Catorce entidades recurren ante el TSJ el decreto del Consell que regula los geriátricos

Catorce entidades, entre asociaciones de familiares, colegios profesionales y patronales, han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el decreto del Consell por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales. La Conselleria de Igualdad, por su parte, acusa a la patronal Aerte de falsear y tergiversar la realidad para recurrir el decreto de residencias.

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Los recurrentes son las asociaciones de familiares de alzhéimer (Xixona, València, Miguel Hernández de Cox, Ibi, Alzira, Alicante, Alcoi y Novelda), el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Enfermería y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste).

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También el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) y la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avadese).

El decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, regula la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

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Estas entidades han pedido la suspensión cautelar del decreto hasta que pueda pronunciarse el TSJCV sobre el fondo de la cuestión, para evitar que haya personas que tengan que abandonar el recurso en el que están siendo atendidas o que no puedan acceder por primera vez al mismo, por no poder cubrir el coste de la plaza con los nuevos requisitos exigidos.

Desacuerdo

"La conselleria ha intentado confundir a la sociedad valenciana insistiendo que sólo Aerte estaba en desacuerdo con el texto definitivo del decreto, pero la verdad es que hay entidades de todo tipo que han mostrado su rechazo", ha indicado en un comunicado el presidente de la patronal, José María Toro.

Hay aspectos del decreto, ha explicado, que deben entrar en vigor en el plazo de un año, como por ejemplo el incremento de personal en centros de día de mayores o en residencias de salud mental, "y lo más probable es que no haya sentencia antes de ese plazo".

"Las personas que se vean afectadas, teniendo que prescindir de la atención que reciben, no podrán ser compensadas posteriormente porque no se trata de una cuestión compensable económicamente, por eso hemos pedido la suspensión de la norma", ha indicado.

Incremento del copago

Desde la patronal Aerte recuerdan que se ha reclamado a la administración que el nuevo decreto viniera acompañado de una financiación "que no supusiera ni un solo euro para las personas atendidas, pero la memoria económica no lo garantizaba como pusieron de manifiesto, en sus respectivos dictámenes, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Consell Jurídic Consultiu".

Este último solicitó a la conselleria un informe de la incidencia económica que tendría la aplicación del decreto en los usuarios.

Según Toro, en los estudios hechos por la patronal, "el incremento de los costes por los nuevos servicios no se veía cubierto en su totalidad por un aumento de las ayudas, lo que supone un aumento del copago, llegando en el caso de las residencias de salud mental a 840 euros mensuales sólo en coste de personal, lo que es inasumible para la gran mayoría de familias".

"El incremento de los costes por los nuevos servicios no se veía cubierto en su totalidad por un aumento de las ayudas, lo que supone un aumento del copago, llegando en el caso de las residencias de salud mental a 840 euros mensuales"

José María Toro

— Presidente de la patronal Aerte

Falta de consenso

Además, según Aerte, diversas entidades han expresado que en ningún momento han participado en el proceso de elaboración de la norma, como la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG), la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual (Copava); la Federación Valenciana de Alzheimer (Fevafa); o la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana (Apime).

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También la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana también afirma que no ha participado en el proceso consultivo, y el Colegio de Fisioterapia se muestra en contra del criterio seguido por la Conselleria en la regulación de centros de diversidad funcional, según el comunicado.

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Asimismo, la Plataforma Neurodegenerativas de la Comunidad Valenciana indica que la viabilidad de 73 centros, servicios y programas especializados que atienden a más de 5.000 pacientes de Alzheimer, Parkinson, ELA, Enfermedad de Huntington y Esclerosis Multiple "está en peligro" por el nuevo decreto de tipologías.

Respuesta de Igualdad

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asegura que la patronal de las residencias Aerte falsea y tergiversa la realidad para recurrir ante el TSJ el decreto de residencias.

La Conselleria indica que la patronal Aerte "ya intentó engañar al Síndic de Greuges presentando una queja sabiendo que no podía por estar el tema judicializado, y ahora intenta engañar a los jueces falseando y tergiversando la realidad sobre un decreto que fue aprobado por el Pleno del Consell con todos los informes favorables".

Igualdad asegura también que algunas de las entidades que recurren son miembros de esta patronal, y por lo tanto "no son entidades de todo tipo sino Aerte con diversos nombres. Y por si fuera poco, incluye a colegios profesionales y al Consejo de Enfermería arrogándose su representatividad".

"Aerte representa al lobby empresarial que defiende los beneficios económicos de las grandes empresas y las entidades asociadas", han añadido fuentes de la conselleria. Desde Igualdad y Políticas Inclusivas han asegurado que, a través de la Abogacía de la Generalitat, defenderán "el interés general y, sobre todo, la mejor calidad y atención a las personas más vulnerables que prevé el decreto recurrido".