La izquierda reclama al PP que los apartamentos turísticos paguen más tasa de basura que las viviendas en Alicante

La subida de la tasa de basuras en Alicante para 2025, que se multiplicará hasta por cuatro en algunos casos, no afectará a los pisos turísticos. La nueva ordenanza impulsada por el gobierno del PP no realiza distinciones entre los inmuebles residenciales y los que se alquilan por cortas temporadas, aunque sí aplica un importe especial a los hoteles y hostales.

"Los apartamentos turísticos tributarán como unidades residenciales en la tarifa correspondiente", indica el borrador de la normativa, aún pendiente de su aprobación definitiva para que pueda entrar en vigor el próximo año. La actualización de las tasas emprendida ahora por el Ayuntamiento de Alicante corresponde a un mandato de Europa, que reclama repercutir a los ciudadanos el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de basuras, con el objetivo de que no sea deficitario. Un trámite que conlleva necesariamente un incremento de la tasa y por el que tendrán que pasar tarde o temprano todas las administraciones locales. Eso sí, la distribución de este incremento dependerá de los gobiernos municipales.

Los vecinos de Alicante pagarán hasta cuatro veces más por la tasa de basuras en 2025

En la capital de la provincia, el ejecutivo que dirige Luis Barcala ha apostado por un reparto del gasto en función de las dimensiones y el valor catastral de los inmuebles. De acuerdo con esta fórmula, los vecinos experimentarán una subida de entre 60 y 72 euros en el próximo recibo: en el caso de los más pequeños (de hasta 60 metros cuadrados) y con un valor por debajo de los 300 € por m², los residentes pasarán de abonar 22 euros, como han hecho hasta ahora, a tener que hacer frente a más de 80. Tampoco estarán exentas de esta subida los inmuebles de mayor dimensión y valor catastral, que pasarán de pagar 56,59 euros a 131,32 euros. 

Otras ciudades

Al contrario que en Alicante, otros municipios han optado por repercutir especialmente el importe de la tasa en las viviendas que se alquilan vacacionalmente, equiparándolas a hoteles, moteles, pensiones y demás alojamientos de corta estancia.

Entre los casos más destacados, el Ayuntamiento de Cullera (donde existen más de 1.000 apartamentos turísticos) ha anunciado recientemente que estos inmuebles pasarán de estar considerados residenciales a catalogarse como actividad económica. En la práctica supone que los alojamientos que, hasta ahora, pagaban 65 € independientemente de su tamaño, pasen a asumir una tasa que oscila entre los 222 € y los 333 €, en función de la superficie.

También el Concello de A Illa de Arousa (Pontevedra), ha protagonizado una de las mayores subidas en el territorio nacional. En la población gallega, los alquileres de corta estancia afrontaban un recibo de vivienda habitual, de en torno a 145 euros. Ahora, pasarán a pagar como establecimientos hosteleros, por encima de los 450 euros.

Ya en el año 2018, el Ayuntamiento de Málaga impulsó un cambio en la ordenanza fiscal que contemplaba un incremento para las viviendas turísticas. La decisión, en cambio, terminó siendo anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 2022, aunque el Ayuntamiento de la localidad ha vuelto a impulsar una subida para el 2025, aunque ahora equiparada a la de los inmuebles residenciales.

En la ciudad malagueña, se aplicará un importe fijo de 93 euros anuales en concepto de disponibilidad del servicio que se completará con una cantidad variable, ligada al consumo de agua de cada inmueble. De esta manera, el importe del recibo podrá aumentar hasta los 224 euros al año, divididos en dos pagos semestrales.

La izquierda pide cambios

En este contexto, la izquierda reclama modificar la ordenanza de Alicante y tomar ejemplo de otros municipios para gravar los apartamentos turísticos. El PSOE propone que las viviendas vacacionales paguen el doble de tasa que los inmuebles residenciales, al mismo tiempo que plantea la necesidad de "bonificaciones reales".

La líder de los socialistas en el Ayuntamiento, Ana Barceló, sostiene que "Barcala no puede aplicar una subida generalizada a todas las familias escudándose en la obligatoriedad de aplicar una normativa europea", por lo que reclama "aplicar una redistribución progresiva" del coste del servicio de recogida y tratamiento de basuras. En concreto, los socialistas proponen pasar de tres tramos a cinco a la hora de distribuir las tarifas, cargando buena parte del importe a las viviendas de mayor tamaño y situando el recibo entre los 68 y los 159 euros.

El PP tendrá que negociar el "tasazo" de la basura con la izquierda tras el plantón de Vox en Alicante

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, cree que "no es justo que las viviendas de pocos metros, es decir las viviendas de la clase trabajadora y que mayoritariamente vive en los barrios, tenga que pagar cuatro veces más de tasa de basura".

El líder de la coalición valencianista sostiene que los ciudadanos "no solo tienen que aguantar vivir entre basura, sino que también van a tener que pagar la pésima gestión de residuos del PP, siempre cómplice con la contrata de gestión de residuos". Al respecto, Mas lamenta que los hogares vayan a tener que pagar por la gestión de la basura lo mismo que los pisos turísticos.

Esquerra Unida, por su parte, centra el foco en que el borrador del Partido Popular "olvida pilares fundamentales como el cierre de vertederos, las campañas educativas o la responsabilidad ampliada del productor", especialmente en cuanto a la reducción de plásticos. El portavoz de la formación, Manolo Copé, considera que la normativa es "un ejercicio coercitivo que impone más sanciones a la ciudadanía", pero que no respeta el principio de que "quien contamina, paga".

Abiertos a cambios

Una serie de propuestas que, al menos parcialmente, podrían terminar incluyéndose en la redacción final de la ordenanza.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, recordaba este martes que su partido no tiene más remedio que pactar con alguno de los grupos de la Corporación, ya que el PP cuenta con 14 concejales y requiere de uno más para alcanzar la mayoría absoluta. Unas negociaciones de las que ya se ha bajado el grupo Vox al entender que "presentar enmiendas sería legitimar de alguna manera la subida salvaje que pretenden imponer a los alicantinos".

Por ello, el vicealcalde defiende que escucharán y analizarán las propuestas planteadas por los demás grupos: "Ahora mismo no estamos cerrados a nada. Hay cuestiones que no están planteadas, pero si se presenta una enmienda y es razonable, lo valoraremos".

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