El Colegio de Abogados de Alicante alerta que el acuerdo sobre la amnistía "es un riesgo inasumible para la separación de poderes"

La actualidad política del país está generando muchas reacciones en los diferentes estamentos de la sociedad. La última organización en pronunciarse acerca de la amnistía y del pacto de PSOE con Junts per Catalunya ha sido la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

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Esta institución ha aprobado por unanimidad una declaración en la que manifiesta que "la referencia en el acuerdo entre partidos al término guerra judicial y al control político de las decisiones judiciales supone un riesgo inasumible en la imprescindible separación de poderes y una amenaza a los principios fundamentales de una democracia consolidada y plena".

Según manifiestan desde el Colegio de Abogados, esta declaración está motivada "desde la neutralidad y pluralidad que deben presidir los actos de una Corporación de Derecho público", entendiendo que la abogacía (profesión a la que es obligatorio afiliarse para poder ejercerla) debe velar siempre "por la defensa de los derechos y libertades con respecto a los principios del estado social y democrático de derecho constitucionalmente establecido".

Entienden, pues, que los acuerdos políticos llevados a cabo para conseguir la investidura de Pedro Sánchez repercuten en circunstancias legales y pueden ser un problema para la separación de poderes, asumiendo que el Estado y sus normas "deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley", de acuerdo a lo establecido en el artículo 117.1 de la Constitución Española.

Por tanto, la Junta de Gobierno de ICALI alega que "el Poder Judicial no puede estar sometido a presiones políticas ni a intromisiones que impliquen un riesgo para la independencia judicial", provocándose una quiebra en el aspecto fundamental de la separación de poderes.

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Dicho esto, la declaración institucional que el Colegio de Abogados de Alicante ha elaborado en sesión extraordinaria entiende que estas negociaciones o pactos políticos que arrastran consecuencias y modificaciones en el plano legal "ponen en tela de juicio la independencia de nuestros juzgados y tribunales" algo que, advierten, "es el comienzo de un proceso que llevaría indefectiblemente a poner en peligro el Estado social y de Derecho que como abogacía estamos obligados a defender".