Incertidumbre entre los ayuntamientos por cómo aplicar la nueva ley de viviendas turísticas del Consell

La nueva ley de Vivienda Turística para la Comunidad Valenciana pone sobre la mesa una batería de medidas para poner coto a aquellos alojamientos ilegales o alegales y a los problemas de convivencia que generan en los municipios. Precisamente, la normativa establece la posibilidad de que los ayuntamientos asuman las competencias para inspeccionar o sancionar a los alojamientos que la incumplan y que esa recaudación se quede en las arcas municipales. Una cuestión que genera incertidumbre entre las administraciones locales por no conocer aún todos los detalles. Los gobiernos aplauden la puesta en marcha de este decreto pero esperarán a leer la letra pequeña del mismo para tomar una decisión sobre si se acogen a esta cuestión o no.

Así lo han manifestado a este diario varios municipios en el litoral de la provincia. Una parte de ellos ya habían comenzado a tomar medidas en el ámbito municipal para intentar regular y controlar la proliferación de viviendas de uso turísticos que se ha dado en los últimos años y que están generando problemas en algunos barrios donde ahora el acceso a la vivienda es un problema. ¿Es positiva la nueva ley que se ha puesto sobre la mesa de manos del Consell? La respuesta de todos es sí, pero hay quien pone matices.

Los ayuntamientos apenas han tenido tiempo de estudiar a fondo el texto que la consellera de Turismo, Nuria Montes, desgranó de manera general en la presentación del pasado jueves. Así que ahora están en eso, en leer todas las cuestiones y ver cómo encajan en la gestión municipal.

En Benidorm, el alcalde y presidente de la Diputación, Toni Pérez (PP), ya calificó el mismo día de conocer el nuevo decreto que era "valiente" y que daba precisamente a los ayuntamientos herramientas para abordar una realidad. La concejala de Urbanismo de la ciudad, Lourdes Caselles, explica a este diario que "es bueno porque se va a poder sancionar a aquella oferta alegal o ilegal y proteger a los que sí cumplen con las normas". Así destaca que "no se va en contra de la vivienda turística, sino de los que no cumplen". Pero aún no puede avanzar qué hará el consistorio benidormense: "El Ayuntamiento estudiará el nuevo decreto para ver si se acoge o no" a él. Así apunta que "es muy positivo y responde a la demanda del sector".

Ayuntamientos como el de Alicante o Torrevieja también se pronunciaron sobre el mismo. En el primer caso, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), ha vuelto a ceñirse a que "es el mejor momento para abordar la regulación y el control de los apartamentos turísticos porque todas las administraciones están alineadas en la misma dirección". Ahora, como todos, se analizará al detalle la nueva normativa para ver cómo se puede desarrollar de la manera más eficaz posible. Además recuerdan desde la administración local que ya se ha encargado un riguroso estudio para conocer al detalle, y barrio por barrio, una radiografía de situación de la vivienda turística en la ciudad que se espera que esté listo en septiembre.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), también destacó tras presentarse las ventajas de esta nueva normativa, y avanzó que "en cuanto se publique será el momento de analizar esa decisión, pero sin duda, nos permite una gran ventaja a los municipios, como es poder elegir lo que nos sea más conveniente para mejorar la gestión de los alojamientos turísticos".

Desde Elche, el Ayuntamiento gobernado por el PP afirma que, como el resto de municipios, "se está estudiando el decreto para ver todo lo que recoge y tomar una decisión". En Santa Pola, la alcaldesa Loreto Serrano, calificó como fundamental esta norma. El municipio preparaba ya una especie de reglamento pero ahora tendrán un marco base para ello.

Altea o Calp piden medios

Altea, donde gobierno PSOE y Compromís, fue uno de los primeros municipios en tomar medidas para abordar la problemática de la vivienda y la proliferación de los alojamientos turísticos. El Ayuntamiento aprobó en enero de este año suspender la concesión de autorizaciones de uso para viviendas turísticas hasta 2025; es decir, no habrá por ahora nuevos alojamientos de este tipo mientras se estudia la situación actual para intentar encontrar un equilibrio entre esta actividad económica y la vida de los ciudadanos. A ellas se sumaron Polop, Calp y La Vila está planteándolo.

El concejal de Urbanismo de Altea, José Orozco, explicó que "aún no hemos podido estudiar en profundidad" el nuevo decreto pero fue crítico: "La responsabilidad que tiene que tener conselleria, que es quien tiene la competencia, la está pasando a los ayuntamientos", en referencia a la posibilidad de que se asuma por estos la inspección e infracciones. "Tendremos que ver si se dan recursos para poder afrontarlo o no. Es una delegación de competencias que tendremos que ver la letra pequeña y si nos conviene o no". Así indica que el Consell es quien traspasa el trabajo a los consistorios "cuando ya vamos cargados" por lo que "se necesitará dotar de personal para que se aplique de manera efectiva".

El edil alteano recalcó que asumir esas delegaciones "no es obligatorio", así que se estudiará a fondo. Eso sí, indicó que "lo que nos preocupa es qué inspecciones más va a hacer el Consell y qué recursos va a poner" para ello. "Hay cosas buenas que tiene la ley pero hay que ver cómo se desarrolla todo", añade. Mientras, Altea sigue con el proceso para crear un mapa barrio a barrio de la situación actual del municipio en este sentido, unas conclusiones que servirán para poder regular este tipo de alojamientos.

En Calp, el Ayuntamiento (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ya tomó la decisión de suspender licencias para que los locales comerciales no pudieran convertirse en viviendas turísticas. La alcaldesa Ana Sala indicó sobre el nuevo decreto que "los técnicos están leyendo y lo están mirando los responsables de cada departamento" para "ver cómo afecta al Ayuntamiento" y, sobre todo, "cómo va a repercutir de cara al ciudadano que es lo más importante".

Sala se pronuncia en el mismo sentido que el concejal de Altea: "Nos dejan el peso de las decisiones a los ayuntamientos y los recursos y los medios que tenemos son los mismos. Si nos delegan las competencias, generarán otro problema para la administración local igual que ha pasado con el Edificant". La alcaldesa destacó que la normativa presentada tiene aspectos positivos pero "ahora mismo no tenemos capacidad técnica ni económica para poder inspeccionar o sancionar. O nos dan más financiación o nos subvencionan, porque si no, no podemos hacerlo".

Apoyo de otros municipios

La Vila Joiosa es otra de las localidades que está estudiando suspender la concesión de nuevas licencias de "manera preventiva" como han hecho otros municipios mientras se planteaba cómo regula este sector. Por ejemplo, que no se puedan abrir en comunidades de propietarios hasta que se ofrezca seguridad jurídica pero que, también, ordene el alojamiento turístico y evite actividades ilegales, al tiempo de anticiparse ante un posible crecimiento desmesurado. Tras conocer el decreto, el alcalde Marcos Zaragoza (PP) aseguró que el mismo es "necesario" y es "muy positivo" para los municipios. Aunque, como todos, aún no ha dado tiempo a estudiarlo a fondo.

En l'Alfàs del Pi, el concejal de Turismo, Luis Morant (PSOE), destacó que la nueva normativa "sin duda es beneficiosa" y que los ayuntamientos puedan asumir esas delegaciones "será positivo porque se podrá trabajar sobre un negocio que es ilegal y eso repercutirá sobre las arcas municipales". En la localidad, "hasta ahora el trabajo se hacía solo por la Policía Local pero luego pasaba al Consell. Si ahora se revierte en nosotros es positivo". Aunque no confirmó qué hará la localidad alfasina sobre asumir esas competencias, sí explica que "tenemos una reunión para estudiar y ver qué podemos hacer" y tomar una decisión.

Desde El Campello, la concejala de Turismo, Marisa Navarro (PP), afirmó que "ya era hora de que alguien pusiera orden en este tema. El Botànic concedió indiscriminadamente licencias de viviendas turísticas, sin ningún tipo de supervisión. Por eso, los pueblos turísticos estamos desbordados ahora". Así considera que se ha puesto "por fin un poco de coherencia. Estudiaremos detenidamente el decreto para ver qué medidas adoptamos, en la línea de ordenar la situación".

Suscríbete para seguir leyendo