El Constitucional anula la norma del Consell que impide los macrodepósitos en el puerto de Alicante

El Tribunal respalda el recurso del Gobierno contra la Comunidad Valenciana que vetaba la instalación de depósitos de combustible a menos de 1.000 metros de las viviendas | La consellera Isaura Navarro expresa su "profunda discrepancia" con la sentencia

Alberto Losa

Alberto Losa

La posibilidad de que se instalen macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante vuelve a abrirse. El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la norma del Consell que modificaba la Ley de Urbanismo para impedir que el puerto acogiera estos macrodepósitos.

El Estado impugnó la norma del Consell por considerar que interfiere en el ejercicio de las competencias estatales respecto de la determinación de la zona de servicio, a través de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios.

La Conselleria de Urbanismo dio en el pasado marzo de 2022 lo que parecía un paso definitivo para impedir la instalación de los macrodepósitos para almacenar combustible en el puerto, al publicar en el DOGV una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje (Lotup). Según la norma del Consell, no se pueden autorizar instalaciones para el movimiento de mercancías peligrosas (en este caso combustible) para gestionar más de 5.000 metros cúbicos a menos de un kilómetro del casco urbano, contado desde el perímetro exterior de la instalación. La planta de depósitos que promueve la mercantil XC Business 90 está planteada en unos muelles que distan 750 metros de la viviendas de San Gabriel y Benalúa Sur.

Desde el Gobierno central señalan en una nota informativa que la sentencia —aún en redacción— impugna la intervención autonómica en una decisión estatal, como es la elaboración y aprobación de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, y lo hace de manera que al haber prevalencia del criterio autonómico, estima el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno.

Reacciones

La consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro (Compromís), ha expresado su "profunda discrepancia" con la sentencia porque considera que "desde la Generalitat tenemos todo el derecho, competencia y obligación de proteger la salud de la gente de Alicante. Algunas veces, cuando el Estado no reacciona ante la protección de la ciudadanía lo hemos de hacer las comunidades autónomas para responder y proteger la salud de la gente".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha subrayado que "Pedro Sánchez no respeta a nuestra ciudad", tras conocer el recurso del Gobierno contra la posición de la Generalitat que compartía el Ayuntamiento, al vetar la instalación de los depósitos a menos de un kilómetro de las viviendas. El jefe de gobierno local ha reiterado "el más absoluto de los rechazos a los macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante". "Una vez más el Gobierno de Sánchez, no contento con relegar a la provincia a la última posición en los Presupuestos, ha recurrido una decisión unánime no solo de este equipo de gobierno sino de toda la ciudad para que se impidiera instalar a menos de 1.000 metros de zonas residenciales, educativas y sanitarias", ha criticado.

Barcala ha subrayado a tres días de las elecciones que "estas cosas y otras como su incapacidad para frenar el recorte del trasvase Tajo-Segura o el fiasco de la Agencia de Inteligencia Artificial que, al final, Sánchez se llevó a A Coruña, demuestran que Puig no pinta nada en Madrid ante este Gobierno, porque todo esto se produce después de que esta semana hayamos tenido que anunciar que también nos vamos a ver obligados a presentar alegaciones en contra del estudio informativo del Ministerio de Transportes sobre la variante ferroviaria de Torrellano", a lo que ha apostillado que "hemos tenido que hacerlo porque el Ministerio no ofrece ninguna garantía para la retirada de las vías en el frente litoral entre el Paseo de Calabarda y el barrio de San Gabriel".

En plena campaña, también la candidata del PSOE alicantino, Ana Barceló, ha expresado su rechazo a la sentencia: "No estamos de acuerdo con la ubicación de los depósitos de combustible a menos de 1.000 metros de las viviendas. Nunca lo hemos estado. Seguiremos presionando para que no se instalen. Si la competencia no es de la Generalitat Valenciana y es del Gobierno central, como se ha fallado, convenceremos al Gobierno de que no se dispongan en el puerto".

José Santamaría, presidente de la asociación de vecinos de Gran Vía Sur y miembro de la Plataforma Puerto Sostenible, ha señalado que "no es una buena noticia" y ha subrayado el "profundo rechazo" vecinal ante un proyecto que "prima intereses de XC Business sobre los derechos de Alicante, su ciudad, el sector turístico y la promoción de Alicante".