¿Me van a multar por usar mi coche en Alicante? Así funcionan las Zonas de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha sido, sin duda alguna, el asunto más comentado de las últimas semanas en el Ayuntamiento de Alicante. Después de que PP y Vox acordasen reducirla a un mero trámite para la aprobación de los presupuestos, la oposición ha cargado contra ambas formaciones por ir en contra de las directrices de Europa y poner en peligro la llegada de fondos europeos. La postura del gobierno municipal, por su parte, es la de «no multar a los alicantinos», para que puedan «circular libremente», según han señalado varios ediles del PP desde que se anunció el pacto con la ultraderecha. Sin embargo, ¿cómo funcionan estos espacios en las ciudades donde ya se están aplicando? ¿Suponen estas medidas contra la contaminación sanciones para los vecinos? 

El modelo de Barcala para la Zona de Bajas Emisiones de Alicante choca con la ley, que obliga a incluir prohibiciones

Se trata de dos preguntas que no cuentan con una respuesta corta, dado que cada municipio está aplicando su propio criterio a la hora de definir las limitaciones que afectan al tráfico. No obstante, todas las localidades donde ya está en marcha la ZBE emplean el mismo sistema para distinguir los vehículos permitidos de los que no: la famosa etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico. Este icono se emplea para identificar el nivel de contaminación de los medios de transporte particulares y los divide en cuatro grupos diferentes: «Cero», «Eco», «C» y «B», ordenados de más a menos contaminantes. En esta clasificación se incluyen desde los turismos más modernos de tipo eléctrico/híbrido, hasta los que cuentan con motor de gasolina desde 2001 y los diésel a partir de 2006. Fuera de estas categorías, por norma general, se restringe el acceso a los vehículos de más de 18 años de antigüedad, en el caso de los diésel, y de más de 23 años, en el de gasolina. Pese a ello, la normativa es más laxa todavía para los residentes habituales de las ciudades. En Madrid, uno de los primeros municipios que contó con su propia Zona de Bajas Emisiones, aquellos vecinos empadronados en el interior del área restringida que hayan inscrito sus vehículos en el censo correspondiente, pueden seguir haciendo uso de ellos, pese a no contar con la pegatina ambiental de la DGT, algo que sí se exige a quienes visitan la ciudad de forma puntual.

En casos como el de Badalona (que según reconocían a INFORMACIÓN fuentes cercanas al gobierno local ha sido uno de los ejemplos tomados por el Ayuntamiento de Alicante) las excepciones van todavía más allá. En la ciudad catalana, al igual que en Barcelona, las restricciones de la ZBE únicamente están vigentes los días laborables y en un horario determinado, entre las 7:00 de la mañana y las 20:00 horas. Además, la ordenanza incluye una nutrida lista de excepciones (personas con movilidad reducida, población con bajos recursos, vehículos extranjeros, servicios de emergencia...) por lo que la afección a los vecinos es todavía menor.

Zonas peatonales

Como se suele decir, «hecha la ley, hecha la trampa». En algunas ciudades obligadas a restringir el tráfico se está aprovechando la falta de concreción de la normativa respecto al área a delimitar para que las ZBE no afecten realmente al paso de vehículos. Es el caso de Elche, la única ciudad de la provincia donde ya se ha dado luz verde a su implementación, donde se ha circunscrito el espacio limitado exclusivamente a las calles ya peatonalizadas, esquivando de esta manera tener que llevar a cabo un mayor control de la circulación.

De las "listas negras" al todo vale: los bandazos de Barcala con la Zona de Bajas Emisiones

En cuanto a las sanciones por circular con un vehículo no permitido por una calle restringida, esta práctica se considera como una infracción grave en la nueva Ley de Tráfico que entró en vigor en marzo de 2022, por lo que implica una sanción económica de doscientos euros (cien en caso de pronto pago), sin retirada de puntos.

Por el momento, cómo será la futura Zona de Bajas Emisiones en Alicante sigue siendo el secreto mejor guardado del gobierno de Barcala, ya que las medidas que se anunciaron en 2021 para solicitar 15 millones de euros en ayudas europeas parece que quedarán en papel mojado después de que Vox haya forzado al PP a dar marcha atrás y prometer una normativa vacía de contenido.

Ni un 10% llega a tiempo

Cerca de 150 municipios españoles están obligados a implementar estos espacios de acceso restringido a vehículos contaminantes. No obstante, por el momento apenas una decena de ciudades han puesto en marcha sus respectivas normativas de la Zona de Bajas Emisiones.

En la Comunidad Valenciana, la capital ha iniciado su implementación por Ciutat Vella, donde el tráfico ya estaba restringido. Por su parte, en la provincia solo Elche ha iniciado el año con una normativa aprobada (que únicamente afecta a calles peatonales) mientras que Benidorm, pese a que ya cuenta con espacios donde se controla el acceso, aún no ha aprobado una ordenanza específica para esta regulación, sino que está en fase de pruebas.