Nueve de cada diez viviendas de la provincia no son plenamente accesibles. Es lo que señala el reciente estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, que indica que un 25% de los edificios cuentan con escalones para acceder al portal y un 11% ni siquiera tienen ascensor de ningún tipo. Además, pone de manifiesto la mitad de los inmuebles carecen de porteros automáticos accesibles o cuenta con puertas de acceso demasiado pesadas para poder manejarse con seguridad por parte de personas mayores, con movilidad reducida o en silla de ruedas.
«Los administradores de fincas tenemos que hacer una labor muy importante de pedagogía en todas las comunidades de vecinos»
Un problema que, además de cifras, tiene nombre y apellidos. Es el caso de Pascuala y Juan, de 94 y 92 años, que viven en su piso de toda la vida en la calle Foglietti de Alicante. Para entrar a su finca, cada día deben superar una decena de peldaños antes de llegar al ascensor, o bien acceder por la rampa del garaje que, según cuenta su nieto, «es muy empinada».
«En los últimos años se han hecho muchas obras para mejorar la accesibilidad gracias a las ayudas»
Estos problemas de accesibilidad terminaron provocando una caída a Pascuala, en la que se fracturó la cadera, por lo que se encuentra actualmente en recuperación. Esto les ha supuesto un nuevo reto tanto a ellos como al personal sanitario que acude algunos días a recogerla para ir a rehabilitación, que «se las ven y se las desean para poder sacarlos o bien a través de los escalones o del acceso al aparcamiento.
«Conseguir que los vecinos se pongan de acuerdo es difícil y puede conllevar hasta un año de juntas»
Para solucionarlo, aseguran, se han puesto en contacto con la comunidad, alertando de otras deficiencias como la falta de barandillas. Sin embargo, sostienen que el conjunto de los propietarios de la finca no se ponen de acuerdo para llevar a cabo las obras de mejora necesarias. Esta situación, lamenta el nieto de Pascuala y Juan, dificulta mucho el día a día de las personas mayores y prácticamente las «empuja» a vivir en una residencia, una opción que en su familia no quieren para el matrimonio de ancianos.
«Si hay personas de más de 70 años o discapacitadas, a veces las obras son obligadas» MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS
Conflicto vecinal
Estos conflictos, además, son habituales en las comunidades de propietarios y se reflejan en uno de los principales problemas que se encuentran los administradores de fincas: poner de acuerdo a los vecinos, especialmente cuando hay derramas de por medio. La presidenta del colegio profesional en la provincia de Alicante, María del Mar Rodríguez, sostiene que los administradores «tenemos que realizar una labor muy pedagógica en las comunidades de vecinos», ya que «difícilmente se obtiene un acuerdo consensuado por todos los vecinos», por lo que acercar las posturas de los diferentes propietarios «puede llevarnos hasta un año de celebrar juntas de vecinos».
«La comunidad de propietarios no quiere hacer obras para mejorar los accesos al edificio de mis abuelos»
Aunque Rodríguez reconoce que «en los últimos años se aprecian muchas obras de accesibilidad», especialmente motivadas por «las ayudas que se han estado concediendo en este sentido y que han animado a los vecinos a dar el paso», la presidenta del colegio profesional señala que todavía hay un gran número de fincas en la provincia donde la accesibilidad brilla por su ausencia. Además, destaca que, en un buen número de estos edificios, el problema será especialmente complicado de resolver, dado que por su antigüedad y sus condiciones de construcción es tremendamente complejo llevar a cabo actuaciones de mejora tales como la instalación de ascensores o de sillas elevadoras que ayuden a superar el desnivel, que en ocasiones es de varios metros.
«La familia tiene que turnarse para hacer la compra o la colada para evitar que ellos salgan andando»
Para resolverlo, Rodríguez incide en que «se sigan impulsando ayudas públicas que hacen que los vecinos no vean la derrama como algo inasumible y decidan hacer las obras, que son necesarias», junto con «mantener esa labor pedagógica de los administradores, que muchas veces tenemos que hacer ver a los propietarios que algunas obras pueden ser incluso obligatorias». Es el caso de aquellas comunidades en las que residen personas mayores de 70 años o con una discapacidad que les afecte a la movilidad. En estos supuestos, y siempre que el montante de la obra no supere un año de cuota de comunidad de propietarios, los dueños de las viviendas estarán obligados a afrontar la derrama.
«El personal sanitario se las ve y se las desea para poder recoger a mis abuelos de su casa»
Obligado por Ley
En caso de que no haya acuerdo o de que el presupuesto supere ese límite marcado por la Ley de Propiedad Horizontal, los afectados por los problemas de accesibilidad podrían asumir el coste del porcentaje de la obra que exceda el tope establecido. Aunque, en este caso, también se pueden establecer medidas (como instalar llaves que den acceso al ascensor) para que aquellos vecinos que se nieguen a colaborar no puedan hacer uso y disfrute de las mejoras instaladas. «Cada comunidad es un mundo, pero normalmente es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Eso sí, ahora con mayoría simple es suficiente, no se puede paralizar la mejora del edificio porque a un vecino en concreto no le parezca bien, lo que agiliza muchos procesos».
«Mi abuela se rompió la cadera al caer por la escalera del edificio y ahora está en rehabilitación casi sin poder salir de casa» José Juan López, familiar de afectados
En cualquier caso, el dinero suele ser el principal problema a la hora de llevar a cabo obras de mejora. De acuerdo con el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, el 62% de los valencianos están de acuerdo con que los edificios sean plenamente accesibles, más de la mitad ve poco probable asumir una derrama por este motivo en su finca.
La ITV de las casas, otro obstáculo para poder hacer obras
Además de los problemas de accesibilidad, la falta de un favorable Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), el conocido como «la ITV de los inmuebles», es el siguiente gran problema de las comunidades con más de cincuenta años de antigüedad.
Pese a que se trata de un documento obligatorio que puede conllevar sanciones, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, María del Mar Rodríguez, afirma que en muchas comunidades no lo llevan a cabo por si la inspección pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo nuevas obras.
