El Síndic insta a la Diputación a no atar pacientes a la cama en el Doctor Esquerdo

El Síndic de Greuges trasladará a Fiscalía, que ya investiga el caso, el informe elaborado tras investigar varias quejas sobre el funcionamiento del centro de salud mental Doctor Esquerdo, dependiente de la Diputación Provincial, al considerar "acreditada la sujeción mecánica de una paciente de forma continuada desde octubre de 2019 al menos hasta febrero de 2022 (es decir, que se le ataba a la cama), como consta en el aplicativo de las historias clínicas por personal no cualificado y sin la supervisión de Psiquiatría o Enfermería".

La institución que dirige Ángel Luna añade en el informe que, con esta actuación, se incumplen de forma reiterada las condiciones que dicho protocolo recoge para su implementación, donde se indica que estas deben realizarse con un mínimo de tres profesionales, por indicación médica, siguiendo un plan específico que debe estar dirigido por el enfermero; y con seguimiento cada 15 minutos durante el tiempo que el paciente está contenido y haciendo constar en la historia la hora de inicio y finalización de la sujeción.

En cambio, el Síndic indica que en la base de datos informatizada del doctor Esquerdo (Hisclipa) dicho tratamiento estaba desaconsejado por la psicóloga y perjudicaba físicamente a la paciente.

Por su parte, la Diputación Provincial asegura que cualquier sujeción a un paciente como medida terapéutica es ordenada por un médico psiquiatra y se realiza bajo la supervisión de Enfermería. También en el informe se indica por parte de la institución que las sujeciones de usuarios son actos excepcionales.

El diputado del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, ha explicado que en este asunto se ha actuado en diversos aspectos, que se abrió un expediente de investigación que se convirtió en disciplinario y que presentaron denuncia en Fiscalía.

"En general, el informe (del Síndic) recoge aspectos que habría que incorporar de mejora sobre historias clínicas etc...". Sobre las sujeciones de usuarios, el diputado abunda en que se hacen por indicación médica para evitar autolesiones de un paciente o cuando sufre un estado de agitación grave siempre bajo supervisión.

Informe

Sin embargo, el Síndic discrepa. "Aunque la Diputación, en su respuesta, señala que los informes de la empresa auditora (contratada para comprobar el cumplimiento del protocolo de sujeción terapéutica) no recogen estas actuaciones, los datos aportados por la promotora de la queja acreditan que sí había constancia de ello en la historia clínica y que no fue una medida puntual/excepcional sino prolongada en el tiempo", reza en el informe. Esa actuación provocaba, de acuerdo a la denuncia, inflamación en las muñecas y tobillos.

En los juzgados

La situación en este centro ya está en los juzgados. Un juez de Alicante investiga el presunto maltrato de una trabajadora del centro Doctor Esquerdo a una usuaria de este servicio de salud mental dependiente de la Diputación Provincial. La Corporación dio traslado a Fiscalía en diciembre de este presunto caso de maltrato por parte de una trabajadora y tras estudiar el expediente gubernativo que presentó la Diputación, el fiscal decidió mandarlo al juzgado para que aclare si existió delito de maltrato o contra la integridad moral de la paciente por su vulnerabilidad.

La comunicación a la Fiscalía se produjo en diciembre en base a testimonios de otras trabajadoras del centro y también llegó al Síndic de Greuges, que acaba de concluir su investigación por varias recibidas por maltrato físico y psicológico a pacientes. El centro de salud mental Doctor Esquerdo reabrió en marzo de 2022 tras ocho años cerrado y sin uso.

Luna firma un informe de 18 páginas en el que además incluye diversas recomendaciones tanto a la Diputación como a las Consellerias de Igualdad y Políticas Inclusivas, y Sanidad. El Síndic ya se había pronunciado sobre la atención residencial a personas con enfermedad mental en la Comunidad Valenciana con anterioridad y en particular sobre la situación del complejo Doctor Esquerdo con un informe del que dio cuenta ante las Cortes Valencianas en 2016.

En este documento se daba cuenta de la situación del centro, dependiente de la Diputación, en relación a la falta de las preceptivas autorizaciones administrativas para el funcionamiento tanto de las unidades de hospitalización de media estancia, dependientes de la Conselleria de Sanidad, como del centro específico para personas con enfermedad mental, dependiente de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La presente investigación arranca tras recibir una primera queja mediante un escrito registrado el 29 de septiembre de 2022 por un grupo de profesionales del complejo socioasistencial en el que describían una serie de situaciones, especialmente en las unidades de discapacitados psíquicos, psicogeriatría y módulo R2, donde residen los pacientes más vulnerables y que, en opinión de los trabajadores, no se correspondían con lo deseable a nivel ético y el buen hacer profesional y humano.

Tras admitir a trámite esta queja al entender que la situación podía afectar al derecho de las personas con problemas de salud mental, el 30 de marzo de 2023 tuvo entrada una nueva queja en la que se insistía sobre los hechos denunciados en la anterior, en concreto señalando que en las unidades asistenciales del Doctor Esquerdo se vulneraban los derechos humanos y se constituía como un entorno maltratador con las personas más vulnerables. "El sistema por sí mismo maltrata, oculta el maltrato y lo facilita", aseguraba la persona promotora.

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Castigos

En la queja, según el último informe del Síndic, se abundaba en "las medidas maltratadoras, insultos, castigos, sujeciones totalmente injustificadas durante años, sin prescripción médica, etc...que se producían en el centro. Indicaba que estas situaciones se han dado en los módulos donde se encuentran las personas más vulnerables (con discapacidad psíquica y mayores). Refería nula voluntad de coordinadores y dirección para cambiar el sistema (...)".

Con fecha 24 de abril pasado tuvo entrada en la institución de la Sindicatura una nueva queja, esta vez de la madre de un usuario del centro por presuntos malos tratos y por las medidas adoptadas en el centro con reiterados cambios de unidad, exceso de medicación, etc...

Durante la investigación realizada, el Síndic requirió informes a las partes y alegaciones a los denunciantes. Uno de ellos apuntó la existencia de registros de una supuesta agresión física, con lesiones visibles, a un paciente de psicogeriatría por un trabajador, que estaría recogida en la base de datos en octubre de 2021.

De lo actuado, el Síndic concluye, entre otros puntos, que el Servicio de Inspección de Servicios Sociales no realiza actuaciones inspectoras de control; considera inaceptable que Sanidad se desentienda de una situación que podría estar afectando al adecuado funcionamiento del centro en la atención a los usuarios.

Asimismo, señala que aunque las investigaciones abiertas por la Diputación indican que no han quedado acreditados los presuntos episodios de maltrato, "son varios los testimonios que denuncian que sí se han dado casos de maltrato a personas residentes en el centro, tanto en el módulo de mujeres como en el de hombres y en el de Psicogeriatría, módulos que cuentan con los usuarios más dependientes y por tanto más vulnerables".

Así, abunda en que "al menos 14 profesionales denunciaron a la dirección, mediante un escrito de fecha 22 de julio de 2022, y que se aportó, su disconformidad con algunas prácticas de su dispositivo". Por su parte, las situaciones de presunto maltrato denunciadas en el módulo de mujeres "se han resuelto con un único expediente disciplinario a una trabajadora cuando el relato de la queja y las declaraciones de las personas interrogadas hacen pensar en más incidentes y más profesionales implicados".

Detección precoz

Entre las recomendaciones, el Síndic aconseja a la Diputación que adopte las medidas necesarias para poder garantizar a los usuarios una asistencia adecuada y para la prevención y detección precoz de situaciones como las denunciadas en esta queja; así como la revisión de los casos de larga institucionalización para evitar sus efectos negativos.

A la Conselleria de Sanidad le recomienda una supervisión más directa sobre la atención que se presta en el complejo; y a Igualdad y Políticas Inclusivas que su inspección investigue los hechos denunciados y el cumplimiento de los protocolos de sujeción mecánica de los pacientes del centro.