Hasta un año de espera para actualizar el grado de dependencia en la provincia de Alicante

«Llevo peor toda la espera para solicitar la ayuda a la dependencia y la revisión del grado que enfrentarme a las propias dificultades que tiene mi pequeño. Es surrealista que lo más duro sea toda esa lucha». Así refleja la madre de un niño con necesidades especiales de Alicante la desesperación que sufren las familias por la demora con la que tienen que lidiar para obtener una ayuda para poder costear una mínima parte de los cuidados que reciben sus allegados o para contar con terapeutas que, en el caso de los menores con diversidad funcional, les acompañan en clase durante parte o todo el horario escolar.

Las personas que sufren algún tipo de discapacidad, cuando ven agravada su enfermedad y pierden autonomía tienen el derecho a pedir una revisión del grado de dependencia para obtener más recursos que les permiten mejorar su atención. Sin embargo, la espera es insostenible en muchos casos desde que el trabajador o trabajadora social de los ayuntamientos realizan la evaluación hasta que las direcciones territoriales de la Conselleria de Servicios Sociales emiten su resolución.

Hasta un año, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) están teniendo que aguardar algunas familias en la Comunidad Valenciana para conseguir un visto bueno que implica cambiar sus vidas. Su presidente a nivel autonómico, Luis Vañó, recuerda que esta petición debería de esta resuelta en seis meses como marca la ley, pero advierte de que existe un cuello de botella en la Administración autonómica por la acumulación de expedientes y el repunte de personas que están solicitando esa revisión del grado porque han empeorado o, sencillamente, por la edad. No obstante, cuando se trata de casos de urgencia, sí que se está cumpliendo el plazo de tres meses, según el portavoz del colectivo.

La lista de espera de ayudas a la dependencia se duplica en apenas un año en la provincia de Alicante

Síndic

El retraso en obtener respuestas hace que familias se movilicen e incluso denuncien. En este sentido, el Síndic de Greuges tiene contabilizadas, en la provincia de Alicante, 48 quejas por la demora en revisión grado dependencia desde el 1 de enero al 30 de septiembre, de las cuales 12 afectan a menores de edad.  

La situación es peor una vez revisado el grado, cuando las familias deben esperar a que la conselleria haga una revisión del nuevo PIA (programa individual de atención) para que puedan empezar a percibir la nueva prestación o servicios acordes con ese agravamiento de su situación de dependencia. Por el retraso el tener resuelta esta cuestión, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana ha recibido 94 quejas, en ese mismo periodo del año. 

Este atasco lo corroboran desde las residencias de afectados consultadas por este diario, donde han detectado que la Generalitat está atendiendo con mayor celeridad las nuevas solicitudes de dependencia que las peticiones de cambio de grado y de recursos.

En estos momentos, la provincia de Alicante cuenta con una lista de espera de 5.606 personas que han solicitado que se les reconozca la dependencia, según la última actualización de la Conselleria de Servicios Sociales, que corresponde al 1 de septiembre. Se trata de mil menos que hace un año.  En total, hay 50.510 alicantinos que se benefician en estos momentos de alguna ayuda (7.382 más que el ejercicio anterior). 

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Trabajando en mejorar

Desde el departamento de Susana Camarero, que no hacen públicas las cifras del tiempo medio de espera para la revisión del grado, ni las personas que lo han solicitado, aseguraron a este diario que se ha hecho especial hincapié en aligerar las solicitudes iniciales ante el cúmulo que había cuando se cambió de color político en el Consell y que se está trabajando para «ajustar» a seis meses el tiempo de resolución. 

De cualquier manera, acortar los plazos tanto para la actualización de las ayudas, como para las primeras peticiones, es una demanda histórica de las personas dependientes y sus familias. Desde el CERMI, que reconocen la disposición de Servicios Sociales para crear una mesa de seguimiento con las asociaciones, reivindican al Consell priorizar en el próximo presupuesto los fondos para mejorar la gestión de las solicitudes y para reforzar el personal, independientemente de que la Comunidad no reciba la cantidad que le corresponde del Gobierno de España. Ese organismo ha pedido crear una ventanilla única de entrada para unificar la baremación de dependencia y discapacidad, reducir las listas de espera y facilitar los trámites a los afectados.

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