La consulta a las familias determinará la oferta de plazas en valenciano y castellano
Directores y docentes ponen en duda la «libertad de elección», mientras Educación dice que se pretende que el «máximo número» de alumnos tengan plaza en primera opción
La medida enfrenta a las Ampas

La consulta a las familias determinará la oferta de plazas en valenciano y castellano / Pilar Cortés
Las familias tendrán, a partir del 26 de noviembre, el poder para votar la lengua mayoritaria (castellano o valenciano) en la que estudiarán sus hijos el próximo curso, tanto en los colegios, como en los institutos. Es una de las primeras consecuencias de la bautizada como «Ley de Libertad Educativa» por el Ejecutivo de Carlos Mazón. El resultado de la consulta determinará la oferta de plazas en un idioma u en otro, según la Conselleria de Educación, que defiende que el cuestionario ofrecerá la posibilidad a las familias de elegir la lengua base «con absoluta libertad».
Este argumento ha sido puesto en duda por docentes y asociaciones de padres y madres que se preguntan qué va a pasar si la cifra de alumnos que optan por una opción es superior a la capacidad o la ratio que tenga el aula. De hecho, el borrador de la propia consulta contempla dar preferencia para entrar en la lengua elegida a los que tengan hermanos (15 puntos), a los que vivan cerca del centro (10 puntos), los que sufran discapacidad (7 puntos) y a las familias numerosas y monoparentales (hasta 5 puntos).
Sin embargo, Educación se ampara en que en los procedimientos de admisión de alumnado: «la libertad supone que la oferta se organiza de manera que el máximo número posible de familias obtengan plaza en primera opción» y el caso de la consulta que acaba de poner en marcha, dice que el planteamiento es el mismo: «la oferta lingüística se basa en la voluntad expresada por las familias en la consulta, y no en las estimaciones que realiza la Administración». De hecho, la conselleria ha advertido que el resultado de la votación será «independiente «del procedimiento de arreglo escolar» y que prevé determinar las aulas y las vacantes del profesorado a partir del primer trimestre de 2025.

Las familias decidirán entre el valenciano o el castellano para que estudien sus hijos / INFORMACIÓN
La medida autonómica ha desatado el rechazo de la Asociación de Direcciones de Infantil y Primaria de la Escuela Pública del País València (Adep-PV) que ha tachado de «inaceptable» que factores «externos a la elección de las familias (los que dan preferencia) decidan el proyecto lingüístico del alumnado, lo cual compromete la equidad y la coherencia pedagógica». Además, los responsables educativos han advertido del «grave perjuicio que puede suponer para el alumnado cambiar la lengua base a mitad de su escolarización». Alertan de que «la medida alteraría su proceso de aprendizaje y de adaptación», cargan contra «la excesiva» carga burocrática que representa y lamentan que el impacto pedagógico y organizativo «será devastador para el correcto funcionamiento de los centros».
Y es que la ley autonómica va a posibilitar que en un colegio pueda tener aulas de un mismo curso con un mayor porcentaje de clases en valenciano que otras, lo que obligará a los docentes a traducir en las dos lenguas los materiales didácticos y lo mismo ocurrirá con el banco de libros o la «xarxa llibres», tal y como ha advertido la presidenta de los directores Isabel Moreno.
De «caos» y «despropósito» ha tildado también la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana este cambio de modelo educativo por el impacto que tendrá en los planes linguísticos de los centros y por la reestructuración de los libros, lo que implicará un alto coste económico, según vaticinan. Junto a ello, el presidente del colectivo, Toni González Picornell ve un obstáculo que «unos grupos sean de una lengua y otros de otra. En una misma clase podremos encontrarnos que 18 personas quieren castellano y otros 12 en valenciano».
Más tajantes
En el otro extremo, la plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, firme defensora de las familias sean las que decidan sobre la lengua en la que tienen que formarse sus hijos, también contradice la premisa autonómica de que se vaya a garantizar la «libertad» y defiende ir a más. Este colectivo, integrado en su mayoría por profesores de la Vega Baja (comarca castellano hablante), rechaza que se vaya a permitir una verdadera elección de los padres «cuando la ley te obliga a que en los municipios con predominio del valenciano no puede haber una diferencia mayor al 20 % entre las dos lenguas, en Primaria. Para estos docentes, la ley del PP «suaviza el plurilingüismo porque se siguen utilizando asignaturas para enseñar idiomas».
Lo que defienden es que los que elijan estudiar en castellano que tengan el valenciano como una única asignatura lingüística y a la inversa. Además, ven un error que se haga la consulta en noviembre en lugar de en la matrícula y temen que la información sobre la elección no llegue correctamente a las familias porque consideran, que «la mayoría de los claustros y Ampas están en contra de la verdadera libertad de elección de lenguas», señaló el portavoz Miguel Ángel Robles.
¿Criterios pedagógicos?
Hay otra cuestión que se ha puesto en entredicho con la aprobación de la Ley de Libertad Educativa y es la falta de criterios pedagógicos que respalde cambiar de lengua en la que se dan las clases. En esto han coincidido las dos asociaciones de directores de colegios y de institutos, pero también la plataforma de Docentes por la Libertad Educativa.
Y no solo ellos lo creen. Profesores de la Universidad de Alicante (UA) consultados por este diario consideran que es una mala decisión cambiar la lengua mayoritaria, sin criterios pedagógicos, a mitad de una etapa escolar.
Además, se muestran contrarios a que la consulta se haya planteado para que solo las familias tengan capacidad de decisión sobre el proyecto lingüístico del centro y se obvie a los equipos directivos que son los que más saben de enseñanza, según argumentan los docentes consultados. Igualmente, advierten de que no se va a poder garantizar la entrada de todos los alumnos a la lengua que elijan.
División en las familias
Entre las familias hay una profunda división de opiniones. La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, en la que está integrada la federación Enric Valor, y que rechaza de plano la norma autonómica, también advirtió de que la consulta no garantiza plaza en la opción elegida por las familias como lengua base de enseñanza al introducir criterios de prelación que condicionarán el acceso en los grupos-aula y «esto puede vulnerar la misma Ley de Libertad Educativa y la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano (LUEV)», advirtió su presidente, Rubén Pacheco.
En este sentido, la entidad ha tildado de «falso» que las familias puedan elegir y que su elección se respete «porque en el borrador de consulta queda claro que en caso de no haber plazas, es la administración la que deriva a otros grupos al alumnado, sin tener en cuenta la lengua elegida por los progenitores».

Una madre acompaña a su hijo a la salida del colegio en Alicante / Pilar Cortés
Frente a estos argumentos, para la Confederación Valenciana de Apas y Ampas, en la que está integrada la federación Gabriel Miró, entidad que aplaude la Ley de libertad Educativa, son «positivos» los criterios elegidos para dar preferencia a unos alumnos u otros en la consulta. Asimismo, esta Confederación ha reclamado a Educación que realice un «vídeo explicativo y neutral» para que los padres se sientan libres a la hora de votar, con el fin de evitar manipulaciones y posicionar el voto, tal y como advirtió su presidenta, Sonia Terrero, quien urgió una vigilancia «extrema» para que ninguna Ampa pueda hacer campaña. También han pedido que se prohiban carteles que animen a votar determinada lengua, como ya está ocurriendo en algunos centros con el valenciano.
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha valorado positivamente la medida autonómica y considera que «el proceso de elección de lengua base abre el camino para garantizar a los padres y madres el derecho irrenunciable a decidir sobre el futuro de la educación de nuestros hijos», destacó su secretario Rafael Araujo.
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