Vox presiona al PP de Mazón para que declare como BIC la Cruz de los Caídos de Alicante

De nuevo, a vueltas con los vestigios de origen franquista. El grupo parlamentario de Vox ha registrado una proposición no de ley ante las Cortes Valencianas para que se promueva la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos de Alicante, situada entre los paseos de Soto y Gadea, junto al parque de Calvo Sotelo. Con la iniciativa, los ultras presionan al PP de Mazón con un asunto ligado a los vestigios de origen franquista.

En este caso, la Cruz de los Caídos, construida en Alicante al término de la Guerra Civil para recordar a los muertos del bando sublevado, cambió su inscripción original durante el mandato de José Luis Lassaletta al frente del Ayuntamiento, pasando a dedicarse a todos los caídos. "A todos los hombres y mujeres que murieron en defensa de sus ideales" es la actual inscripción. 

La petición llega unos dos meses después de que Vox, por orden de la dirección nacional del partido, rompiera el gobierno de coalición con el PP de Vox. Durante ese año en el Consell, los ultras, a través del vicepresidente Vicente Barrera, ostentaba las competencias de Cultura, la conselleria encargada de tramitar los BIC.

La propuesta parlamentaria de Vox, firmada por la alicantina Ana Vega y por el portavoz José María Llanos, explica que el artículo 46 de la Constitución Española dispone que "los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”. Y la Comunidad Valenciana, según añade, en su Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, hace referencia a "la protección de los Bienes de Interés Cultural Valenciano, que son aquellos que, por sus singulares características y relevancia para el patrimonio cultural son objeto de las especiales medidas de protección, divulgación y fomento que se derivan de su declaración como tales".

Dicha Ley, tal y como apuntan, "dice que la declaración [como BIC] se hará mediante decreto del Consell, a propuesta de la Conselleria competente en materia de cultura, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 6 de la Ley del Patrimonio Histórico Español respecto de los bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la administración del estado o que formen parte del patrimonio nacional” y, por tanto, es deber de la Comunidad Valenciana "tutelar una protección eficaz del Patrimonio Cultural de todos los españoles ubicado dentro del territorio". 

La propuesta recuerda que la citada Cruz de los Caídos "es un monumento de la ciudad de Alicante inicialmente se denominó Monumento a los Caídos por España y por la Patria". "Una vez terminada la guerra se decidió hacer un monumento por todos aquellos que dieron su vida por España en el bando nacional. Esto ocurrió el 21 de abril de 1939. Finalmente, siendo alcalde socialista José Luis Lassaletta se decidió que esta obra debería conmemorar no solo a los caídos del bando nacional sino también a los caídos en el bando republicano, así pues, se decidió que en la inscripción de la cruz se mencionara a todos los fallecidos".

Así, Vox pide a las Cortes que insten al Consell de Mazón para que "proceda, a la mayor brevedad, a que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1998 tutele una protección eficaz de la Cruz de los Caídos, en cumplimiento de su obligación, señalada en el artículo 46 de la Constitución de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran". Y, en ese objetivo que defienden los ultras, reclaman "iniciar la declaración como BIC de la Cruz de los Caídos de Alicante".

Más polémicas

Este monumento de origen franquista ha sido centro de la polémica durante los últimos años. En el gobierno del tripartito, el alcalde Gabriel Echávarri (PSOE), al igual que el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, descartaron la opción de trasladar la construcción de la época franquista, incluida en el Catálogo de Protecciones, que hoy, casi una década después, sigue aún pendiente de aprobación definitiva. Ese debate lo reabrió el entonces vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, quien discrepaba del criterio de los técnicos de su área de proteger el monumento de la época franquista y se abría a buscar otra ubicación para el monumento por su visibilidad en la ciudad. En aquel momento, el que era portavoz municipal y hoy alcalde, Luis Barcala, se mostraba contrario al posible traslado del monumento, que ya se planteó hace casi cuarenta años coincidiendo con las obras del aparcamiento subterráneo de la avenida de Maisonnave. 

Seis años después, fue el Consell del Botànic el que volvió a poner la cruz en el centro de la polémica, al incluir la Cruz de los Caídos en el Catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura en el ámbito de la Comunitat Valenciana, lo que sobre el papel obligaba al Ayuntamiento de Alicante a retirarla, como otros vestigios, entre ellos, el escudo del águila de San Juan que aún resiste en el edificio del Banco de España, aunque su eliminación está ya prevista.

Tramitación

Según el reglamento de las Cortes, las proposiciones no de ley deben presentarse por escrito a la Mesa que, oída la Junta de Síndics, decidirá sobre su admisibilidad; ordenará, en su caso, la publicación y acordará la tramitación ante la comisión competente o ante el Pleno, en función de que se trate de iniciativas de tramitación ordinaria o iniciativas de tramitación especial de urgencia.

Las proposiciones no de ley de tramitación ordinaria se sustanciarán en comisión y, una vez publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes, estarán en disposición de ser incluidas en el orden del día. Una vez publicadas, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la comisión.

Las proposiciones no de ley serán objeto de debate, en el que podrán intervenir, tras el grupo parlamentario autor de la iniciativa, un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas, respetando el orden de presentación en registro, y a continuación, de nuevo el representante del grupo parlamentario autor de la proposición no de ley para la aceptación o no de las enmiendas. Seguidamente intervendrán los grupos parlamentarios que no hubieran presentado enmiendas, para fijar su posición, sometiéndose finalmente a votación la proposición no de ley, en su caso, con las enmiendas aceptadas por el proponente de la iniciativa.