Ni el Ayuntamiento de Alicante ni la Generalitat Valenciana tienen respuesta para Helena y su familia. Esta joven madre con dos niños (de seis años y cuatro meses) y su marido han sido desahuciados este miércoles de su vivienda en Alicante al no poder hacer frente al pago del alquiler. La única persona que ha puesto una solución sobre la mesa ha sido un particular, que tras leer la noticia en INFORMACIÓN, ha ofrecido sufragar personalmente varios meses de un nuevo arrendamiento.
Este martes, una treintena de personas se manifestó frente a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) para tratar de presionar a la Generalitat, con el objetivo de facilitar una solución habitacionala la familia, que cuenta con un informe que acredita su situación de vulnerabilidad. "No hay viviendas disponibles", respondieron, y las que hay están "para reparar". Pese a que Helena y su marido se comprometieron a ocuparse de las reparaciones necesarias, la respuesta sigue siendo "no".
Algo similar les ocurrió a la hora de llamar a la puerta del Ayuntamiento. El gobierno municipal les ofrece una noche de hostal y, posteriormente, alojarse de manera temporal en el albergue municipal. Después de eso, volverán a verse en la calle.
Esta situación resulta especialmente llamativa para Helena y su familia, ya que ambas administraciones disponen de propiedades públicas vacías, pero que no pueden ser entregadas por su mal estado de conservación. "No sabemos qué va a ser de nosotros", aseguran. La joven se quedó sin empleo hace unos meses, cuando se encontraba embarazada, y su pareja no puede trabajar dado que se encuentra en lista de espera para una operación de tobillo.
A pesar de la negativa a ofrecer un techo a esta familia, la Administración dispone de al menos media decena de propiedades públicas vacías en la Zona Norte de Alicante, a escasos metros de donde los cuatro han residido hasta ahora. Sin embargo, estos pisos no se encuentran en condiciones de ser entregados, ya que se encuentran tapiados, abandonados o "sin información sobre su situación".
En 2021, la denuncia de un vecino de Alicante ante el Síndic de Greuges por la desatención del Ayuntamiento a dichas viviendas motivó la actuación del Defensor del Pueblo Valenciano. El expediente tardó varios meses en tramitarse por la demora en las respuestas del Consistorio -entonces dirigido por el PP y Cs- y se zanjó con el compromiso del bipartito de rehabilitar esas cinco propiedades repartidas entre los barrios de Colonia Requena, Juan XXIII y San Antón, varias de las zonas donde la emergencia habitacional es más acuciante.
Dos años después del procedimiento, no se ha producido ningún avance en la rehabilitación de los inmuebles para su puesta a disposición de las personas vulnerables, pese a que algunos de estos pisos llevan más de una década en la misma situación, sin que ninguno de los gobiernos municipales que han pasado por el Salón Azul haya tomado cartas en el asunto.
Solidaridad vecinal
Ante la pasividad de las administraciones, un vecino de Alicante (que pide mantener su nombre en el anonimato) se puso en contacto con Helena después de leer la noticia de su desahucio en INFORMACIÓN.
Este residente le ofrece a ella y a su familia sufragar personalmente la fianza y los tres primeros meses de un nuevo arrendamiento. Una solución temporal que ellos agradecen, pero que por el momento no pueden aceptar dado que pasado ese tiempo seguirían sin poder hacer frente al pago de la renta y volverían a verse en la misma situación.
Por ello, reclaman a las administraciones que dejen de ponerse de perfil ante la gravedad de la situación y busquen una alternativa habitacional para impedir que los hijos de Helena terminen en un centro de menores, dejando a esta pareja además de sin techo, sin familia.
