Mano dura de la Generalitat contra los poblados de chabolas ilegales en Alicante

La Agencia Valenciana de la Protección del Territorio estima que podría haber cientos de construcciones en situación irregular en las partidas rurales de la ciudad y abre expediente contra 40 parcelas

Parcelas que no lo son en las partidas rurales de Alicante

Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Primer paso para acabar con los poblados de chabolas ilegales en las partidas rurales de Alicante. La Generalitat Valenciana abre expediente a unas cuarenta parcelas en las que podría haber cientos de estructuras irregulares, y reclamará a sus propietarios que devuelvan los terrenos a su estado original. De lo contrario, podrían exponerse hasta a una decena de multas por cada propiedad.

Así lo han confirmado a INFORMACIÓN fuentes de la Agencia Valenciana de la Protección del Territorio (AVPT), el organismo que ha iniciado la actuación inspeccionadora. Una medida que se produce escasas horas después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, advirtiera de que eran varias las administraciones que se encontraban tras la pista de estos asentamientos presuntamente irregulares denunciados por los vecinos de las partidas rurales.

En concreto, según fuentes de la AVPT, se trata de 40 solares de acuerdo con el catastro, pero varios de ellos se encuentran "reparcelados" de forma no oficial. Una situación que, en la práctica, supone más de un centenar de "viviendas" irregulares en zonas de suelo rústico, algunas de ellas catalogadas como ramblas o espacios inundables. De hecho, solo en una de las parcelas investigadas ya se han detectado más de 30 estructuras diferentes.

Multas

Ahora, el organismo autonómico reclamará a los propietarios que regularicen las construcciones en caso de ser posible. Algo que, por la naturaleza de los terrenos, parece prácticamente imposible, salvo escasas excepciones, por lo que la AVPT pasará a exigir que se devuelvan las parcelas a su estado original. Además, de constatarse la infracción, los dueños del suelo podrían tener que hacer frente hasta un máximo de diez sanciones, en caso de incumplir el requerimiento de la Generalitat.

Otra de las parcelas conflictivas denunciadas por los vecinos.

Otra de las parcelas conflictivas denunciadas por los vecinos. / Alex Domínguez

En los portales de compraventa de propiedades se acumulan decenas de anuncios en los que se ofertan solares de entre 300 y 10.000 metros muy por debajo del valor medio del suelo urbano en la zona. Lo que a priori puede parecer un chollo no solo esconde una peligrosa letra pequeña, sino que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de las partidas rurales de la ciudad. 

Anuncios engañosos

En algunos casos, se indica que se trata de espacios rústicos, por lo que no es posible construir, aunque se asegura que sí está permitida la instalación de casas prefabricadas conocidas como «mobile homes», algo que, en la mayoría de los casos, tampoco es así: o bien porque lo prohíbe expresamente el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante o bien porque se ubican en terrenos catalogados como ramblas o zonas inundables.

La Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar ha advertido a las administraciones de que los residentes en las zonas afectadas «están experimentando un aumento de la inseguridad y de la degradación de la convivencia», así como que sus propiedades «están perdiendo valor debido a la proximidad de estos asentamientos no autorizados».

"Satisfechos"

Tras el anuncio de la Generalitat, los vecinos se han mostrado «satisfechos» con la apertura de los expedientes. José Cremades, portavoz de la asociación vecinal, ha valorado positivamente «el compromiso mostrado por las autoridades municipales, autonómicas y del Estado para dar una solución rápida y efectiva a los problemas de asentamientos ilegales y chabolistas que afectan a la comunidad». 

Para Cremades, se trata de «un paso importante», pero destaca que los vecinos de las partidas seguirán «vigilantes» para denunciar «cualquier ilegalidad, tanto urbanística como medioambiental». Además, reclaman que las medidas anunciadas «no se queden en promesas vacías, sino que sean acciones definitivas que solucionen el problema de manera efectiva y duradera».

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