Alicante podría ingresar entre uno y tres millones con las entradas para el castillo de Santa Bárbara

Esta semana, el Ayuntamiento de Alicante ha abierto la puerta a cobrar entrada para acceder al castillo de Santa Bárbara. La fortaleza, que es el monumento histórico con más visitantes de toda la Comunidad Valenciana, recibió a más de 800.000 personas el pasado año, marcando un récord absoluto en su historia y superando incluso las cifras estimadas para el 2023. Unos datos que, teniendo en cuenta las tarifas que se aplican en baluartes similares, podrían suponer en el futuro entre 1,2 y 3,5 millones de euros de ingresos para las arcas municipales.

El ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala trata de recuperar ahora una iniciativa que ya se barajó durante el pasado mandato, cuando el PP gobernaba en bipartito con Ciudadanos. En un informe técnico del Patronato de Turismo, que dirigía entonces la que fuera vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), se señalaba que se había dado inicio al expediente «de aprobación de una tasa de entrada a la fortaleza».

Pocos días más tarde, el equipo de gobierno aparcó la medida. El portavoz durante el pasado mandato, Antonio Manresa, reconoció que su tramitación se encontraba incluida en los documentos como «una posibilidad» pero que, en la práctica, había sido «paralizada».

Ahora, más de dos años después de aquel intento, el gobierno de Barcala vuelve a poner la propuesta sobre la mesa, aunque con condiciones: no afectará a los vecinos de la ciudad de Alicante. Aunque la medida todavía se encuentra en una fase «muy embrionaria» según la actual portavoz, Ana Poquet, el ejecutivo del PP afirma que, de acabar implementándose, se hará siempre de forma que no afecte a los alicantinos.

La posibilidad de cobrar entrada fue bien recibida por los grupos de la oposición, que consideraron que podría contribuir al propio mantenimiento del castillo, aunque impusieron sus matices. El PSOE reclamó que fuera exclusivamente para turistas, tal y como defiende el Ayuntamiento. Compromís y Esquerra Unida reclamaron ir más allá y aplicar una tasa turística con carácter general y Vox advirtió de que, de cobrarse la entrada, los ingresos deberían repercutir igualmente en Santa Bárbara, para que luciera siempre un aspecto impecable.

Precios

Fuentes municipales han confirmado a este diario que, de los más de 800.000 visitantes que conocieron el castillo de Santa Bárbara el pasado año, en torno a un 68% (unos 550.000) fueron turistas extranjeros. Del resto, aunque en estos momentos no se dispone de cifras desglosadas por procedencia, se estima que una gran mayoría se corresponde con personas que no están empadronadas en la ciudad. De esta forma, contando únicamente con los turistas extranjeros y teniendo en cuenta que en monumentos similares de toda la Comunidad Valenciana se cobra una tarifa de entre tres y cinco euros, Alicante podría ingresar en torno a 1,2 millones (en el caso de que se aplicase el precio más bajo) y hasta 3,5 millones, si se optase por una tarifa cercana a los cinco euros. Unas cifras que aún serían superiores si se incluyese en la estimación a los visitantes nacionales que no residen en Alicante, pudiendo incrementarse entre 750.000 y 1,2 millones de euros adicionales.

Por el momento, la Concejalía de Hacienda continúa estudiando la mejor fórmula para poder aplicar la medida, que podía contribuir a mejorar el mantenimiento, la accesibilidad y la seguridad de un icono indiscutible de Alicante.

Otros castillos

La propuesta de que las entradas para visitar Santa Bárbara sean de pago no es una novedad. En otros baluartes de la Comunidad Valenciana, la fórmula se aplica desde hace años, con todo tipo de precios y requisitos para su exención. Entre los monumentos fortificados más conocidos que cobran para poder ser visitados, se encuentran los castillos de Guadalest, Castalla, Sax y Villena en Alicante; el de Xàtiva, en Valencia; y los de Peñíscola y Morella, en Castellón.

Estas fortalezas reclaman a los turistas importes de entre tres y cinco euros por visitantes, aunque contemplan diversas exenciones para personas con movilidad reducida o niños, entre otros.

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