El Ayuntamiento tardó cuatro meses en abrir los primeros expedientes contra asentamientos ilegales en partidas rurales de Alicante
Seguridad reconoció en la reunión de junio de la Junta de Distrito 5 que eran "conocedores" de la situación aunque desde Urbanismo aseguran que no se inició ningún trámite hasta que llegó una denuncia en octubre

Asentamientos ilegales en La Cañada de Fenollar ubicados en zonas con riesgo de inundación. / PILAR CORTÉS
Cuatro meses para iniciar los primeros expedientes contra asentamientos ilegales en partidas rurales de Alicante. Este es el tiempo que tardó el Ayuntamiento de Alicante en poner en marcha la maquinaria de inspección y apertura de actas desde la Concejalía de Urbanismo contra estas infraviviendas que desde hace meses proliferan en las zonas rurales de la ciudad. Todo ello a pesar de que el concejal de Seguridad Julio Calero (PP) era conocedor de la existencia de estos asentamientos ilegales desde el pasado mes de junio, tal y como se refleja en las actas de la Junta de Distrito 5 celebrada en junio, y acerca de las que no se actuó formalmente hasta el pasado mes de octubre, cuando Urbanismo recibió la "primera denuncia" sobre estos asentamientos, según informan fuentes municipales a este medio.
Unos asentamientos ilegales que ya denunciaron los propios residentes de las partidas rurales que asistieron a la Junta de Distrito que se llevó a cabo el pasado 3 de junio, en una reunión que llevaba más de dos años sin producirse. La problemática se dio a conocer durante el turno de ruegos y preguntas, tal y como figura en el acta, cuando los vecinos alertaron al concejal de Seguridad, y vicepresidente de esta Junta de Distrito, de la presencia de asentamientos de "chabolismo" y de la "okupación ilegal" de parcelas en dichas zonas.
Una situación que, en palabras de los vecinos de las partidas rurales, va "en aumento" y que recibió respuesta del concejal de Seguridad al asegurar ellos mismos que se estarían vendiendo "parcelas rústicas como si fueran urbanas" y que así lo habría "denunciado" ya ante Urbanismo por la vulneración de la ley al ser este espacio "terreno protegido". Unas denuncias de los residentes de las partidas rurales a las que el concejal de Seguridad respondió que era "conocedor del problema" y que, por ello, ya habría "contactado con la unidad de Policía Local adscrita a Urbanismo" donde, según se indica en las actas, Calero afirmó que se estarían "tramitando los oportunos expedientes".
Unas palabras que chocan con las actuaciones que se llevaron a cabo en octubre por parte de la propia Concejalía de Urbanismo, que dirige Rocío Gómez (PP), que afirman, en declaraciones a este medio, que las primeras denuncias sobre estos asentamientos las recibieron "el 6 de octubre" y que fue "al día siguiente" cuando se abrieron los primeros expedientes. Cuatro meses más tarde de que el concejal de Seguridad confirmara que era "conocedor" de los hechos. A partir de esta primer denuncia, estos expedientes iniciaron su recorrido administrativo que derivó "en las correspondientes inspecciones y actas" por parte de la Concejalía de Urbanismo.
Asimismo, tras conocer la existencia de asentamientos ilegales en zonas calificadas como de riesgo por inundaciones, incluidos en el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) y denunciados esta semana por la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar, desde la Concejalía de Urbanismo han anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas. Estos primeros movimientos contra la instalación ilegal de chabolas en las partidas rurales pasarían por la ejecución de un plan de "erradicación" de este tipo de asentamientos, no solo por ser "irregulares" sino por encontrarse en "zonas inundables", según indican desde Urbanismo.
Para ello, este viernes se ha reunido una comisión técnica, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, para "elaborar" un "plan de prevención de emergencias" que incluirá, entre otras medidas, está "erradicación" de los asentamientos, situados en zonas inundables, y un plan para el "acondicionamiento" de ramblas y barrancos. Sin embargo, desde Urbanismo, no se ha concretado en qué consistirá esta "erradicación" de asentamientos y no se han dado detalles acerca de cuándo se iniciará este plan de actuación en las partidas reales.
Por su parte, el portavoz de Compromis, Rafa Mas, ha indicado que su formación solicitará un "expediente de averiguación" de los hechos. "Julio Calero reconoce los hechos, toma nota y dice que va a actuar, pero pasan cuatro meses en los que no se toman medidas. Ya son muchas las construcciones y no se hace nada para evitarlas", afirma Mas.

Los nuevos asentamientos ilegales en La Cañada del Fenollar instalados sobre zona inundable. / PILAR CORTÉS
Proliferación en El Moralet
Pese a que la mayoría de denuncias acerca de estas instalaciones de chabolas ilegales se concentra en La Cañada del Fenollar, la partida rural de El Moralet ya está surgiendo este fenómeno infraresidencial. Tanto es así que en plataformas de compra online ya se ofrecen grandes terrenos divididos en parcelas que se ofertan por 20.000 euros como "parcela rústica" o con "uso recreativo" y en algunas, incluso, se indica que cuenta con "proyecto presentado en el Ayuntamiento", "licencia municipal" o "vistas al mar".
Una proliferación que preocupa a los vecinos de la zona, quienes ven en la instalación de estas chabolas ilegales un "peligro real" para las partidas rurales. "Es una dejadez total del Ayuntamiento de Alicante ante el problema residencial con el que cuenta la ciudad. Hemos visto terrenos que se dividen en unas quince parcelas en El Moralet y lo están vendiendo como terreno urbano, encima afirmando que tienen licencia para casas prefabricadas y que son aptos para vivir en ellas cuando son terrenos rústicos junto a una cantera que venden como si fueran una urbanización", afirma Jose Cremades, secretario y portavoz de la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar.
Respecto a las sanciones a este tipo de instalaciones, desde la Conselleria de Medio Ambiente no han querido dar más detalles y afirman que hasta que no pase la situación de emergencia y luto por la DANA que asoló Valencia la pasada semana no estarán en condiciones de ofrecer este tipo de datos. Todo ello se suma a que a finales del pasado mes de octubre la Generalitat informó de la apertura de expediente a unas cuarenta parcelas en las que podría haber cientos de estructuras irregulares, y reclamó a sus propietarios que devuelvan los terrenos a su estado original. De lo contrario, podrían estos exponerse hasta a una decena de multas por cada propiedad.
En concreto, según fuentes del Consell, se trata de 40 solares de acuerdo con el catastro, pero varios de ellos se encuentran "reparcelados" de forma no oficial. Una situación que, en la práctica, supone más de un centenar de "viviendas" irregulares en zonas de suelo rústico, algunas de ellas catalogadas como ramblas o espacios inundables. De hecho, solo en una de las parcelas investigadas ya se han detectado más de 30 estructuras diferentes.
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