Un fondo buitre desahucia en Alicante a un matrimonio tras adquirir el piso por el que pagan un alquiler de 400 euros

El Sindicat de Barri de Carolinas se ha movilizado para intentar frenar el desahucio en Alicante de un matrimonio de 61 y 59 años a manos de un fondo buitre, que está señalado para este jueves 13 de julio. La pareja se encuentra en situación de vulnerabilidad y contaba con un contrato de alquiler en vigor hasta el año 2025 por el que pagaban 400 euros mensuales que los ahora nuevos propietarios de la vivienda han considerado poco menos que papel mojado.

Un accidente laboral dejó a Álvaro David López con una discapacidad en el brazo derecho y por la que cobra en la actualidad una prestación de 900 euros. Aunque hace dos años desde que perdió la movilidad de ese brazo, ha pasado por varias operaciones y todavía lo lleva en un cabestrillo. Cuando se inició el proceso para desahuciarle, desconocía que el piso en el que vivía de alquiler con su mujer tiene un nuevo propietario.

"Es imposible encontrar precios de alquiler por debajo de los 1.000 euros y yo no puedo pagar eso", se lamenta Álvaro David. Por el momento, la pareja cuenta con un informe de vulnerabilidad y todavía está pendiente de dictarse un informe de emergencia habitacional, por el que tendrían preferencia a la hora de asignarles una alquiler social. La lista de espera para recibir estos pisos es muy abultada y avanza muy despacio. La comisión judicial tiene fijado el desahucio el próximo jueves 13 de julio mientras que desde el Síndicat se considera que en este caso se cumplen todos los requisitos de vulnerabilidad. La pareja asegura que no tiene ningún sitio donde ir a vivir. "Algunos vecinos han accedido a guardarnos nuestras cosas mientras encontramos algún sitio", señaló Álvaro a este diario. Este miércoles hay prevista una reunión del sindicato con representantes de la EVHA en Alicante para abordar la situación de ésta y otras familias afectadas por desahucios.

Según asegura Álvaro, la única alternativa que le están dando es la de "mandarme al albergue" y mantiene que reclama un alquiler social. "Es imposible que podamos pagar los precios que están pidiendo", unos precios que se están moviendo entre los 1.000 y los 2.000 euros, nada al alcance los ingresos que tiene la pareja.

La pareja llevaba en régimen de alquiler desde 2015 en el piso desde el año en un piso del Pasaje Bañuls de Alicante, junto a la avenida de Alcoy. Sin embargo, el propietario de esa casa la perdió en un proceso de ejecución hipotecaria. El piso salió a subasta y fue adquirida por el fondo buitre Prosil Acquisition.

El Síndicat denuncia que la pareja ha estado recibiendo en los últimos meses las visitas de varios gestores inmobiliarios ofreciéndoles dinero a cambio de marcharse del piso."Estas prácticas mafiosas e ilegales al estar el proceso judicializado buscan influir en la toma de decisiones a la hora de plantar cara y reclamar los derechos que tienen los inquilinos", sostienen. Francisco Llopis, portavoz del Síndicat, aseguró a este diario que la pareja podría acogerse a la moratoria que frena los desahucios aprobada por el Gobierno, que está prorrogada hasta el 31 de diciembre.

Por el momento, hay convocada una concentración frente a la vivienda para tratar de frenar este desahuicio el próximo jueves. De momento no ha habido ningún pronunciamiento del juzgado y el proceso para llevar a cabo el desalojo sigue hacia adelante. El Síndicat asegura que su objetivo es luchar por un derecho a la vivienda real, que en la práctica no existe. "A pesar de las palabras y promesas del gobierno, durante los últimos meses no han parado de comunicarse avisos de desahucio en toda la ciudad. Sobre todo en viviendas de grandes tenedores, fondos buitres y bancos", señalaron.

Desalojos que persisten pese a la moratoria y las huelgas

Casi cinco desahucios al día en la provincia de Alicante durante el primer trimestre del año. Éstos son los datos que refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que sobre el papel, el número de desahucios ha caído cerca de un 54,7 por ciento en la provincia de Alicante respecto al mismo periodo que en 2022, la realidad es que este año había dos circunstancias especiales. Por un lado, el decreto por el que se mantiene la moratoria en la ejecución de los desahucios, que ha estado en vigor desde que comenzó la pandemia y está prorrogada hasta diciembre de 2023. Y por el otro lado, que durante los tres primeros meses del año, los juzgados de la provincia estaban prácticamente paralizados con motivo de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia. En la provincia de Valencia se practicaron 448 lanzamientos, un 35,2% menos que el mismo trimestre del año anterior; mientras que en la de Castellón  bajaron un 21,6%, con un total de 138.

En el total nacional, la Comunidad Valenciana fue la tercera autonomía del país en número de lanzamientos practicados en los tres primeros meses de este año, solo por detrás de Cataluña –con 1.715, que corresponden al 26,1% del total nacional- y Andalucía, con 1.279.  En ese primer trimestre de 2023 en los juzgados de la Comunidad Valencianase ejecutaron 1.010 lanzamientos, cifra que supone una reducción del 45,8% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 1.863. De los 1.010 lanzamientos contabilizados, 675, el 66,8% del total, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 304, el 30%, se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 31 restantes obedecieron a otras causas.

 Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias son los que más bajan en la Comunidad Valenciana, con una reducción del 59%, al pasar de 741 en el primer trimestre de 2022 a 304 en el mismo periodo de este año.

 En cuanto a los lanzamientos por impago de alquiler, experimentaron un descenso del 36%, al pasar de 1.054 entre enero y marzo de 2022 a 675 en el primer trimestre del año 2023.