El modelo de Barcala para la Zona de Bajas Emisiones de Alicante choca con la ley, que obliga a incluir prohibiciones

La normativa estatal entiende que estas áreas, por definición, tienen que restringir el tráfico

La propuesta acordada por el PP y Vox plantea una normativa sin ninguna medida

Tráfico denso en el centro de Alicante en una imagen reciente.

Tráfico denso en el centro de Alicante en una imagen reciente. / Jose Navarro

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El modelo «libre de multas» del alcalde de Alicante, Luis Barcala, para la Zona de Bajas Emisiones podría tener un difícil encaje legal, ya que choca con las diferentes normativas estatales que afectan a estas áreas. Pese a que la propuesta acordada por el PP y Vox plantea una normativa vacía de contenido, sin ningún tipo de sanción, tanto el Real Decreto 1052/2022 como la Ley 7/2021 de Cambio Climático establecen, precisamente, lo contrario.

Ambos textos recogen las características generales que deben tener las Zonas de Bajas Emisiones en aquellas ciudades donde Europa exige su puesta en marcha: las de más de 50.000 habitantes o las que superen los 20.000 ciudadanos y cuenten con altos niveles de contaminación. En ambos casos, se crearán estas áreas para controlar el tráfico rodado (especialmente los vehículos más contaminantes) y reducir las emisiones de gases a la atmósfera.

Según el citado Real Decreto, el proyecto de ZBE «deberá incluir medidas encaminadas a impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público». Estas medidas, según la norma, «incluirán prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento, según su potencial contaminante», para lo que se realizará una clasificación de vehículos en función de la cantidad de emisiones producida.

Del mismo modo, la Ley de Cambio Climático también detallan claramente las Zonas de Bajas Emisiones. En su redacción, se definen estos espacios como «el ámbito delimitado por una Administración en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos» con el objetivo de «mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero».

Pese a lo que rezan ambas normativas, muy claras al respecto en su redacción, el gobierno local sostiene que aprobarán la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones únicamente con el objetivo de cumplir con lo exigido por Bruselas, pero que no incluirá en la futura normativa un listado de infracciones ni un cuadro sancionador al respecto para quienes la infrinjan por lo que, en la práctica, esta medida no supondrá ningún cambio en la circulación de la ciudad.

En este sentido, expertos universitarios consultados por INFORMACIÓN apuntan que este tipo de regulaciones municipales «tienen que tener un mecanismo coactivo que garantice su cumplimiento por parte de los ciudadanos», además, señalan que el objetivo de una ordenanza es «delimitar un comportamiento y definir lo que se puede hacer y lo que no» por lo que el hecho de que resulte efectiva «va a depender de su capacidad sancionadora».

Control del Síndic

Sea como fuere, el Ayuntamiento tendrá que aprobar la ordenanza correspondiente a la Zona de Bajas Emisiones antes del mes de julio, después de haber conseguido una nueva prórroga del ministerio que le concede seis meses de gracia para ello.

Una puesta en marcha que se llevará a cabo bajo la atenta mirada tanto de la Sindicatura de Comptes y del Tribunal de Cuentas, que fiscalizarán la puesta en marcha de estos espacios en los municipios donde se lleven a cabo.

Así lo anunció el Síndic, Antonio Mira-Perceval, el pasado mes de noviembre en el Foro Municipalismo. El responsable del órgano fiscalizador avanzó que a lo largo de 2024 se constituirá una comisión para llevar a cabo un control conjunto sobre cómo se implementan estas medidas en las ciudades.

Informes guardados bajo llave

Para justificar su cambio de postura, pasando de anunciar restricciones al ministerio a negar las futuras multas, el gobierno de Barcala ha aludido a una serie de informes técnicos que, teóricamente, avalan la aprobación de una ordenanza vacía de contenido regulador, que no incluya sanciones ni prohibiciones.

Pese a las preguntas de este diario sobre su contenido, el vicealcalde Manuel Villar rechazó revelar más detalles al respecto. Por ello, el PSOE municipal acusó al equipo de gobierno de «esconderse» para no dar explicaciones al respecto y exige al alcalde que dé a conocer el contenido de los documentos en los que basa su postura.

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