimento", ha proseguido Jiménez, en respuesta a que los tres contratos adjudicados que centran la polémica fueran a manos de personas con peso en las Hogueras y de su entorno personal.

Respecto a que uno de los contratos, el relativo a la construcción de la pérgola, no estuviera colgado en el Portal de Transparencia, Jiménez ha alegado problemas técnicos por la falta de un "código" necesario para su publicación.

Por otro lado, Jiménez ha negado poner de "parapeto" a los técnicos municipales, a la vez que ha negado que su salida haya sido impuesta: "No he querido que nadie salga a hablar por mí. Le pedí al alcalde salir a hablar en el pleno. A mí no me ha tirado nadie, me he ido yo. Yo he sido el cebo", ha apuntado el edil que prevé dimitir este mismo jueves.

En la recta final de su intervención, Jiménez ha pasado al ataque. Lo ha hecho fijando el foco en el PSOE, principalmente, haciendo alusión a un supuesto contrato menor adjudicado a un "compañero de partido" y "gestionado por una persona que ahora va en la lista". Sin dar más detalles, el edil ha defendido esa adjudicación: "Está bien y nunca daré los nombres".

En su despedida, el concejal ha dado las gracias a su familia y amigos, y también a Barcala: "Formé parte del equipo del mejor, que volverá a ganar las elecciones. Nunca podré agradecerte tu confianza. Tanto tú como Mazón habéis demostrado que os preocupáis por las personas. Y no se pueden imaginar el daño causado. Llegar a casa y encontrarte las lágrimas, las preguntas de tus hijos... Yo vine a la política para trabajar por Alicante y me voy con la cabeza muy alta".

"Usted representa la honestidad, la dignidad y la ética"

Tras Jiménez ha tomado la palabra Barcala, en sus primeras palabras al respecto de la polémica tras la pregunta que respondió en la romería de la Santa Faz. "Quiero darle las gracias por cuatro años de trabajo sin descanso. Ha cumplido con su obligación. Yo no comparto su decisión y lo sabe, pero no me queda más remedio que respetarla. Usted representa la honestidad, la dignidad y la ética. Es la guía -según el alcalde- que nos tiene que orientar. Gracias por ser mi amigo. Lo ha pedido por su familia, por ética y por no dejarse arrastrar al lodazal donde otros siempre están cómodos", ha señalado Barcala, entre críticas a la izquierda: "Hoy hemos escuchado nuevas teorías, porque cree el ladrón que todos son de su condición. Estos días hemos visto lo más despreciable de la política. Quien no sabe ganar el voto por sí mismo ha de recurrir a todo". Minutos después, ya en el turno de ruegas y preguntas, la socialista Trini Amorós ha recordado a Barcala que llegó a la Alcaldía tras forzar la dimisión del anterior alcalde y valiéndose del voto de una tránsfuga.

Durante el punto de la comparecencia del concejal, todos los grupos, salvo Ciudadanos, han formulado sus dudas. Las primeras han sido las de Vox, quien ha cuestionado por qué Jiménez no se inhibió en el proceso por su relación con los adjudicatarios. También ha criticado los cambios de versiones del concejal de Contratación, Manuel Villar. "El centro de la cuestión no son los funcionarios, ni los asuntos contables, sino el debate de la discrecionalidad", ha apuntado Mario Ortolá.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha apuntado al concejal José Ramón González "por no enterarse de nada, ni de las fiscalizaciones ni del dinero que se gasta en sus concejalías". También ha puesto el foco en la cercanía de las empresas con el edil Jiménez: "Parece que estaba prohibido que hubiera empresas que no tuvieran relacion directa con usted". Según Bellido, "el fuego ha sido una constante en la vida de Jiménez, y ahora ha sido abrasado por fuego amigo". "Por eso cuando se dirige a esta bancada, usted realmente dirige la mirada a su izquierda o a su derecha. No se dirige aquí. No sale de esta bancada que no vaya en listas ni que tenga que dimitir", ha añadido Bellido.

Desde Unidas Podemos, el portavoz de la coalición, Xavier López, ha puesto en duda la gestión, haciendo alusión a la división de contratos. "¿Por qué no se hizo una operación integral en la Alcoraya? Eso nos habría ahorrado esta aquí".

La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, ha criticado los cambios de versión del gobierno local, a la vez que ha reprochado el silencio, hasta hoy, del alcalde. "Si considera que la actuación de Jiménez fue impecable, ¿por qué le saca de la lista? ¿Por qué no ha cerrado filas? Mazón sí lo ha hecho con su candidato en Orihuela", ha añadido.

Declaraciones institucionales

La última fase del pleno ordinario de abril ha empezado con una propuesta conjunta de la izquierda sobre la escuela infantil Siete Enanitos, que ha sido tumbada por el bloque de la derecha. La iniciativa buscaba que el "Pleno del Ayuntamiento de Alicante ratifique el compromiso firme en la búsqueda de ubicación alternativa parra los alumnos y alumnas de la escuela infantil 7 enanitos que sea más adecuada, tal como llevan demandando las familias desde el inicio", además de que se considere "proyecto prioritario su reconstrucción en el mínimo plazo posible y en el mismo barrio donde estaba ubicada", entre otros acuerdos.

Sí que ha salido adelante, pese al rechazo de la izquierda, la declaración del bipartito por la que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante "exige a Ximo Puig a que proceda a la contratación de más personal médico, la renovación de equipos y la mejora de las infraestructuras de los hospitales y centros de atención primaria", además de urgir a la Generalitat que "acabe con las listas de espera para las pruebas médicas y para las citas con médicos especialistas".

También se ha aprobado la propuesta de Unidas Podemos y Compromís, gracias a la abstención del bipartito, para que el El Pleno inste al propio Ayuntamiento de Alicante a "cumplir con el compromiso firmado por el actual alcalde con la política pública de cooperación internacional, y corrija los recortes presupuestarios efectuados en la legislatura 2019-2023 para recuperar, al menos, los niveles de presupuesto municipal en Cooperación Internacional del año 2019, y cumpla con su palabra, con los acuerdos firmados en el camino de conseguir el 0,7 % de los presupuestos en el año 2030". Vox, eso sí, ha votado en contra.

Menos suerte ha tenido la propuesta del PSOE que buscaba promover la derogación de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, en una iniciativa que ha dividido el pleno en bloques: con la izquierda a favor y la derecha, en contra. Igualmente, también con la misma distribución de los votos, ha sido tumbada la declaración de Unidas Podemos para exigir a la Autoridad Portuaria la paralización cautelar de la carga y descarga de graneles al aire libre.

Para cerrar el orden del día, ha salido adelante la propuesta de Vox a favor de la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante, con los votos a favor del grupo proponente, de Vox y del PSOE.

La sesión, la última ordinaria del mandato en el Ayuntamiento de Alicante, se ha cerrado con una declaración institucional conjunta en contra del bullying. Se prevé una sesión extraordinaria, a principios de mayo, para una modificación de crédito para dotar de presupuesto a obras cofinanciadas con fondos europeos.