La orden de desahucio pende sobre ella como una espada de Damocles y sin embargo no hay perspectivas de que vaya a conseguir un alquiler social a corto plazo. Y todo ello a pesar de que Susana es víctima de malos tratos y tiene a cuatro hijos menores de edad a su cargo, requisitos que ya de por si la colocan en una situación preferente para conseguir un alquiler social.
A pesar de que se ha presentado varias veces en las oficinas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para reclamar una solución, ni siquiera ha conseguido que la atiendan. Tan sólo un correo electrónico, en el que se le indica que "si está inscrito y no ha recibido comunicación por parte de EVHA es porque no ha sido seleccionado en ningún proceso de baremación para la adjudicación de una vivienda del Patrimonio Público de la Generalitat". Una respuesta que para Susana parece más un modelo tipo para contestar a todo el mundo.
Aunque Susana es vecina de Alicante, tuvo que marcharse a Benidorm tras denunciar malos tratos por parte de su expareja. Un caso que se complicó con vulneraciones de la orden de alejamiento y supuestas coacciones por parte de la familia del denunciado, hecho que motivó que tuviera que irse a Benidorm, donde empezó una nueva vida. La mujer denunció que lleva pidiendo el alquiler social desde que se puso en marcha el procedimiento de desahucio. "El propietario de la vivienda en la que vivo murió y su hija es ahora la dueña y quiere el piso para ella", explicó Susana. El juzgado ya le ha dado la razón a la nueva propietaria y es tan solo cuestión de días que desde el órgano judicial se orden el lanzamiento. "He estado mirando alquileres pero piden más de 700 euros. Yo estoy cobrando el ingreso mínimo vital y esos precios no puedo pagarlos", aseguró a este diario. Una situación dramática, pese a la que ni siquiera se ha llegado a presentar informe de vulnerabilidad desde el Ayuntamiento benidormense.
Ansiedad
"Si acabo en la calle, parece que la única respuesta que voy a recibir es que los Servicios Sociales me quite a mis cuatro hijos. Estoy en un estado de ansiedad continuo", aseguró a este diario. Susana recuerda que cada visita que hace a Alicante para hacer gestiones ante Vivienda supone un riesgo para ella, porque puede encontrarse con los familiares de su expareja. "Cada vez que he venido, no me ha atendido nadie. O están de vacaciones, o lo responsables no están aquí", se lamenta.
Diversos colectivos sociales están denunciando las listas de espera de meses y hasta años que tienen estas dependencias para dar los alquileres sociales. Hace meses, desde la Generalitat se anunció la adquisición de viviendas a la Sareb para destinarlos a alquileres sociales. El Consell aseguraba que muchos de estos pisos no se habían adjudicado porque había que reformarlos. Estos colectivos denuncian que los retrasos irán a más tras el relevo en la Generalitat.
