Vox permite a Barcala impulsar el "gobierno paralelo" en Alicante aunque le presiona con las obras y el IBI

Con cuatro direcciones generales «congeladas» por exigencia de Vox y con bronca sindical por anteponer los altos cargos a la implantación de la carrera profesional, una promesa electoral de 2019 que supondrá un aumento salarial de la plantilla que está todavía pendiente de poner en marcha. Así, veinte días después de lo esperado, el gobierno municipal liderado por Luis Barcala consiguió este jueves desbloquear la creación del «gobierno paralelo» del Ayuntamiento de Alicante, con la aprobación de unas necesarias retribuciones [de 82.000 para los coordinadores generales y de 75.000 euros para los directores generales] que quedaron en el aire a principios de mes, cuando los ultras se desmarcaron de la iniciativa por falta de acuerdo, impidiendo su aprobación ante la negativa de la izquierda, que se reiteró en el «no» en la sesión ordinaria de este mes de octubre. 

A este pleno, al igual que iba a suceder en la sesión extraordinaria de principios de mes, el asunto fue por la vía de urgencia, pero había una diferencia determinante: el PP de Barcala consiguió previamente el aval de Vox, a cambio, según se explicó en su intervención la portavoz de la formación ultra, Carmen Robledillo, de «eliminar por el momento» cuatro direcciones generales, las de Servicios Centrales, Innovación, Medio Ambiente y Cultura y Deportes. 

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En un primer momento, como confirmó el ejecutivo del PP, se van a ocupar tres puestos: las dos coordinaciones generales (de estrategia municipal y gestión municipal) y una de las direcciones generales, la relativa al Planeamiento Urbano, que previsiblemente ocupará la hasta ahora directora de la Oficina del PGOU. Los nombramientos son competencia de la Junta de Gobierno, tras la creación por vía decreto de Alcaldía de la estructura organizativa. Así, una vez cubiertos estos tres puestos y con otros cuatro en un cajón por exigencia de Vox, quedarían pendientes seis direcciones generales: Servicios Públicos; Proyectos y Obras; Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía; Turismo, Playas, Comercio, Mercados y Fiestas, junto a Bienestar Social, Educación, Sanidad y Familia.

La defensa de la iniciativa corrió a cargo del concejal de Hacienda, Toni Gallego, quien se limitó a asegurar que Alicante debe «competir en otras ligas», al considerar que «no tener esta estructura» le hacía estar «en inferioridad con otras ciudades». Su intervención no fue sencilla, al estar marcada por la sonora protesta de medio centenar de funcionarios, con gritos y carteles que decían desde «Barcala se burla de la plantilla» a «cumple tu promesa».

Barcala aprueba los sueldos para el "gobierno paralelo" al son de una fuerte bronca sindical

Desde la izquierda, la socialista Ana Barceló lamentó que Barcala «vaya a delegar competencias a sus amigos, no a los más competentes», a través de «designaciones a dedo y no con un proceso selectivo». En esa línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, cargó con dureza contra el gobierno municipal. «Es el PP de siempre, ese sin escrúpulos. Lo traen por la puerta de detrás para crear un engendro político, un gobierno paralelo, con cargos a dedo», señaló Mas, con mensaje directo a Vox: «¿Cómo ha sido el pacto, señora Robledillo? ¿Diez para ellos y dos para ustedes? Venían a quitar chiringuitos y aprueban un gobierno de 1,5 millones de euros. Esto es un atropello y un pucherazo». Por su parte, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, hizo suyo uno de los mensajes de los trabajadores: «Hay dinero para lo que quieren. El equipo de gobierno trae el acuerdo de la mano de Vox para sorpresa de nadie. Metan a Vox en el equipo de gobierno, como han hecho en València».

Pero los ultras, en un intento de evitar ser calificados como la muletilla del PP, también se unieron a la izquierda para dejar solo al gobierno de Barcala en tres asuntos. En la primera ocasión impidieron aprobar un ajuste del IBI para «aclaraciones sobre las bonificaciones por ser familia numerosa», según Hacienda. Las dudas, por tanto, seguirán en la ordenanza. A continuación, Vox permitió aprobar una comisión propuesta por el PSOE para «estudiar el impacto negativo en el comercio que han generado las obras que se han llevado a cabo durante los últimos seis meses en Alicante y establecer medidas a implementar para minorar los efectos». Se espera que el dictamen, con las soluciones, se conozca en seis meses. Por último, Vox se alineó con la izquierda para presionar al gobierno municipal para que abra «inmediatamente» la lista de espera del programa municipal de vivienda pública de alquiler, que lleva cerrada desde el año 2016.

La Generalitat traslada a Adif sus tres condiciones para el desbloqueo de la intermodal del TRAM de Alicante

La alianza contra natura de los ultras con la izquierda en el Pleno de Alicante finalizó ahí. En todo lo demás, la derecha fue de la mano. Así, consiguieron aprobar una declaración institucional para mostrar el rechazo al supuesto recorte de vuelos domésticos en el aeropuerto de Alicante-Elche, una medida incluida en el acuerdo de PSOE y Sumar que, según la Delegación del Gobierno, no afectaría a la provincia. También la alianza PP-Vox permitió rechazar sendas propuestas de la bancada progresista a favor de la adjudicación «inmediata» de la intermodal del TRAM en Alicante. El PP, además de Vox, votó en contra, pese a subrayar su «defensa del proyecto íntegramente», según el edil de Movilidad, quien criticó al anterior gobierno de la Generalitat por ser «incapaz de realizar las obras de la intermodal» y de «generar falsas expectativas pese a que aún no se dispone del terreno».

Ese vínculo entre PP y Vox también se mostró al posicionarse ambos en contra de la iniciativa de Compromís que buscaba instar a la Generalitat a que declare Alicante como ciudad tensionada para intentar frenar la subida del precio de los alquileres. Igualmente, ambas formaciones tumbaron la propuesta de la izquierda con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que tendrá lugar el 25 de noviembre, que entre sus acuerdos incluía el «el compromiso firme con la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como combatir cualquier discurso negacionista y que menoscabe la lucha contra la violencia de género u obstaculice las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. 

El Ayuntamiento recupera la comisión para potenciar la relación con el Puerto

Con la vista en el proyecto que persigue la implantación de macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante, pendiente oficialmente de sentencia judicial tras la denuncia de la promotora por no conseguir licencia, la izquierda municipal logró aprobar la comisión Puerto-ciudad, un ente que no es nuevo y que el pasado mandato de nada sirvió, ya que solo se reunió en una ocasión. 

Con todo, los grupos aprobaron por unanimidad la iniciativa de Compromís, que busca un espacio común «tratar los temas en los que la ciudad y el puerto se relacionen», además de «potenciar un canal de comunicación entre los miembros de la comisión y el Puerto». En la declaración se habla de «amenazas que pueden romper la convivencia y perjudicar el bienestar ciudadano y el desarrollo equilibrado de la ciudad», en alusión directa a la planta de almacenaje de combustible, pendiente del visto bueno de un ayuntamiento que hace cinco años se unió en su contra. 

El Constitucional anula la norma del Consell que impide los macrodepósitos en el puerto de Alicante

El proyecto, mientras tanto, está a la espera de resolución judicial, tras la denuncia presentada por la empresa contra el Ayuntamiento, ya que recientemente el Tribunal Constitucional anuló la norma aprobada por el Botànic para prohibir la planta por su proximidad a las viviendas de la zona sur. 

Del proyecto también se habló previamente, a raíz de una pregunta del portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, quien se interesó por la «instalación de los veinte macrodepósitos de combustible en el puerto urbano, con casi 1.000.000 de toneladas». La palabra la tomó la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien se limitó a contestar a la pregunta, tal y como le requirió el alcalde. La edil dijo que la voluntad del gobierno es el «rechazo a la instalación de veinte macrodepósitos en el puerto», aunque admitió que la licencia en tramitación es para la implantación de seis de los 18 contenedores previstos.

También por unanimidad salió adelante la propuesta de Compromís para desarrollar un plan de salud mental en la ciudad alicantina.

El festivo del 24J, en mano de Sánchez

Tras la reciente polémica por la declaración del 24 de junio de 2024 como festivo autonómico recuperable por parte de la Generalitat Valenciana, el Pleno de Alicante aprobó este jueves casi por unanimidad (solo EU se abstuvo) una propuesta del PP para intentar dar una solución definitiva a la falta de días para que San Juan sea siempre festivo completo. El primero de los acuerdos validados, el determinante, busca que el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat de «forma conjunta planteen al Gobierno de España la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos».

Esta propuesta traslada una doble petición al Ejecutivo central, ahora dirigido en funciones por Pedro Sánchez. Se pretende la modificación del Estatuto de los Trabajadores para «ampliar un día el máximo legal de catorce, pasando a ser quince las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable» y, además, la modificación del Real Decreto sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos para «proveer a las comunidades autónomas de un día de libre disposición para fijar un festivo autonómico a su libre elección».

Aclaramos la duda: ¿por qué el 19 de marzo es festivo en toda la Comunidad Valenciana y el 24 de junio no?

Y es que el galimatías de los festivos impide que el 24 de junio tanto en 2024 como en 2025 sea jornada no laborable. Y todo porque de los doce festivos nacionales, hay nueve intocables. En orden cronológico, son los días de Año Nuevo, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, Todos los Santos, 6 de diciembre, 8 de diciembre y Navidad. Solo hay una excepción: que caigan en domingo. En tal caso, las autonomías pueden decidir entre mover ese festivo al lunes siguiente o «quedárselo» para asignarlo en una fecha que decidan vinculada a sus tradiciones. Sobre los otros tres festivos nacionales, las comunidades sí tienen poder de decisión, aunque limitado en parte. Estos son el 6 de enero, el Jueves Santo y el 19 de marzo, Día del Padre y además jornada grande de las Fallas de València.

El próximo 2024, el único festivo que cae domingo es el 8 de diciembre y la Comunidad Valenciana no lo ha reubicado en el día posterior. Tampoco será festivo el Jueves Santo. De esta manera, el Consell «gana» dos días inhábiles, que ha aprobado utilizar en el 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, y el lunes de Pascua. Así, se ha quedado sin días para que 24 de junio sea festivo autonómico no recuperable. 

Ante esta tesitura, y a la espera de comprobar si la petición al Gobierno de España puede tener algún recorrido, el Pleno de Alicante aprobó designar el 24 de junio de 2024 como festivo local, además del día de la Santa Faz, el 11 de abril.

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