El Gobierno reclama a los municipios ejecutar las zonas de bajas emisiones si no quieren perder las subvenciones

En el escrito, el ministerio señala que "la ley general de subvenciones establece que es obligación del beneficiario de una subvención, entre otras, cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones". Igualmente, establece como causa para el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora "el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención".

Además, añade que las bases reguladoras de estas subvenciones establecen que "las condiciones establecidas en la resolución, incluyendo las modificaciones en los costes inicialmente presupuestados, podrán ser modificadas a solicitud del beneficiario o de oficio, siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención ni supongan un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas". Entre los motivos que se pueden alegar figuran la alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada, la obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades y las penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como beneficiario en la medida en que afecten a la cuantía total a percibir por el beneficiario en los términos establecidos en la convocatoria.

Por otro lado, el ministerio recuerda a los municipios beneficiarios de subvenciones para implantar ZBE que "la modificación de las condiciones establecidas en la resolución habrá de ser solicitada por el beneficiario, en su caso, antes de que concluya el plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda". Pero no bastará con notificarla: "La decisión sobre la solicitud de modificación corresponderá a la Secretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".

Así, el ministerio subraya a unas 200 localidades de más de 50.000 habitantes que "si algún beneficiario de las ayudas pretende realizar una modificación de las actuaciones que suponga alterar las condiciones establecidas en la resolución definitiva deberá presentar una solicitud de modificación, debidamente motivada y firmada".

Además, recuerda que "la solicitud de modificación debe incluir una memoria justificativa de las circunstancias sobrevenidas que impiden llevar a cabo la actuación, así como de que la modificación propuesta no altera la naturaleza u objetivos de la subvención, ni supone un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas". La memoria debe ir acompañada de un "informe detallado de la descripción del alcance de la modificación, un presupuesto detallado donde se indiquen los costes con sus partidas presupuestarias y un cronograma actualizado". Y si, además, se solicita una ampliación de plazo, deberá presentarse adicionalmente un "plan de acciones correctoras".

Por último, el ministerio resalta en su escrito a los municipios beneficiarios de subvenciones europeas para las ZBE que en caso de la posible reversión de actuaciones ya ejecutadas, las actuaciones financiadas deben mantenerse "operativas durante al menos cinco años desde su puesta en servicio". Por tanto, el incumplimiento de este plazo de mantenimiento de la operación o funcionamiento de la actuación subvencionada "obligará a reintegrar la ayuda".

Esta es la respuesta del ministerio ante las decisiones de ayuntamientos, la mayoría en manos de gobierno de derechas tras las elecciones municipales del 28M, de revertir proyectos o anunciar demoras en la implantación de una herramienta para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático con limitaciones al tráfico. La mayoría de los proyectos deben estar ejecutados a finales de este año, según figura en las resoluciones de subvenciones realizadas por el ministerio.

La ciudad de Alicante, que ha recibido unos nueve millones de euros de ayudas europeas para la ZBE, debe tener listos a final de este año todas las iniciativas, salvo la instalación de sistemas de recarga de autobuses eléctricos en cocheras municipales, que tiene de plazo hasta diciembre de 2024. Así, tienen tres meses de margen proyectos como el calmado del tráfico y mejora de la movilidad sostenible en los ejes Gadea‐Soto (3,2 millones), la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte público (2,5 millones), la implantación de la ZBE en el anillo de Gran Vía (2,24 millones), la digitalización del transporte público con pago vinculado a "Alicante se mueve" (1,76 millones), la regulación de la espacios de mercancías (202.000 euros), junto al acondicioamiento de la avenida de Aguilera para la implantación de carril bus exclusivo (297.000 euros).

Elche, por su parte, tiene concedidas subvenciones para un proyecto de transformación digital y sostenibilidad del servicio urbano de transporte de Elche, la renovación y ampliación de catorce autobuses eléctricos de la flota urbana, una estación de recarga para autobuses eléctricos, la ampliación de sistema público de bicicletas, la mejora de infraestructura peatonal, el cierre del anillo del carril bici y mejoras de accesibilidad en paradas del transporte público.

En Benidorm tienen subvencionados proyectos como la adecuación e instrumentación de aparcamientos disuasorios con guiado a plaza, la adquisición de autobuses eléctricos, la implantación de aparcamientos seguros para bicicletas con mejora de señalización mediante metrobici, la puesta en marcha de la ZBE y el sistema de recarga de bus eléctrico en estacionamiento disuasorio de la estación de autobuses.

En Torrevieja, según las resoluciones del ministerio, han recibido fodos para la transformación digital y sostenibilidad del servicio urbano de transportes, la transformación de paradas existentes y el intercambiador central, la adquisición de vehículos de cero emisiones y la estación de carga para doce vehículos eléctricos, además de la implantación de itinerarios peatonales de acceso a la ZBE, junto a medidas de calidad del aire y reducción del ruido.

En Alcoy, por su lado, han conseguido fondos europeos, según el ministerio, para un carril bici estructurante e integrador del Centro Histórico‐Ensanches, la mejora de la accesibilidad en el ámbito de la peatonalización del centro urbano, la electrificación de una parte de la flota de transporte público urbano, la centralización y gestión inteligente de la red de semáforos para la optimización del tráfico, el estacionamiento disuasorio de La Riba y el sistema de gestión de las áreas complementarias para la implantación de la ZBE, junto a la implantación de carril bici en el acceso Oeste y conexión con la red existente y la mejora de la accesibilidad en el centro urbano, en los paseos Juana Moreno, Cervantes y Juana Moreno, además de aparcamientos vigilados para bicicletas.

Por último, el ministerio también ha concedido fondos europeos a Elda para la creación del espacio urbano en la plaza de Arriba y en la plaza Joan Miró, además del acondicionamiento del Paseo de la Mora y el barrio de la Tafalera y la adecuación y reforma de la Plaza Trabajadores del Calzado.

Al margen de la "nota informativa" del Ministerio de Transportes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha acusado también esta semana al PP de orquestar una "seña identitaria e ideológica en contra de la salud pública y la calidad del aire" ante los aplazamientos de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ayuntamientos donde gobiernan.

Los plazos, en el aire en Alicante

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante liderado por Luis Barcala (PP), en respuesta a la carta del ministerio, señalan que se "llegará en el plazo marcado en determinadas actuaciones y se pedirá prórroga para las que no llegue en plazo". Por su parte, desde la oposición, la portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha reclamado al gobierno del PP "celeridad a la hora de definir en qué consistirá la implantación de la ZBE en Alicante, que tiene que entrar en vigor antes de que finalice el año". En ese sentido, ha destacado que Alicante se "podría exponer a perder fondos europeos en caso de incumplir con los compromisos acordados, tal y como ha recordado el Gobierno central a los ayuntamientos, incluido el gobernado por Barcala". "Alicante corre el riesgo de perder fondos europeos por la dejación de Barcala en la definición de la Zona de Bajas Emisiones", ha señalado Barceló. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, insta al "gobierno de Barcala que a cumpla con los proyectos acordados para ejecutar la zona de bajas emisiones en tiempo y forma y nunca sea rehen del negacionismo de Vox". Por último, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha añadido que "la implantación de la ZBE debería acompañarse de más carriles bici y más transporte público, ya que parece que Barcala no quiere incomodar a la ultraderecha que no quiere ni oír hablar de la ZBE".

Las miradas, en Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), se ha defendido por su parte de las críticas de la ministra Teresa Ribera hacia ayuntamientos como el de Elche por aplazar el proyecto de ZBE y "orquestar una seña identitaria e ideológica en contra de la salud pública y la calidad del aire". El regidor popular ha pedido a la ministra que les dejen trabajar y que "se informe bien, que tenga datos, que sea consciente de la situación y no nos falte el respeto a los ilicitanos". Ruz ha vuelto a incidir en que han desmantelado dos viales ciclistas "insostenibles desde el punto de vista del tráfico y con informes de policía que no tenían los anteriores responsables municipales".

En Alcoy, el alcalde socialista Toni Francés no se ha dado por aludido con la carta. "Sí que vamos a cumplir con los plazos. El escrito va dirigido a los ayuntamientos que están deshaciendo las medidas subvencionadas, nosotros no vamos a revertir ninguna obra", ha señalado el alcalde.

Fuentes del gobierno municipal de Elda, encabezado por el socialista Rubén Alfaro, han añadido que el Ayuntamiento "contempla en su planificación el cumplimiento de su compromiso y sus obligaciones para tener redactada y aprobada la ordenanza de bajas emisiones para implantar la ZBE en los plazos fijados por el Ministerio y justificar así las ayudas obtenidas".

Desde Benidorm apuntan que su proyecto de ZBE "está muy avanzado, de modo que en principio no tiene por qué afectar", según el gobierno liderado por el popular Toni Pérez.