Los impagos en las cantinas de 11 institutos de la provincia de Alicante amenazan la continuidad del servicio

La Conselleria de Educación abre un procedimiento que conlleva sanciones económicas a la empresa adjudicataria por incumplimiento de las condiciones del contrato

Una de las cantinas de Alicante que gestiona desde febrero la nueva adjudicataria.

Una de las cantinas de Alicante que gestiona desde febrero la nueva adjudicataria. / PILAR CORTES

Pérez Gil

Pérez Gil

Las cantinas de 11 institutos ubicados en diferentes comarcas de la provincia de Alicante podrían terminar cerrando por el retraso de los pagos a sus trabajadores y proveedores. Un problema que afecta a más de 10.000 alumnos y profesores y que ha motivando incluso la intervención del Consell.

En muchos casos los empleados están pendientes del cobro de dos meses por parte de la empresa a la que la Generalitat Valenciana adjudicó el servicio durante el pasado mes de febrero. La situación ha llevado a la Conselleria de Educación a iniciar un procedimiento, que puede derivar en la posible imposición de sanciones económicas contra la mercantil responsable por el supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato.

Centros afectados

Los Institutos de Educación Secundaria de cuya gestión se hace cargo la misma empresa desde hace cuatro meses son el Antonio José Cavanilles, conocido popularmente como el Instituto Politécnico de Alicante; Giner de los Ríos y Doctor Balmis, ambos de Alicante; Montserrat Roig y Victoria Kent, de Elche; Vega Baja, de Callosa de Segura; Paco Ruiz, de Bigastro; Bellaguarda, de Altea; José Marhuenda Prats, de Pinoso; Pare Arques, de Cocentaina, y la Escuela Oficial de Idiomas de Elche.

No todos los cantineros y cantineras se encuentran en la misma situación respecto al retraso en el pago de las nóminas. Pero, al menos en seis, de estos centros educativos los trabajadores siguen pendientes de cobrar los dos últimos meses.

De estos pequeños bares situados dentro de los centros educativos se venían haciendo cargo desde hace décadas autónomos que pagaban un canon a la Conselleria de Educación. Pero la situación de muchos de ellos cambió cuando el Gobierno valenciano sacó a concurso público la concesión. Una empresa con sede social en Elche logró adjudicarse las cantinas de 11 institutos y en ese momento comenzaron los problemas para el personal de las cantinas que accedió a seguir al frente de las mismas como asalariados de la adjudicataria.

Las cantinas de los 11 institutos de la nueva adjudicataria prestan servicio a más de 10.000 alumnos y profesores.

Las cantinas de los 11 institutos de la nueva adjudicataria prestan servicio a más de 10.000 alumnos y profesores.

Situación "insostenible"

Los afectados con los que ha contactado este diario han asegurado que la situación en la que se encuentran es "insostenible" y, de hecho, muchos de ellos se están planteando abandonar. En tal caso desmontarán las cantinas porque tanto el mobiliario como los electrodomésticos y el equipamiento son de su propiedad, con lo que la empresa tendrá que hacer una inversión extra y mientras se procede a la reforma habrá que echar el cierre.

Otro de los problemas que están sufriendo es la pérdida de los proveedores habituales porque tampoco cobran. Es más, los hay que se han llevado los hornos eléctricos y las cámaras frigoríficas cedidos en uso a cambio de la adquisición del género. Además, la empresa tarda mucho en reponer la maquinaria averiada o sencillamente ni siquiera la sustituye por otra nueva.

Todo ello va en detrimento del servicio que se presta y tanto los alumnos como los profesores lo están percibiendo. El personal docente de algunos institutos ya ha elevado sus quejas a la Conselleria y sus responsables han pedido a los directores que elaboren informes sobre la actual situación, y que se los remitan a la mayor brevedad posible.

Sanciones económicas

Desde Educación se ha confirmado a este diario que se ha iniciado un procedimiento que puede derivar en la posible imposición de penalidades a la empresa contratista por incumplimiento de las condiciones del contrato. Son sanciones económicas aplicables al contratista cuando incumple injustificadamente alguna de sus obligaciones.

"Este procedimiento se ha abierto debido a las deficiencias observadas en la documentación preceptiva que se les ha requerido de forma reiterada, entre otros, contratos y TC2 de los trabajadores", se ha indicado desde la propia Conselleria.

El TC2 es el documento oficial relativo a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena que la empresa tiene afiliados y representa sus relaciones nominales con respecto a sus bases de cotización.

Trámite de audiencia

Los responsables educativos están inmersos actualmente en trámite de audiencia al contratista y se le ha citado a una reunión para aclarar la situación. Sin embargo respecto a los impagos de las nóminas, señalan que es un asunto que no pueden verificar. No obstante, en la reunión se le informará a la empresa contratista de la gravedad de las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones laborales con sus trabajadores. "Ya que, si se constata por denuncia de los trabajadores a la Inspección de Trabajo dicho incumplimiento sería causa de resolución inmediata del contrato", se advierte desde la Conselleria.

Este diario ha contactado con los socios de la empresa responsable de las 11 cantinas pero de momento han declinado realizar manifestaciones. Únicamente se han limitado a señalar que se trata de asuntos internos, puntuales y de diferente alcance sobre los que ya se está trabajando para aplicar soluciones lo antes posible.