Una familia con dos menores, atrapada entre el desahucio y la falta de alquiler en Alicante

El matrimonio afectado asegura que los servicios sociales le ofrecen el pago de un arrendamiento, pero que no pueden encontrar una vivienda en el mercado libre por su situación actual

El Ayuntamiento asegura que el lanzamiento no se producirá, mientras los perjudicados señalan que no han recibido ninguna notificación al respecto

Familia con menores, atrapada entre el desahucio y la falta de alquiler en Alicante

Pilar Cortés

Alberto Losa

Alberto Losa

Una matrimonio con dos menores tiene prevista una orden de desahucio para este jueves. Un lanzamiento inevitable, ya que el propietario es un particular con acreditadas dificultades económicas, por lo que la ley le ampara en la recuperación de su vivienda. La familia desahuciada, sin embargo, lamenta que las administraciones públicas no le han facilitado una alternativa habitacional y que tampoco pueden alquilar una vivienda en el mercado.

La orden fue sellada el pasado 1 de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Alicante. Y la familia asegura que no puede acceder a otra vivienda a precio de mercado, ya que sus actuales ingresos son únicamente un trabajo a media jornada y la Renta valenciana de inclusión: "No quiero vivir de ayudas, pero no tengo posibilidades. Yo quiero pagar un alquiler, pero no puedo. Nadie me quiere alquilar en nuestra situación. La solución que me daban desde los servicios sociales del Ayuntamiento era que me pagaban el alquiler, pero si nadie quiere alquilarme no me pueden pagar. No tenemos a dónde ir", explica Isabel López, afectada.

La Concejalía de Acción Social les entregó este lunes un informe en el que se reconocía la vulnerabilidad de esta familia. En el mismo documento, se apunta que "los servicios sociales municipales no disponen de medida habitacional destinada a satisfacer la necesidad estable de una vivienda digna a las personas afectadas". Puesto este medio en contacto con el gobierno local, ha expresado que los afectados recogieron el lunes un informe de suspensión del desahucio "en el Ayuntamiento", no en el Juzgado. Tras solicitar este medio dicho informe o sus detalles, el gobierno local no los facilitó argumentando que el técnico responsable ya no estaba en su puesto de trabajo, pero subrayando que el desahucio no se ejecutaría.

Algo que niega la familia, que señala que no ha recogido tal informe. La situación de esta familia es delicada, ya que una de sus hijas acude a tratamiento psicológico por un trastorno depresivo surgido a raíz del posible desahucio.

"Nuestro problema ha sido confiar en el sistema. Cuando empezamos con el desahucio, fui a todos los sitios. La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) nos decía que había mucha gente en la misma situación. Yo empatizo con ello, pero tengo dos hijas. Me he movido para que me den una solución y no me la da nadie. A una de mis hijas, todo esto le está afectando bastante", relata Isabel López, quien subraya que "habría sido mejor que me dijeran que no podían hacer nada, aunque pensara que el sistema no funciona, porque así no habría perdido el tiempo".

Vulnerabilidad

Desde la plataforma Stop Desahucios de Alicante subrayan que la situación de esta familia es "muy grave", como expresa su portavoz, Susana García: "Esta familia tiene toda la documentación, ha llevado su caso al defensor del pueblo y tiene vulnerabilidad severa. Lo que ocurre es que el propietario, que es un particular, no un gran tenedor, también tiene vulnerabilidad, así que es lógico que recupere su propiedad. El tema es que la administración no ha hecho nada. No había que haber dejado que se llegara a este extremo. Situaciones como esta pasan habitualmente, pero el ciudadano tiene miedo de denunciar a la administración por si luego tienen problemas para solicitar cualquier ayuda".

García apunta que este desahucio es traumático por la situación de la familia: "Es traumático para la familia y para nosotros porque nos sentimos impotentes. Hay dos menores, una en tratamiento psicológico", y cuestiona que se pueda paralizar "porque la parte demandante, el propietario, también tiene situación de vulnerabilidad".

La concejala socialista Silvia Castell ha considerado que "es increíble que los servicios sociales, siendo conocedores del desahucio inmediato, no emitan un informe de valoración de urgencia habitacional para la adjudicación urgente de un recurso habitacional del EVHA". En ese sentido, ha cuestionado que se limiten a informar de que no disponen de medidas habitacionales para cubrir la necesidad estable de vivienda digna y no se ofrezca a los afectados ninguna alternativa ni ayuda hasta que el EVHA o el propio Ayuntamiento pueda ofrecer una vivienda. 

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