Quince mil docentes de la concertada piden mejorar sus condiciones laborales

Sindicatos afean el retraso de la conselleria en negociar las plantillas, los fondos públicos que reciben los centros privados y las mejoras salariales 

Concentración de la concertada en imagen de archivo

Concentración de la concertada en imagen de archivo / Antonio Amorós

A. Fajardo

A. Fajardo

La Conselleria de Educación tiene a más de 15.000 docentes de la enseñanza concertada de la Comunidad Valenciana a la espera de mejorar sus condiciones laborales (en la provincia de Alicante existen 90 centros privados sostenidos con fondos públicos). Una reivindicación que se suma a la que también lleva realizando durante todo el año la escuela pública dentro de sus numerosas protestas por las nuevas políticas educativas del Consell de PP y Vox.

En concreto, pese a que el curso escolar ya ha finalizado, los profesores de la concertada han alzado la voz, a través de los sindicatos, porque siguen a la espera de negociar con la Administración autonómica las resoluciones de los conciertos, así como de las nuevas plantillas, que estaba prevista que se iniciara en septiembre de 2023. Además, los docentes están pendientes que se desbloquee el borrador de la orden de pago delegado, una herramienta clave para regular los nuevos permisos de conciliación, sustituciones y todo lo que conlleva la financiación de los centros concertados.

El sindicato UGT denunció este lunes «el desprecio» de la Conselleria de Eduación hacia el personal de la enseñanza concertada por todas esas asignaturas pendientes de resolver que también fueron confirmadas por la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), la plataforma que representa a la concertada. Por su parte, desde la Administración autonómica rehusaron a hacer declaraciones al respecto.

Estos profesores, que en Alicante vienen a dar clase en un 30% de los centros educativos existentes, también sufren el retraso en la convocatoria de las plazas de audición y lenguaje para saber si continuarán o no en el centro, además de la resolución de los «Programas de Apoyo a la Mejora», según advirtieron desde FSIE. A estos problemas actuales se suman los arrastrados por la anterior Administración autonómica que estaba en manos del Botànic. La negociación de las plantillas, en concreto, las de Educación Especial y Formación Profesional (FP) está bloqueada, según confirmaron ambos sindicatos, lo que hace que los centros trabajen con personal que solo cubre las horas curriculares. Según FSIE, salvo en escasas excepciones, el número de trabajadores para los centros concertados se ha mantenido prácticamente idéntico desde su implantación en 1996

UGT ha lamentado que también sigue en el cajón el módulo de funcionamiento, congelado desde 2009, y del que dependen los sueldos del Personal y Administración de Servicios (PAS).

Un colegio de la Comunidad Valenciana

Un colegio de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Brecha salarial

Por todas estas cuestiones, este sindicato ha tachado de «inaceptable la falta de talante mostrado por la Conselleria de Educación» y ha acusado al departamento dirigido por José Antonio Rovira de «ningunear» a la concertada, un sector, cuyos profesores llevan años sufriendo una brecha salarial de hasta 500 euros, respecto a sus homólogos en otras comunidades autónomas, según UGT.

Y es que desde el cambio de color político en el Consell, se han tratado exclusivamente temas que venían impuestos por la legislación, tales como el arreglo escolar o la modificación del currículo, pero «ninguno de los temas importantes y que conllevan carga presupuestaria». En esta línea, desde FSIE también han reivindicado alcanzar la homologación social y salarial con los compañeros de la enseñanza pública mediante el complemento de formación (sexenios).

Una de las principales inquietudes de los docentes tiene su origen en la aprobación de la orden 2/2019 en relación con el Pago Delegado. En este sentido, la aplicación de la norma ha conducido a un aumento de la litigiosidad de un 1.500% en demandas judiciales, referidas a reclamaciones de salarios, lactancia, trienios y paga de antigüedad, según han informado desde FSIE.

A esta situación, esta fuerza sindical añade que más de un 98% de estas reclamaciones son favorables a los trabajadores por lo que la Administración acaba abonando un 10% adicional de intereses por mora a lo que hay que añadir el incremento de gasto público derivado de la judicialización de estos procesos.

FSIE inició trabajos técnicos con la anterior administración para minimizar los efectos no deseados de esta orden, con lo que ha urgido al departamento de Rovira avanzar en una nueva regulación.

Protesta de la pública

La mejora de las condiciones del profesorado de la enseñanza pública ha sido, precisamente, una de las cuestiones que ha echado a la calle a los docentes durante este pasado curso en toda la Comunidad Valenciana. Entre otras cuestiones, han venido reivindicando incrementos retributivos, la reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, el aumento de las plantillas, una bajada generalizada de ratios, así como medidas para atender la salud laboral del profesorado. Este asunto tiene revueltos a miles de profesores de diferentes puntos de la geografía española donde se han iniciado protestas para pedir una equiparación salarial con la escuela pública.

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