El Ayuntamiento presenta un control de cuentas de 2022 “técnicamente deficientes” y con más de dos meses de retraso

El desastre de las cuentas municipales es una cuestión que los informes de la Intervención municipal vienen denunciando desde hace tiempo. Si el mes pasado fue vía control interno, esta mañana se ha constatado en la presentación de las cuentas municipales y sus organismos autónomos de 2022 que se ha producido en la Comisión Especial de Cuentas. La oposición la mayoría de la oposición se ha abstenido, salvo Vox que ha votado en contra.

De acuerdo con lo que marca la ley a todos los ayuntamientos, esta comisión se tendría que haber celebrado antes del 1 de junio. El retraso de dos meses y medio no es novedad, porque el interventor municipal indica en su informe dos cuestiones: la falta de personal para poder cumplir con los plazos y lo que es peor, que esa carencia impida, entre otros aspectos, poner en marcha un programa de “contabilidad analítica” de obligado cumplimiento que el Ayuntamiento de Alicante compró en 2019. El documento señala que” solo (se ha implantado) en modo prueba y referido a 2019, por falta de medios personales. Consecuentemente, los cálculos realizables son una simple imputación de gastos”.

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Este módulo de contabilidad está diseñado para que las administraciones locales puedan medir la eficiencia en el gasto público y, en concreto, en los servicios. Se trata de una medida de 2017 y ya se advierte que “los resultados de la memoria son “técnicamente deficientes y no se ajustan a los métodos indicados en la normativa aplicable”. Además, se han detectado posibles ilegalidades porque se presenta la cuenta del consorcio de la televisión sin que estén aprobadas.

Sin control

En la relación de desastres, la oposición ha hecho especial advertencia de la falta de control y la escasa ejecución. Desde las filas socialistas, la portavoz Ana Barceló aseguró que “existe una falta de diligencia del equipo de gobierno del PP” en la presentación de la cuenta general del año pasado. Para la edil, los motivos están en la “sensación de falta de control del gasto” tal y como indica el propio interventor, quien “destaca que la ley obliga a que la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión se debe realizar mediante un programa de contabilidad analítica que el Ayuntamiento no aplica. Por tanto, indica que los datos aportados son técnicamente deficientes y no se ajustan a lo que exige la normativa”.

En este sentido, un primer análisis apunta a que el gobierno de Barcala ha incumplido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, porque “no hay informe de gasto de los servicios públicos ni informe de cada departamento”. Para Barceló, “lo que ha presentado el gobierno del PP es una vergüenza. Han aportado al expediente un folio con unos supuestos indicadores de eficiencia. Un documento sin membrete, que no está firmado por nadie y menos de 10 líneas”.

El grupo municipal socialista lamenta que como en años anteriores y como “viene a decir Intervención, no se acompañan memorias de obligado cumplimiento (lo ha dicho igualmente la Sindicatura de Comptes)”. La portavoz no ha dudado en calificar estas cuentas de “tomadura de pelo y una falta de responsabilidad que lo que aporten sea una escueta nota que no va firmada por nadie, y una memoria del ejercicio 2022 que le tendría que sonrojar al equipo de gobierno y que, desde luego, no cumple lo que establece la Ley de Haciendas Locales”.

En esta línea, pero centrada en la gestión, se ha manifestado la regidora de Compromís. Sara Llobell ha cuestionado la “irrealidad” que presentan las cuentas del PP año tras años, pues no se ha llegado a ejecutar ni el 70%. “Uno de cada tres euros no se ejecuta”, ha comentado. “Esta situación no puede continuar y no podemos permitir que inversiones que estaban previstas se bloqueen sistemáticamente. Con esta pésima ejecución de los recursos públicos se demuestra la falta de responsabilidad política del gobierno de Barcala”.

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Mucho más rotunda ha sido la formación de ultraderecha. Mario Ortolá ha justificado el no de Vox por tres motivos. Para el edil, “el primero de ellos es que prácticamente ninguna de las enmiendas de Vox negociadas y aprobadas con el equipo de gobierno anterior se han ejecutado tal y como se pactaron”. En un segundo punto, el concejal de Vox ha recordado que “a pesar de tener más de 100 millones de euros de remanentes de tesorería y una ejecución presupuestaria de apenas el 62% de un presupuesto de más de 300 millones, se nos ha negado la eliminación del impuesto de la plusvalía y la reducción al mínimo legal del impuesto de circulación, algo que beneficiaría prácticamente a todas las familias alicantinas”.

Para terminar, Ortolá ha concluido que “rechazamos las cuentas porque, tal y como reclama el interventor desde hace años, no tenemos un Plan Estratégico de Subvenciones tal y como obliga la Ley y que evitaría despilfarros y que chiringuitos se lleven sin control el dinero de los alicantinos”.

Por último, el edil de Esquerra Unida Manolo Copé ha reclamado que las cuentas se presenten con mayor antelación para poder realizar su trabajo como oposición. Además, ha criticado que toda la documentación se presente fuera de plazo. "Como ya recordó el interventor, estas cuentas deberían haber estado en el mes de marzo y se están presentando en el mes de agosto. A su vez, fue el propio interventor también fue el que puso en tela de juicio la continuidad del proceso mismo de la intervención si no se ponían más medios a disposición para poder realizar esta tarea". Copé ha avanzado que "nuestro grupo municipal se ha abstenido en la Comisión y mantendrá encuentros con el resto de fuerzas de izquierda para valorar estas cuentas municipales".

Antes de la publicación de la noticia, este diario ha querido conocer la opinión del equipo de gobierno y del concejal de Hacienda Toni Gallego, sin recibir respuesta.