Trescientos centros de la provincia de Alicante sin inspectores ante el acoso y los intentos de suicidio

Alrededor de 300 centros educativos de la provincia de Alicante se quedarán a partir de enero sin inspector de referencia, el profesional que funciona como los ojos de la administración en los colegios e institutos y que entre sus cometidos más importantes figura mediar ante casos de acoso escolar y problemas de salud mental, dos asuntos en los que Sanidad y Educación están trabajando con ahínco ante el aumento de casos de autolesiones y de intentos de suicidios entre los escolares.

Las doce vacantes que han quedado en las oposiciones celebradas hace unas semanas en la Comunidad Valenciana tendrán su impacto directo en los centros alicantinos, donde podrían quedarse al menos ocho puestos sin cubrir, según las estimaciones de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) -el sindicato mayoritario de la Comunidad Valenciana- y de funcionarios consultados por este diario. Alicante es la provincia que menos suelen elegir los inspectores.

La Conselleria de Educación, que ha convocado una reunión para hoy con los sindicatos par hacer frente a este problema, trabaja en desarrollar un concurso de méritos que permitiría cubrir las plazas de inspectores necesarias.

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Sin embargo, el gran escollo, según fuentes sindicales, es que administrativamente, no hay tiempo material para poder tener a todos los profesionales incorporados a comienzos de año, ya que cuando se apruebe el concurso habrá que cumplir con unos plazos legales, entre otras cuestiones, para formular alegaciones. De hecho, auguran que, como mínimo, hasta el mes de marzo no se pueda contar con el personal de la inspección educativa al completo. Frente a ello, el departamento dirigido por José Antonio Rovira ha decidido esperar a la mesa sectorial de hoy para ofrecer cualquier información al respecto.

Cada inspector educativo tiene entre 30 y 40 colegios e institutos asignados. En la provincia de Alicante hay 39 profesionales y ante el bajo nivel de aprobados en las oposiciones, con la entrada del nuevo año, habría solo 31 para hacerse cargo de todos los centros educativos, que hay en la provincia donde estudian más de 300.000 alumnos (desde Infantil hasta Bachillerato). La consecuencia: tendrán que asumir la inspección de más centros de los que les corresponde.

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Es por ello por lo que desde el USIE vaticinan una elevada sobrecarga de trabajo para estos funcionarios de carrera. No solo eso, según las mismas fuentes que advierten de que cuando se incorporen los nuevos inspectores necesitarán formación, la ausencia de una plantilla completa implicará que haya centros que se queden sin inspector de referencia y que sea provisional.

Las funciones de un inspector

La importancia de contar con los inspectores suficientes radica en que estos empleados públicos tienen una dilatada lista de tareas a su cargo, desde supervisar lo que acontece en los centros, informar a la Administración de todo tipo de incidencias (desde conflictos, hasta dar parte de carencias en los equipamientos, plantillas o incluso averías), enviar los psicólogos a los centros en caso de acoso escolar o de salud mental, asesorar a los docentes y a la ciudadanía en general, incluso participan en las comisiones de evaluación para la selección de directores. Además, tienen horarios de atención con las familias que lo solicitan. Ante este cúmulo de responsabilidades y la situación que se ha generado en las oposiciones, el sindicato mayoritario ha lamentado que la conselleria «carezca de un plan b para no sobresaturar a los compañeros y para no dejar a los centros educativos sin la atención que les corresponde».

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La prueba

La administración autonómica sacó recientemente 21 plazas fijas de inspector de Educación para toda la Comunidad, de las cuales solo se han ocupado 14, el número de funcionarios de carrera con diez años de antigüedad y una titulación superior que han aprobado los tres ejercicios que contienen las oposiciones. A esto se suma que solo 16 lograron pasar dos de los tres exámenes necesarios para entrar en la bolsa de sustituciones. Como resultado, la conselleria puede contar con treinta nuevos inspectores para cubrir 42 puestos.

Fuentes consultadas por este diario aseguraron que estas oposiciones fueron especialmente duras, pero, sobre todo, detectaron que el tribunal había sido excesivamente duro en corregir.

Uno de los grandes inconvenientes de este proceso selectivo es que se celebra cada cuatro o cinco años y no genera una bolsa de trabajo, con lo que una vez que finaliza el expediente se parte desde cero y ya no se pueden incorporar más profesionales.

De hecho, otras fuentes aseguraron que durante el curso hay bajas que no se llegan a cubrir nunca, lo que obliga a que los componentes de cada circunscripción tengan que asumir el trabajo. En la Comunidad Valenciana hay unos 130 inspectores de Educación y pese a que las oposiciones se han quedado con doce vacantes, el sindicato USIE estima que las provincias de Valencia y Castellón apenas tendrán puestos sin cubrir.

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