Unas 10.000 familias en lista de espera para una vivienda social en la provincia de Alicante

Alrededor de 10.000 familias de la provincia de Alicante están a la espera de una vivienda social. La cifra global oscila entre los 8.800 usuarios y los 11.000, dependiendo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que se tenga en cuenta. El número de demandantes de un alquiler social o compraventa en el parque público de la Generalitat ha pasado de 4.668 familias en enero de 2023 a unas 10.000 en la actualidad. Se trata de personas que carecen de recursos, están en desempleo o con trabajos precarios y no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre, por lo que optan a una pública en régimen de alquiler o de compraventa. El perfil de las personas en lista de espera es muy diverso: desde familias monoparentales, hasta trabajadores con bajos ingresos, migrantes, personas con discapacidad y ancianos que requieren asistencia social urgente. Es cierto que esta situación afecta sobre todo a familias de bajos ingresos, pero cada vez está llegando a personas de clase media que sufren las consecuencias de la subida de precios en el mercado inmobiliario y encuentran cada vez más difícil costear una vivienda digna.

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La comarca de L´Alacantí concentra la mayor parte de demandas de vivienda pública de la provincia de Alicante. Solo en la ciudad de Alicante hay un total de 4.315 solicitudes. Le sigue San Vicente del Raspeig con 2.061 registros y Sant Joan d´Alacant con 1.595. Se da esta circunstancia en el momento en el que el precio de los alquileres sigue aumentando con fuerza en la provincia de Alicante, marcado por el fuerte desajuste que, según los profesionales, se produce entre la oferta y la demanda. Especialmente, en aquellas poblaciones o barrios más dinámicos como ocurre con la comarca de l´Alacantí. En el resto de comarcas, el reparto está dividido de una forma proporcional, siendo El Comtat una de las comarcas con menor demanda de solicitudes a un alquiler social o compraventa. Por el contrario, los municipios más pequeños son los que concentran menos solicitudes de vivienda social como por ejemplo Daya Vieja, Cañada o Gaianes con una sola persona que ha formalizado la inscripción cumpliendo los criterios establecidos.

El número global de demandantes de un alquiler social en el parque público de la Generalitat Valenciana asciende a alrededor de 30.000 familias, de las que 10.000 son alicantinas. Estos datos se han dado a conocer a través de la respuesta ofrecida por la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, al grupo socialista en las Cortes, donde se pone de manifiesto que las cifras no dejan de aumentar ante la crisis habitacional provocada por factores como el encarecimiento de los alquileres y la falta de construcción de nuevas viviendas públicas.

En este escenario, es común encontrar familias que han pasado años en listas de espera, en muchas ocasiones sin saber los motivos por los que no reciben sus viviendas. Estas familias suelen vivir en condiciones precarias: viviendas de alquiler con costos desmesurados, habitando con familiares o, en los peores casos, en asentamientos informales o al borde de la calle. Además, las historias de quienes esperan una vivienda social son desgarradoras. Hay familias que han pasado más de cinco años en espera sin recibir respuesta clara. Por ejemplo, algunas familias numerosas, o con personas dependientes, se enfrentan a situaciones muy difíciles al no poder adaptarse a espacios reducidos o inseguros mientras esperan una solución.

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Consciente de que, además, la falta de una vivienda adecuada tiene un impacto profundo en la estabilidad emocional y psicológica de estas familias y con el objetivo de disminuir las listas de espera a las familias con más vulnerabilidad social en la Comunidad Valenciana para que puedan disponer de un techo donde encontrar refugio y seguridad, la Conselleria que lidera Susana Camarero hizo ayer hincapié en el «gran esfuerzo» que se está haciendo en rehabilitación y adquisición de vivienda pública «para llegar a cuantas más personas mejor». Según los datos ofrecidos por la Generalitat, en el último año (desde septiembre de 2023 a agosto de 2024) se han adjudicado 516 viviendas, frente a las 390 que adjudicó el Gobierno del Botánic en los dos años anteriores (desde septiembre de 2021), según denunciaron desde el PP. A su vez, la Conselleria de Vivienda quiso destacar que gestionan un total de 5.739 viviendas públicas en la provincia de Alicante que ya están adjudicadas.

No obstante, esta tema ha generado una fuerte polémica en las Cortes Valencianas puesto que el PSOE, a través de la coportavoz adjunta de Política Social, Silvia Gómez, criticó ayer la «falta de sensibilidad» del presidente Carlos Mazón con las personas más vulnerables. El aumento de familias que están esperando una vivienda social son consecuencia, en su opinión, «de la dejadez y falta de políticas sociales del Consell de Carlos Mazón». Según Silvia Gómez, «si hay más demanda de vivienda social es porque hay más personas necesitadas o con pocos recursos», explicó, a la vez que destacaba la necesidad de que «estas personas reciban una respuesta ágil por parte de la administración». Gómez lamentó la falta de respuesta del Consell de Carlos Mazón «a las necesidades de los valencianos y valencianas más vulnerables».

Por su parte, la Conselleria de Vivienda hizo ayer gala públicamente del plan que tiene Carlos Mazón para construir 10.000 viviendas protegidas en la Comunidad Valenciana, 4.000 de ellas en la provincia de Alicante. La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, explicó ayer que el anteproyecto del Decreto del Reglamento de Vivienda de Protección Pública de la Comunitat Valenciana es «fruto de una escucha activa del sector» y, una vez puesto en marcha, «permitirá la reactivación de la promoción de vivienda protegida que lleva años paralizada». Así lo manifestó Susana Camarero, quien comentó que la nueva norma pretende dar respuesta a la demanda de vivienda existente de los ciudadanos con la mejora del acceso a la vivienda a las familias vulnerables y de los jóvenes, así como la regulación del precio de vivienda a través de la oferta.

Por otro lado, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda hizo referencia a las viviendas que están ocupadas sin licencia de ocupación en la Comunitat Valenciana, bien sea ocupadas sin permiso o con un contrato sin actualizar.

La ocupación de inmuebles se da cuando una persona o un grupo se instala en una vivienda sin el permiso del propietario, y aunque algunos casos responden a situaciones de extrema necesidad, el aumento de este fenómeno ha generado preocupación tanto entre propietarios como en la sociedad en general.

«Desde la Generalitat se está haciendo un gran esfuerzo por revisar y ordenar la situación para que las viviendas tengan una situación regularizada y estén ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad», aseguran desde la Generalitat Valenciana.

«Vivo en un piso compartido con mis tres hijos y otra familia»

La sobrecarga económica de los alquileres o los pagos temporales de vivienda consumen gran parte de los ingresos familiares, reduciendo su capacidad de ahorrar o planificar un futuro mejor. Es el ejemplo de Ana Ramírez, madre soltera de tres hijos, que está esperando una vivienda social y que asegura sentirse «desesperada» por no tener noticias sobre su situación. «Tengo tres hijos y me duele verlos crecer sin que yo pueda ofrecerles todos los recursos que necesitan». Esta alicantina vive en una habitación en un piso compartido por otra familia de las mismas características. Como ella hay alrededor de 10.000 personas más que reclaman el acceso a viviendas asequibles. «Tengo un sueldo muy bajo y no puedo acceder a pagar un alquiler tan alto por lo que me tengo que buscar la vida para poder pagar todas las facturas y no deber nada a nadie, pero creo que la Generalitat debería agilizar el tema para que no estuviésemos tanto tiempo esperando, porque es muy duro pasar por esto por trámites burocráticos», asegura Ana. La constante incertidumbre provocada por la falta de un hogar afecta el bienestar mental, en particular, de los padres que se ven incapaces de proporcionar un espacio seguro y estable para sus hijos. Según los expertos, esta inestabilidad también tiene repercusiones en la salud de los niños, su educación y su desarrollo emocional.

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