Una charla "contra la ocupación ilegal": la primera piedra de la "oficina antiokupas" de Alicante

Primer paso para la futura "oficina antiokupas" de Alicante. Barcala y Vox ponen juntos la primera piedra del nuevo servicio de "asesoramiento" para afectados por la okupación, la denominada Oficina Municipal Antiocupación, bajo el paraguas de una "charla informativa" para funcionarios municipales, incluida la Policía Local, impartida por el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro. Un acto que el Ayuntamiento de Alicante "enmarca" en la puesta en marcha de la futura "Oficina Municipal Antiocupación", un nuevo servicio que forma parte del acuerdo presupuestario entre el Partido Popular (PP) y Vox para 2024 y que deberá ponerse en marcha antes de que finalice el año, tal y como se estableció en el acuerdo suscrito entre ambas formaciones.

Precisamente en estas jornadas, el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro subrayó ante los presentes la importancia de dotar a la administración y a los cuerpos de seguridad de herramientas legales para hacer frente a estos casos de manera rápida y eficaz. "El problema de la okupación es real y grave. ¿Os imagináis que después de esta charla os han okupado vuestra vivienda?", preguntó Magro a los presentes. El magistrado recalcó que la rapidez en la actuación es clave para resolver estas situaciones, sugiriendo que en España debería establecerse un plazo máximo de 24 horas para expulsar a los ocupantes ilegales, tal y como se hace en otros países europeos. "Es inadmisible que un propietario tenga que esperar meses, incluso años, para recuperar su vivienda mientras sigue pagando la hipoteca, los servicios y los gastos de comunidad", señaló Magro.

Una charla organizada en el salón de actos de la antigua Cámara de Comercio, que sirvió al alcalde de Alicante como escenario para avanzar los detalles de lo que será y cómo funcionará la futura "oficina antiokupas". Aunque no aclaró en ningún momento una fecha definitiva para puesta en funcionamiento. Este nuevo servicio, según Barcala, estará enfocado en tres áreas principales: asesoría jurídica, acompañamiento a las víctimas y coordinación con las autoridades para agilizar la recuperación de los inmuebles okupados.

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Durante su intervención, Barcala explicó que esta oficina municipal "antiokupación" estará abierta a todos los ciudadanos que necesiten orientación o que se vean afectados por una "okupación ilegal". De esta forma, los usuarios podrán acercarse directamente a las futuras instalaciones municipales, en un espacio todavía por determinar, donde serán atendidos por un equipo especializado en este tipo de situaciones, también pendiente de definir tanto en número de funcionarios como los campos en los que estarán especializados. "La oficina pretende realizar un asesoramiento integral a quien padece la okupación de un inmueble. En caso de una situación sobrevenida, en la que hubiera flagrancia, será esta oficina la que contactará con los agentes de policía para que estos actúen", comentó Barcala.

"Esta oficina responde a un compromiso que hemos asumido con Vox para los presupuestos de 2024. Se trata de defender los derechos de los particulares cuando se ven vulnerados por la comisión de un delito de ocupación. La ocupación es un delito, no hay ninguna justificación válida para ella", afirmó Barcala en la inauguración del evento.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, también valoró positivamente la creación de esta "oficina antiokupas", subrayando que es una herramienta necesaria para luchar contra un problema que, en su opinión, está degradando muchos barrios de la ciudad. "Estamos muy satisfechos de que, por iniciativa de Vox, vaya a crearse una oficina municipal específica para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. No solo está perjudicando a cientos de comunidades de vecinos, sino que también es una de las principales causas de la degradación de nuestros barrios y de la convivencia en ellos", declaró Robledillo.

Un protocolo integral para la Policía Local

La creación de esta oficina también viene acompañada de un protocolo integral para la actuación de la Policía Local en casos de ocupación flagrante. Barcala subrayó la importancia de que los agentes cuenten con un marco claro y seguro para intervenir en este tipo de situaciones que garantice la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos afectados. "El protocolo tiene que ser garantista, incluso para el propio policía, para que cuando vaya a actuar, aunque el delito sea flagrante, sepa ante la duda hasta donde puede intervenir. Y, en caso de que esta actuación policial tenga variables, por seguridad de los agentes, será necesario el respaldo de un juez que deberá garantizar la actuación para dar cobertura", explicó Barcala.

El alcalde insistió en que la oficina estará en constante coordinación con la Policía Local para asegurar que los agentes puedan actuar con la máxima rapidez y dentro del marco legal. "Tenemos que cubrir las lagunas legales con protocolos seguros, donde prime la actuación más que el objetivo. Queremos devolver la legalidad y sus derechos a la gente, pero el objetivo final no puede hacernos incurrir en delitos. El lado de los buenos siempre es más complicado, pero nuestra obligación es hacer protocolos que den seguridad sin eludir responsabilidades", apuntó Barcala.

Además, el magistrado del Tribunal Supremo destacó que uno de los principales retos en la lucha contra la okupación es la falta de claridad en la definición de flagrancia, lo que muchas veces impide a los agentes actuar con la rapidez necesaria: "La flagrancia hay que probarla. Si tienes un protocolo de ayuda vecinal, donde si ves a alguien entrando en casa ajena llamas a la policía y se necesita una prueba por si luego les meten una querella. Pero, ¿qué pasa cuando han pasado 10 horas desde la ocupación? Ahí ya no es flagrante, y hay que recurrir al juez", señaló Magro.

Formación continua

Además de la puesta en marcha de la oficina, Barcala aseguró que se organizarán más jornadas formativas para funcionarios y policías locales, con el objetivo de que estén siempre actualizados en cuanto a las mejores prácticas y procedimientos legales. "Esta es solo la primera de muchas actividades que tenemos previstas. Nuestros funcionarios y policías deben estar siempre preparados para enfrentar situaciones de ocupación, y por eso continuaremos con la formación", señaló el alcalde.

La "oficina antiokupas" de Alicante tiene previsto ponerse en marcha antes de que finalice el año, y según el alcalde, será un recurso fundamental para asesorar a los afectados y garantizar la recuperación de las viviendas ocupadas de manera ilegal. Además, Barcala aseguró que esta es solo la primera de varias actividades formativas previstas para los funcionarios y policías municipales, con el objetivo de dotarles de herramientas y conocimientos suficientes para enfrentar este problema. "Vamos a repetir estas jornadas formativas no solo sobre la okupación, sino también sobre otras materias relacionadas con las ordenanzas municipales", concluyó el alcalde.