Alicante investiga la construcción ilegal de chabolas en las partidas rurales

Se vende parcela por menos de 15.000 euros a diez minutos de Alicante. Lo que a priori puede parecer un chollo no solo esconde una peligrosa letra pequeña, sino que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de las partidas rurales de la ciudad. En los portales de compraventa de propiedades se acumulan decenas de anuncios en los que se ofertan solares de entre 300 y 10.000 metros muy por debajo del valor medio del suelo urbano en la zona.

En algunos casos, se indica que se trata de espacios rústicos, por lo que no es posible construir, aunque se asegura que sí está permitida la instalación de casas prefabricadas conocidas como «mobile homes», algo que, en la mayoría de los casos, tampoco es así: o bien porque lo prohíbe expresamente el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante o bien porque se ubican en terrenos catalogados como ramblas o zonas inundables.

Si el comprador no conoce al detalle la legislación aplicable, corre el riesgo de adquirir una propiedad en la que cree que puede instalar una vivienda prefabricada y, una vez hecho el pago, descubrir que en realidad está cometiendo una infracción urbanística.

En la práctica, estas operaciones inmobiliarias se están traduciendo en la proliferación de asentamientos de chabolas en las partidas rurales de la ciudad. Una situación que los vecinos ya han advertido tanto al Ayuntamiento como al Seprona. La Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar ha advertido a las administraciones de que los residentes en las zonas afectadas «están experimentando un aumento de la inseguridad y de la degradación de la convivencia», así como que sus propiedades «están perdiendo valor debido a la proximidad de estos asentamientos no autorizados».

Al respecto, consideran que en algunos casos el presunto delito se comete por las dos partes, tanto la vendedora como la compradora: «El propietario del terreno comete un presunto delito medioambiental o contra la ordenación del territorio. El comprador comete un presunto delito de receptación, pues aprovecha, a muy bajo precio, el beneficio de la infracción del vendedor», reza el escrito presentado por el colectivo vecinal ante el Seprona.

Además, los residentes alertan de otra práctica ilegal: la reparcelación. Algunos de los solares en cuestión, aparecen en el catastro como grandes espacios de varias decenas de miles de metros. Sin embargo, cuentan con divisiones a base de vallado metálico en pequeños espacios de unos 500 metros, convirtiéndose en «urbanizaciones» improvisadas en las que cada propietario instala las estructuras que considera convenientes.

Control

Un problema que ya se encuentra bajo la lupa del Ayuntamiento de Alicante: «Es una cuestión que estamos investigando, y me consta que no somos los únicos que lo estamos haciendo», ha señalado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, a preguntas de los medios de comunicación. «Es un tema que no ha pasado desapercibido y no vamos a permitir que se vulnere la legalidad ni que se especule con cuestiones como estas», advierte el dirigente popular.

En cualquier caso, al interferir con leyes ambientales, de competencia supramunicipal, la investigación irá más allá del Ayuntamiento de Alicante, como así ha indicado el propio regidor: «Hay varias competencias y se está viendo desde distintos ámbitos, pero se está tomando cartas en el asunto», ha concluido Barcala.

Por el momento, y a la espera de las acciones que puedan emprenderse desde las distintas administraciones, los vecinos siguen en pie de guerra por un fenómeno que, aseguran, está afectando a la convivencia.

«Hay más robos, hay más inseguridad, la gente tiene miedo de pasar por la noche... Hasta nos hemos empezado a organizar en patrullas ciudadanas», señalan desde la asociación vecinal. Por todo ello, los residentes reclaman que se identifique a los compradores y vendedores «involucrados en actividades ilegales», que se refuercen las acciones de vigilancia y control para prevenir futuros asentamientos ilegales en la zona; la retirada inmediata de todas las instalaciones que se hayan ubicado de forma irregular; y la puesta en conocimiento de los hechos ante la Autoridad Judicial o de la Fiscalía de Medio Ambiente.

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