Protesta de los centros de atención a la discapacidad de Alicante por los retrasos en los pagos

Los centros de atención a personas con discapacidad, concertados con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, se enfrentan constantemente a retrasos importantes en el pago del mantenimiento mensual, según denuncian en un comunicado.

Así, hasta finales del mes de mayo no han empezado a percibir las mensualidades del año 2024, "estando hasta el momento sin cobrar el 100% de lo adeudado". Una situación que afectaría a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

"Este hecho es un incumplimiento total de las condiciones de los conciertos y, lo más importante, pone en peligro la capacidad de los centros para ofrecer atención y apoyo continuo a quienes más lo necesitan", señalan en el comunicado.

Indican también que la situación no es puntual pues aseguran que ya el año pasado el Consell se demoró en los pagos, lo que "compromete la provisión de servicios esenciales, incluyendo terapias, actividades recreativas y atención psicológica especializada".

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Protesta

Ante esta situación, la Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante ha convocado una protesta ante los centros después de haber estado cuatro meses sin cobrar para que esta situación no se vuelva a repetir pues afecta en la provincia de Alicante a unos dos mil usuarios de unos sesenta centros y asociaciones que ofrecen desde centros ocupacionales a atención temprana.

Las movilizaciones han tenido lugar de 10 a 11 horas a las puertas de cada uno de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual, de la provincia de Alicante "para visibilizar la difícil situación que se está viviendo por la gestión de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda". Ha sido el caso de Aspanias, a favor de personas con discapacidad intelectual de Elche.

Impagos

"Los impagos obstaculizan la planificación a largo plazo y ponen en riesgo la sostenibilidad de programas que son fundamentales para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Esto no solo afecta la calidad de vida de las personas usuarias, sino que también genera incertidumbre entre el personal dedicado y comprometido con su bienestar. Es muy difícil trabajar cuando la entidad te adeuda más de cuatro meses de nóminas, impidiendo que puedas hacer frente a tus propios gastos, hipotecas, comida, luz,….", señalan las entidades convocantes.

"Este hecho, que ya de por sí es muy grave, se une a centros que todavía siguen infrafinanciados con pérdidas anuales de más de 40.000 €", como es el caso, según UPAPSA, de un piso de respiro familiar, emergencia y acogimiento único en la Comunidad Valenciana.

Proveedores

La Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante también se queja de que hay proveedores que han empezado a presentar denuncias y reclamaciones contra los centros al no hacer frente al pago de los suministros, según ha indicado su gerente Mariluz Arbolí.

También se quejan de revisiones comprometidas de incremento de módulos en los conciertos para que se contemple el aumento salarial pactado en el 2023 y "nuevas normativas que cargan considerablemente a los servicios de funciones ajenas a la atención directa y que suponen una carga administrativa y económica más a las asociaciones, que no se refleja en la financiación de los conciertos"-

"Una situación que está abocando al deterioro del servicio de calidad que siempre ha caracterizado a nuestro sector en la atención a las personas con discapacidad".