Barcala anuncia un «cheque bebé» y un bono para alquiler joven en Alicante

«¿Está Alicante hoy mejor que hace un año?», preguntó el alcalde, Luis Barcala, al cierre de su discurso en el pleno de debate sobre el estado de la ciudad. Un interrogante al que el gobierno y la oposición (tanto los grupos de izquierda como Vox) dieron respuestas contrarias: mientras unos ponían en valor inversiones y mejoras de servicios, los otros afeaban la falta de mantenimiento en las calles y deficiencias en la limpieza; y mientras el ejecutivo local se reafirmaba en que Alicante «es todo turismo» y presumía de cifras récord, la bancada progresista advertía de las consecuencias que la llegada masiva de visitantes está teniendo para los vecinos de los barrios y el mercado inmobiliario. De hecho, turismo y vivienda fueron de la mano durante la sesión para copar buena parte del debate.

 «Somos conscientes de las dificultades añadidas que sufren los jóvenes a la hora de poder alquilar una vivienda para emanciparse», señaló Barcala. Para ayudar a superar esos obstáculos, el regidor alicantino anunció la creación del «Bono vivienda joven», destinado a contribuir a sufragar los gastos derivados del alquiler de un inmueble, como pueda ser el caso de la fianza. La medida, según detalló el alcalde, contará con una ayuda directa de 350 euros por alquiler. Una propuesta que se completará con un «cheque bebé» de 300 euros para nuevos nacimientos.

Y es que uno de los objetivos «prioritarios» de esta legislatura para los populares es el de «paliar las dificultades para el acceso a la vivienda». En esta línea, el dirigente alicantino recordó sus planes para la construcción de vivienda pública, que pasan por el desarrollo del nuevo barrio «Lomas del Garbinet», junto a Juan XXIII, que contará con 300 nuevas viviendas de protección pública. Además, también anunció, aunque sin entrar en más detalles sobre el cómo o el cuándo, que el desarrollo del PAU 5 en Playa de San Juan contará con 143 protegidas; mientras que el PAU 3, junto a La Albufereta, está previsto que se lleven a cabo 492 inmuebles protegidos en un plazo, de acuerdo con las estimaciones del gobierno de Barcala, de unos tres años. 

Al margen de sus propuestas contra el problema de la vivienda, el alcalde también afirmó que la ciudad «vive el mejor momento de su historia», y puso en valor el último presupuesto, con un récord de 360 millones y un préstamo de otros 48 millones. Eso sí, volvió a anunciar como novedades los proyectos que ya se incluían en las cuentas de este mismo ejercicio y que, finalmente, no se han llevado a cabo. Partidas como la ampliación del cementerio municipal; la construcción del pabellón Tómbola Arena; la remodelación de la comisaría de la Policía Local en Playa de San Juan; o la construcción del parque inundable de La Almadraba, entre otras. Postura que fue igualmente defendida más tarde por la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, que expuso las cifras «récord» del presupuesto municipal aprobado por el ejecutivo local del PP, sin hacer alusión a la ejecución de dichas cuentas, e insistió en las obras detalladas por Barcala en su intervención inicial. «Hemos ido sacando todos los proyectos que anunciamos», defendió.

Oposición

Un gesto que le valió los reproches de la oposición, principalmente del PSOE, quien le acusó de ser un «trilero» con las inversiones. La líder socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, aprovechó también para ironizar con la investigación de presuntas irregularidades en la gestión de la planta de tratamiento de residuos de la ciudad: «El alcalde ha destacado en su discurso 25 millones para nuevos proyectos. Si tiene una denuncia en Fiscalía porque no recicla, cómo puede ser que el presupuesto esté constantemente reciclado». 

La portavoz del PSOE criticó que el gobierno de Barcala «no es transparente, no es leal a la ciudadanía y no gestiona de forma responsable», mientras abogó por «contribuir desde la oposición y desde la proposición», para que se produzcan «cambios significativos» en la forma de gobernar del ejecutivo popular. En esta línea, Barceló planteó al PP dos pactos: uno por la vivienda (de nuevo en el centro del debate) y otro por los barrios. En ellos, el PSOE apuesta por medidas como la bonificación del impuesto de construcciones en casos de VPO, ampliar la bonificación del IBI a las viviendas protegidas y aumentar este impuesto a aquellos inmuebles que se encuentren vacíos, para incentivar el mercado del alquiler. Pese a la actitud propositiva, el PSOE no perdió la oportunidad de reprochar al PP las irregularidades urbanísticas en la construcción de un hospital privado en Vistahermosa Norte, así como la investigación judicial por las obras de un proyecto de Alicante Futura: «¿Por qué no hablamos de la citación de Mari Carmen de España como investigada?», preguntó Barceló.

En Compromís, su portavoz, Rafa Mas, defendió que «la ciudad que el alcalde ha dibujado no es esta ciudad» e insistió en que, en realidad, Alicante «está sumida en el abandono absoluto, perdiendo oportunidades de oro». Frente al récord presupuestario esgrimido por Barcala, aludió al récord (en este caso a la baja) en la ejecución de las cuentas municipales, nunca por encima del 50% desde que gobierna el regidor alicantino. Mas también incidió en la limpieza, uno de sus grandes caballos de batalla durante los últimos meses, y recordó igualmente la denuncia de la Fiscalía, la investigación de las obras de Alicante Futura en el antiguo parque de bomberos de la plaza Séneca y la construcción del Imed, con dos plantas más de las contempladas en la licencia. 

Como receta para salir del abandono criticado por Mas, el de Compromís planteó una mesa de trabajo en la que abordar seis ejes principales: la vivienda; la modernización de la economía local para no depender solo del Turismo; el cambio de la fiscalidad municipal y la modernización de la administración; un plan de barrios; un pacto verde y otro para inversiones.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, centró la mayor parte de su discurso en las diferentes «emergencias» que atraviesa la ciudad. «Quiero hablar, después del triunfalismo del alcalde en un discurso con mucho humo, de algunas realidades incómodas», advirtió Copé antes de recordar a Barcala que se ha duplicado el número de personas atendidas en Servicios Sociales desde que el popular llegó a la Alcaldía hace seis años. Tampoco se mantuvo Copé al margen del problema de la vivienda: «Hay cientos de personas enfrentando desahucios en la ciudad cuando hay 16.000 viviendas vacías. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitirlo?», preguntó al gobierno local.

En este contexto, el de Esquerra Unida propuso quince medidas al alcalde, en un intento de llevar a cabo un debate «propositivo». En esta batería, el líder de la coalición, apostó por buscar fórmulas de fiscalidad redistributiva; defender una ciudad igualitaria y feminista; aplicar las Zonas Acústicamente Saturadas «cuanto antes y sin excusas»; o remunicipalizar el servicio de limpieza cuando concluya la actual contrata, ya que «se ha visto que no está funcionando».

Ni siquiera en Vox encontró esta vez el PP a sus aliados habituales. La formación de ultraderecha, aunque mucho más comedida en la crítica a los populares, también quiso reivindicarse como el aliado preferente de cara a los futuros presupuesto municipales y recordó al alcalde que no solo tiene varias votaciones por delante en las que precisará de apoyos, sino que aún tiene promesas por cumplir desde principios de año. Se refería la portavoz, Carmen Robledillo, a las dos principales actuaciones que su formación acordó con los populares a cambio de la aprobación del presupuesto de 2024 y que todavía no se han puesto en marcha: la creación de una oficina «antiokupas» y otra de atención a la maternidad, que la izquierda ha tildado de medida «antiaborto» encubierta. 

La portavoz también aprovechó su intervención para señalar múltiples deficiencias en materia de mantenimiento en la vía pública (socavones en calzadas, desperfectos en aceras...) así como para afear al igual que el resto de grupos la situación de la limpieza: «No nos valen las excusas de siempre, la mugre campa a sus anchas. No es el momento de las palabras, es el momento de la acción», aseguró Robledillo ante la mirada de una Cristina García, edil de Infraestructuras, a la que no sienta bien que se cuestione su departamento en el salón de Plenos. 

El propio alcalde se mostró también consciente del momento de negociación que atraviesa su gobierno. Un contexto con varias votaciones clave en el horizonte (desde la nueva tasa de basuras al presupuesto del próximo año) en el que los populares necesitarán, al menos, un voto de la oposición. Quizá por ello el alcalde reconoció en varias ocasiones durante su intervención a Vox y a Compromís (las dos formaciones con las que ha alcanzado un acuerdo de manera más reciente) la autoría de varias propuestas. Del mismo modo, el regidor agradeció también al PSOE y a Esquerra Unida - Podemos sus aportaciones durante el debate.

Turismo

Estrechamente ligado con el problema de la vivienda, los grupos también enfocaron sus intervenciones hacia el contexto que atraviesa el turismo en la ciudad. Otro asunto en el que, de nuevo, volvieron a confrontar dos visiones opuestas de la realidad de Alicante, aunque en esta ocasión el PP y Vox sí volvieron a encontrarse en un mismo punto.

«Alicante no puede ni va a morir de éxito», apuntaba el alcalde, aunque a su vez ponía en valor el «excelente» momento del sector, en el que la ocupación hotelera se ha incrementado un 10% con respecto al año anterior y el aeropuerto sigue batiendo registros históricos. Para mantener esta tendencia, el dirigente popular cree que «el interés que despierta la ciudad no puede ni debe volverse en contra de sus propios ciudadanos», por lo que aboga por ordenar y regular «un tema primordial como son los apartamentos turísticos», al mismo tiempo que se incrementa la inspección. Medidas que, para la izquierda, resultan insuficientes, por lo que reclaman una mayor presión sobre la actividad ilegal, un estudio completo del panorama actual y medidas que vayan más allá, como la aplicación de una moratoria para nuevas licencias mientras se trabaja en una regulación más profunda. Vox, por su parte, tilda a la bancada progresista de ser «enemiga» de la prosperidad económica, y rechaza cualquier tipo de coto a la actividad de los alojamientos vacacionales.

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